La OCDE, contraria a que se exija cotizar al menos 15 años para cobrar pensión

Contradice al FMI y califica de «necesaria y razonable» la subida del salario mínimo

La ministra de Economía Nadia Calviño junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, este jueves en Madrid
La ministra de Economía Nadia Calviño junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, este jueves en Madrid REUTERS

REdacción / La Voz

No es que en la OCDE se hayan puesto revolucionarios. El diagnóstico y el recetario para España es el clásico: desde el retraso en la edad de jubilación para acompasarla a una esperanza de vida creciente hasta una mayor carga fiscal a través del IVA para relajar la presión sobre las rentas salariales. Pero en ese discurso tradicional se cuelan algunas propuestas desconocidas hasta ahora. Ocurre, por ejemplo, en el capítulo de las pensiones.

Pese a la defensa cerrada de las últimas reformas aprobadas en el sistema, como la desvinculación de las subidas de las prestaciones de la evolución del IPC o la introducción de un factor de sostenibilidad que recorte las pensiones para adecuarlas a los años que se espera que vivan los jubilados del futuro, el organismo defiende también que se reduzca o elimine el período mínimo de cotización (actualmente de 15 años) exigido para tener derecho a una prestación contributiva. Es la forma, defienden, de no penalizar más «a quienes ya han resultado más castigados por la crisis», ya que permitirá acceder a una pensión a aquellos trabajadores que han visto recortadas sus carreras de cotización por los efectos de la crisis, que corren más riesgo de pobreza en la vejez.

Eso sí, con la de cal viene también la de arena. Porque en su estudio económico sobre España, publicado este jueves, la OCDE defiende también que se amplíe el período para el cálculo de la pensión, hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador, y que se incremente también el número de años exigido para cobrar el 100 % de la prestación. Traducido, quieren que todo el mundo cobre pensión, incluso los que hayan cotizado menos de 15 años, pero también rebajar la tasa de sustitución (la proporción que supone la prestación sobre el último salario del trabajador), ya que estiman que el sistema español es demasiado generoso «y no incentiva la prolongación de la vida laboral una vez que se han cubierto los períodos de cotización pertinentes».

Otro salto en el guion previsto se produjo en el capítulo del salario mínimo. Contrariando el diagnóstico del FMI y de otros organismos e institutos de estudios, que anuncian poco menos que un apocalipsis económico por elevar a 900 euros las nóminas más bajas, el secretario general de la OCDE calificó de «necesaria y razonable» la medida.

Y es que, explicó Gurría en la rueda de prensa, España tiene en la actualidad un salario mínimo «muy bajo», por lo que la subida, aunque intensa (casi un 23 %) y repentina (se hace de un golpe y no escalonada, como habían pactado sindicatos y patronal con el anterior Gobierno), «pone al día» el SMI y acerca este salario de referencia al promedio de la OCDE en cuanto al porcentaje que supone respecto a la nómina promedio en el país. «La utilidad del salario mínimo es ser un mínimo de protección social para evitar que haya empleos de extrema precariedad con los que las familias no puedan siquiera tener una vida digna con un sueldo, y era necesario hacer un ajuste», manifestó Gurría.  

Desigualdades regionales

El informe de la OCDE incide también en las fuertes desigualdades que se observan entre comunidades (por ejemplo en los indicadores de desempleo o de pobreza) y la escasa movilidad laboral que se produce entre regiones, que achacan a la imposibilidad de portar prestaciones sociales o de vivienda de una comunidad a otra, por lo que piden un apoyo temporal a cargo de la región de origen o de la Administración central del Estado para facilitar esa movilidad dentro del país.

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