Atiende las indicaciones del Gobierno y en el escrito que este viernes entregará en el Supremo no incluirá el delito más grave, castigado con hasta 25 años de cárcel, que sí mantendrá la Fiscalía
02 nov 2018 . Actualizado a las 06:59 h.El Gobierno llevaba semanas allanando el camino para una rectificación en la acusación contra los líderes del desafío secesionista con la que hacer una concesión a los independentistas catalanes que propicie el apoyo de estos a los Presupuestos Generales del Estado. ERC y el PDECat llevan tiempo exigiendo a Pedro Sánchez que presione a la Fiscalía para que retire la acusación de rebelión, que podría conllevar una condena de más de veinte años de cárcel para Oriol Junqueras y los principales acusados en el juicio pendiente en el Tribunal Supremo. El Gobierno no se ha atrevido a dar indicaciones a la Fiscalía, que tiene autonomía funcional, pero ha encontrado un hueco para hacer un guiño a los secesionistas haciendo que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y defiende los intereses de la Administración, renuncie a la acusación de rebelión. La decisión, según algunos medios, se adoptó en una reunión restringida que el lunes mantuvo el presidente Pedro Sánchez con su núcleo de colaboradores más próximos, y es compartida por varios ministros.
Rebelión o sedición
El argumento del Gobierno, que ya fue adelantado la semana pasada por Pedro Sánchez en el Congreso y posteriormente por la vicepresidenta Carmen Calvo en unas declaraciones públicas, es que para que haya rebelión debe darse un alzamiento violento con uso de las armas que no cuadra con lo ocurrido hace un año en Cataluña. Esta idea contradice unas declaraciones del propio Sánchez en mayo, tan solo unos días antes de la moción de censura, en las que defendía que en los tiempos actuales las rebeliones ya no se hacen mediante levantamientos militares. El Código Penal castiga con penas de 15 a 25 años de prisión a quienes se alcen «violenta y públicamente» para «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o para «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». En cambio, la sedición -que cometen quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes»- está castigada con hasta 15 años de prisión.
A raíz de la decisión del presidente, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dado indicaciones a la Abogacía del Estado para que, en el escrito de conclusiones que hoy presentará en el Tribunal Supremo, no incluya la acusación de rebelión. Lo que no se sabe aún es si mantendrá la de sedición o se limitará a argumentar las pruebas que aprecia para acusar por malversación, que fue la razón por la que se personó inicialmente en la causa, en febrero pasado, a raíz de un informe aportado por la Guardia Civil en el que se cuantificaba en 1,6 millones de euros el montante del dinero presuntamente malversado con el referendo ilegal del 1 de octubre. A lo largo de la instrucción del sumario, la Abogacía del Estado se ha centrado, según fuentes jurídicas citadas por Mateo Balín, de la agencia Colpisa, en intentar demostrar la malversación, sin incidir en el resto de los delitos. No obstante, en el escrito que presentó el 6 de agosto ante el Supremo, la abogada del Estado Lucía Pedreño muestra su conformidad con «la apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos».
A lo largo del procedimiento instructor, la Abogacía del Estado ha dejado en manos de la Fiscalía toda la carga de la acusación de rebelión. Y, según todas las fuentes, el ministerio público mantendrá la acusación de rebelión contra los principales líderes del desafío secesionista. De esta manera, el Gobierno trata de encontrar un equilibrio con el que, en la práctica, lo único que conseguirá será molestar a todos. Evita dar indicaciones a la Fiscalía después de que la fiscala general del Estado, María José Segarra, advirtiera de que no se les pueden dar órdenes políticas. Pero con la rectificación de la Abogacía del Estado hace un guiño a los secesionistas sin que, por ello, desaparezca la acusación de rebelión.
Rechazo del independentismo
No obstante, los independentistas no se dan por aludidos. «No nos valen ni penas rebajadas ni otros delitos; solo nos vale la libertad, la absolución y la autodeterminación», afirmó ayer el vicepresidente del vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès. Y pese a que pasa por ser el dirigente soberanista más moderado, advirtió al Gobierno que el independentismo «no dará ni un paso atrás» en su objetivo. «Solo daremos pasos adelante hacia la república», señaló en un acto de familiares ante la cárcel de Lledoners. Además, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aprovechó también para avisar a Pedro Sánchez de que los independentistas no aceptan indultos. «Queremos la absolución, queremos la libertad, no tienen que pedir perdón por nada porque votar no es delito», aseguró. Sánchez eludió el miércoles en el Congreso comprometerse a que no concederá indultos si hay condenas tras el juicio. «Nunca pediremos perdón por ser independentistas», advirtió Junqueras.
