Trump autoriza al Ejército a usar la fuerza contra los inmigrantes

Bronca del Supremo por cuestionar la independencia de los jueces


Nueva York / corresponsal

Donald Trump reescribió este miércoles las leyes de EE.UU. al autorizar a la tropas desplegadas en la frontera con México a utilizar la fuerza contra la caravana de inmigrantes. Hasta ahora, el Pentágono se había opuesto en aras del cumplimiento de la ley Posse Comitatus de 1878, que limita el poder del Gobierno de usar el Ejército dentro de las fronteras de EE.UU. Para evitar conflictos legales, el documento fue firmado por el jefe de gabinete, John Kelly, y se redactó cuidadosamente. Así, se habla de ampliar las facultades de los soldados con el objetivo de proteger a los agentes fronterizos.

Las 5.900 tropas desplegadas a lo largo de la frontera sur de California, Arizona y Texas para participar en labores de apoyo a las patrullas fronterizas, podrán a partir de ahora «usar la fuerza» para ejercer el «control de masas», e incluso utilizar la «fuerza letal cuando sea necesario». No obstante, el documento especifica que para que lleven a cabo detenciones, registros o capturas, necesitarán órdenes adicionales del presidente.

La orden llegó después de que Trump criticara al magistrado de California que falló contra su veto al asilo a los que lleguen por la frontera mexicana y le acusara de parcialidad por ser un «juez de Obama». El nuevo ataque a la independencia judicial colmó la paciencia del presidente el Tribunal Supremo. En un paso atípico, John Roberts cargó contra el presidente: «No tenemos jueces de Obama, o jueces de Trump, o jueces de Bush, o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan su mejor nivel por la igualdad de derechos de quienes están frente a ellos». La reprimenda viene de un juez nominado por el presidente republicano George W. Bush y que no duda en defender las imparcialidad de los magistrados del Supremo.

Caso Khashoggi

Las polémicas continúan también en política exterior después de que Trump cerrase filas con Arabia Saudí pese al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. A este respecto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado envió una carta al presidente en la que exige que determine a través de una investigación, si el príncipe heredero Mohamed Bin Salman fue o no responsable de dicho asesinato. Trump no escondió en ningún momento que sus intereses económicos eran más importantes que la vida de Khashoggi. De hecho, ayer celebró la caída de precio del petróleo. «Gracias Arabia Saudí, pero deben de bajar más», pidió sin reparos.

El nuevo fiscal general cobró 1,2 millones de una fundación benéfica

Desde su llegada como fiscal general interino tras la salida de Jeff Sessions, Matthew Whitaker ha acaparado todas las miradas en Washington. Sin embargo, en las últimas horas el interés que suscita no es por sus críticas contra la investigación del Rusiagate sino por el cobro de 1,2 millones de dólares de Foundation for Accountability and Civic Trust (FACT), una organización sin ánimo de lucro de la cual Whitaker era el único trabajador.

Según The Washington Post, el pago se realizó entre 2014 y 2017 sin haberse podido confirmar el origen de la financiación. «FACT no está obligado a revelar la información de sus donantes», justificó un portavoz. El Post pudo acceder a diversas declaraciones de impuestos de FACT que revelaron que parte del dinero llegó de DonorsTrust, una organización destinada a hacer donaciones anónimas a entidades conservadoras y que a menudo trabaja para amplificar el mensaje republicano. Cuando Whitaker fichó por FACT, era abogado en Iowa con un salario de 79.000 dólares anuales.

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