El Vaticano desmiente a Calvo y niega un acuerdo sobre el entierro de Franco
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El cardenal Parolin no se pronunció sobre si debe ser inhumado en la Almudena
30 oct 2018 . Actualizado a las 22:47 h.El plan del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos ha derivado en un conflicto, por ahora menor, con el Vaticano. Después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, asegurara que en su entrevista del pasado lunes con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ambos acordaron que el cadáver del dictador no puede ser enterrado en la catedral de La Almudena, la Santa Sede, en un hecho inusual, desmintió en un comunicado las afirmaciones de Calvo sobre esa cita.
En la nota, remitida por el director de la Oficina de Comunicación del Vaticano, Greg Burke, se precisa que «el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación». Calvo había afirmado que «lo que acordamos» fue «estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena».
Diálogo con la familia
Pero el comunicado del Vaticano precisa que, «es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de encontrar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia». Y que a Parolin, «le pareció oportuna esta solución». Es decir, que el Vaticano no se pronuncia sobre si Franco debe ser enterrado o no en la Almudena y se limita a señalar que el Gobierno debe buscar una salida con la familia.
Calvo explicó que advirtió al cardenal de que el Gobierno iba a aplicar «nuestra legislación» porque «no pueden estar los restos de Franco en ningún lugar donde puedan ser enaltecidos u homenajeados». «En este punto entendió que debíamos intentar, el Gobierno, obviamente, pero también la propia Iglesia católica, una salida de ambas partes para que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar donde puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje», añadió en los pasillos el Congreso, lo que motivó la rápida reacción de la diplomacia vaticana.
El Arzobispado de Madrid señaló además que no ha habido ningún contacto con el Gobierno respecto a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ni sobre su posible entierro en la Almudena. Los familiares ya han advertido de que su deseo es que el cadáver permanezca donde está, pero que en caso de que se decidiera lo contrario, solo aceptarían que se trasladara al espacio que compraron en una cripta de la Almudena, en donde están enterrados la hija de Franco, Carmen, y su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú. Y que se plantean además trasladar también a esa cripta los restos de la esposa del dictador, Carmen Polo, enterrados en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, (Madrid).
«Instrumentos» en contra
Tras conocer el comunicado que desmentía sus afirmaciones, Calvó se reafirmó en que «el Gobierno en lo que ha quedado es en trabajar conjuntamente con la Iglesia para que los restos de Franco no estén en un lugar en el que se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento, porque eso es ilegal y el Gobierno no va a consentirlo», ya que tiene «instrumentos» para ello, en referencia a la ley de memoria histórica. El Ejecutivo se aferra a la tesis de que el comunicado del Vaticano no desmiente lo anunciado por Calvo, ya que considera «oportuna» la idea de buscar otras alternativas de acuerdo con la familia. Calvo admitió no haber hablado con el Arzobispado de Madrid y señaló que ella trató la cuestión con el secretario de Estado porque el Gobierno no entra en «asuntos que afecten internamente a su organización ni a cómo ellos puedan organizar su trabajo interno».
Un proceso lleno de rectificaciones por parte del Gobierno
Con la Iglesia hemos topado. Eso es lo que parece pensar el Gobierno, que ve como su proyecto de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que fue prácticamente la primera medida anunciada por el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza que le ha obligado ya a rectificar en numerosas ocasiones. A finales de junio, menos de un mes después de su llegada a la Moncloa, anunció que los restos de Franco serían trasladados en el mes de julio, es decir, en un plazo de apenas unas semanas. «Os pillará trabajando», dijo Sánchez en una charla con la prensa, indicando que sería antes del mes de agosto. Pronto comprendió, sin embargo, que no sería tan sencillo. El Ejecutivo no había consultado la medida ni con la Iglesia, ni con el resto de partidos, ni con la propia familia de Franco. No había hecho tampoco un estudio jurídico de la cuestión y ni siquiera sobre las dificultades técnicas de exhumar un cadáver enterrado bajo una losa de 1.500 kilos al fondo de una basílica de más de 262 metros de longitud.
El 24 de agosto, el Gobierno modificó por decreto la Ley de Memoria Histórica para justificar la urgencia del traslado de los restos del dictador. Sánchez planteaba además que el Valle de los Caídos fuera un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje para las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. Algo a lo que también renunció poco después. El 31 de agosto, el Ejecutivo dio 15 días a la familia Franco para decidir donde quería enterrar al dictador y se fijaba como nuevo plazo para el traslado «antes de finales año». Pero el Gobierno se vio sorprendido por la propuesta de los familiares de inhumar a Franco en la cripta de la catedral de La Almudena. «No podemos más que respetar la voluntad de la familia», afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo el pasado 12 de octubre. Pero, ante la evidencia de que enterrar a Franco en la catedral madrileña facilitaría a los nostálgicos del franquismo los actos de homenaje al dictador, el Gobierno ha dado un nuevo giro y pretende impedir a toda costa que eso ocurra. De ahí la visita de Calvo al Vaticano para tratar de lograr su apoyo. La inhibición de la Santa Sede indica sin embargo que se avecina una larga batalla legal con la familia que probablemente haga rectificar de nuevo el plazo al Gobierno renunciando a su propósito de que el traslado de los restos del dictador se lleve a cabo antes del 6 de diciembre, cuando se celebre el cuarenta aniversario de la Constitución.