La fiscalía acusa de rebelión a Junqueras y solicita 25 años de prisión

También extiende la acusación a los cincos exconsellers, para los que pide 16 años, a los Jordis y a Carme Forcadell, para quienes propone 17 años


Redacción

La Fiscalía ha presentado este viernes sus conclusiones provisionales contra los líderes del procés, un escrito en el que les acusa de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos (Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull) y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, según informa Efe.

Coincidiendo con el día en el que se cumple un año desde que Oriol Junqueras ingresó en prisión provisional, la Fiscalía ha dado a conocer su escrito provisional de acusación, en el que detalla los hechos y los delitos que se atribuyen al exvicepresidente, que se enfrentará a la pena de prisión más alta de todos los acusados. El delito de rebelión que consideran los fiscales que ha cometido se agrava por considerarle jefe o promotor del procés y por la malversación de caudales públicos.

En el siguiente nivel se situarían la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Para ellos, el Ministerio Público solicita 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también los consideran promotores o jefes del proceso independentista.

En el siguiente escalón se situarían los exconsejeros que también se encuentran actualmente en prisión provisional. Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) se enfrentan a unas penas de 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta. La Fiscalía les acusa de rebelión también, pero en su caso agravada por la malversación.

7 años para Borrás, Mundó y Vila

El Ministerio Público sitúan en otro nivel a tres antiguos integrantes del gobierno que capitaneaba el fugado Carles Puigdemont. Según el escrito, no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. De esta forma, la Fiscalía propone 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa).

No solo los exconsejeros se enfrentarán a las penas de esta causa. Los miembros de la antigua Mesa de Parlament que permitieron la tramitación de las leyes de desconexión y dieron vía libre a la votación de la declaración unilateral de independencia también tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet se enfrentan a penas de 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público solo por el delito de desobediencia al hacer caso omiso de las prohibiciones del Constitucional. También se enfrenta a la misma pena Mireia Boya, expresidenta de la CUP. Además de la inhabilitación, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos el pago de una multa de 30.000 euros.

Penas para los jefes de los Mossos

Los principales mandos y jefes políticos de los Mossos d'Esquadra también serán juzgados. Eso sí, lo harán en la Audiencia Nacional, escenario de un proceso paralelo al del Supremo que sentará en el banquillo de los acusados al mayor Josep Lluís Trapero y a otros de sus compañeros por los sucesos acontecidos el 20 y 21 de septiembre del 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona.

El Ministerio Público atribuye a Trapero un delito de rebelión; agravando así la calificación que en su momento hizo la jueza Carmen Lamela, que procesó al major de los mossos dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal. El fiscal pide para él 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta.

A estos mismos cargos se enfrenta el exsecretario general de la Consejería de Interior catalana César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler. A todos ellos se les considera «mandos subalternos» de la rebelión por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referendo ilegal.

Para la tercera procesada en la Audiencia Nacional, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, el fiscal pide 4 años de prisión por un delito de, esta vez sí, sedición en relación a los hechos ocurridos la noche entre el 20 y 21 de septiembre. También pide para ella 5 años de inhabilitación especial para el empleo en los Mossos d'Esquadra.

¿Y los huidos? 

En los escritos provisionales no aparecen todos los nombres de los 25 procesados por el proceso independentista en Cataluña. Faltan siete. Los que en algún momento de la instrucción han huido de España. Carles Puigdemont y sus exconsejeros, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret llevan ya un año fuera del país y han logrado eludir las órdenes de detención decretadas por el juez Llarena. 

Marta Rovira, dirigente de ERC, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel huyeron unos meses después, tras ser citadas por el instructor del Supremo, y también han conseguido no tener que volver para rendir cuentas por su participación en el procés.

La Abogacía del Estado no acusará de rebelión a los líderes del «procés»

T. N.
El padre, el hermano y la cuñada de Junqueras leen una carta de este frente a la ca´rcel de Lledoners.
El padre, el hermano y la cuñada de Junqueras leen una carta de este frente a la ca´rcel de Lledoners.

Atiende las indicaciones del Gobierno y en el escrito que este viernes entregará en el Supremo no incluirá el delito más grave, castigado con hasta 25 años de cárcel, que sí mantendrá la Fiscalía

El Gobierno llevaba semanas allanando el camino para una rectificación en la acusación contra los líderes del desafío secesionista con la que hacer una concesión a los independentistas catalanes que propicie el apoyo de estos a los Presupuestos Generales del Estado. ERC y el PDECat llevan tiempo exigiendo a Pedro Sánchez que presione a la Fiscalía para que retire la acusación de rebelión, que podría conllevar una condena de más de veinte años de cárcel para Oriol Junqueras y los principales acusados en el juicio pendiente en el Tribunal Supremo. El Gobierno no se ha atrevido a dar indicaciones a la Fiscalía, que tiene autonomía funcional, pero ha encontrado un hueco para hacer un guiño a los secesionistas haciendo que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y defiende los intereses de la Administración, renuncie a la acusación de rebelión. La decisión, según algunos medios, se adoptó en una reunión restringida que el lunes mantuvo el presidente Pedro Sánchez con su núcleo de colaboradores más próximos, y es compartida por varios ministros.

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