España negocia las cuotas con el sector indignado por la falta de flexibilidad

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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MARCOS CREO

Trata de frenar un recorte del 14 % en la merluza ibérica y exige margen para Gran Sol

17 dic 2018 . Actualizado a las 08:30 h.

Quedan dos semanas para que la temida obligación de desembarque entre en vigor para todas las pesquerías del Atlántico. Para buques de altura, de bajura, para pesquerías pelágicas, demersales... Para todos. Y el sector sigue en armas por la falta de cintura que han mostrado las autoridades para facilitar su adaptación. Pese a las promesas hechas desde que la nueva política comunitaria de pesca (PCP) echó a rodar en el 2013, la UE llega al 2019 con el mismo problema que ya anticipaba el sector entonces: el estrangulamiento de la flota.

Bruselas quiere apurar los plazos para lograr que en el 2020 todos los stocks se exploten en niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS) pasando de nuevo la tijera a las cuotas pesqueras. El cóctel puede ser mortal: posibilidades de pesca escasas, cuotas nimias para especies accesorias, obligación de desembarcar todas las capturas y, en casos como el español, un deficiente reparto nacional. La Comisión Europea calcula que unos 5.000 barcos se podrían ver obligados a amarrar a partir del 1 de enero del 2019. «La flota española de Gran Sol se verá más afectada porque hay cinco stocks para los que no tenemos cuota y pescamos allí. En menor medida, el caladero nacional», aseguran fuentes diplomáticas españolas. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, acude hoy a Bruselas para negociar las posibilidades de pesca del 2019 y lograr flexibilidades para evitar ese escenario de terror. Sin soluciones viables, no habrá acuerdo.

Por quinto año consecutivo, el stock de merluza sur sufrirá un recorte. La incógnita es a cuánto ascenderá. Bruselas propone un 14 % menos, pasando de 9.259 toneladas a 7.963, frente al aumento del 23 % para la merluza norte. España reconoce que el margen de maniobra para poder renegociar la bajada es limitado. No pedirá un año extra por razones socioeconómicas: «Nos comprometimos el año pasado a aliviar la bajada propuesta con el compromiso de que alcanzaríamos el RMS para el 2019, así que no vamos a pedir retrasos. Lo que sí puede ocurrir es que pidamos que se suavice con la aplicación de rangos de mortalidad más altos», indican fuentes cercanas a la negociación. 

Sin cigala

La pesquería de cigala en el Cantábrico seguirá cerrada. No habrá marcha atrás: «Eso se quedará como está», insisten, echando por tierra las pocas esperanzas que les quedaban a los arrastreros de litoral. De nada han servido sus quejas por los cálculos del ICES. Sobre la mesa, las mismas migajas que el pasado año: dos toneladas para hacer pesquería exploratoria.

La mayoría de las poblaciones ibéricas se encuentran en buen estado. Eso se ha traducido en la disposición de Bruselas a elevar el cupo de rape (2 %), de gallo (35 %) y de jurel del Cantábrico (18 %) y aguas de Portugal (69 %). No ocurre lo mismo en aguas francesas y del Gran Sol, donde el rape podría sufrir recortes de entre el 2 y el 7 %. Es justamente en zona irlandesa donde la flota gallega se juega su futuro. Cuando España entró en la UE se le asignaron cuotas de gallo, rape, cigala y merluza, pero se le denegaron para el bacalao, el merlán, el eglefino y el carbonero. Con la prohibición de descartes en vigor, esas cuatro especies podrían estrangular a la flota y forzar su amarre si caen en las redes. Bruselas ha propuesto una bolsa de cuotas comunes para capturas accesorias en Gran Sol, pero las cantidades son ínfimas: «Hay que mejorar la propuesta», insiste España, que también quiere que se le concedan minicuotas de pejerrey y ochavo.

No acaban ahí las flexibilidades que exige España. Su flota no acaba de asumir el recorte ya aprobado para la xarda (-20 %) y la bacaladilla (-17 %).

El corsé que imponen estas especies a los pescadores ha llevado al Gobierno a defender la introducción de un mecanismo de intercambio de cuotas entre países «permanente y obligatorio», para evitar el bloqueo de las pesquerías principales. Así, países con superávit de xarda se verían obligados a intercambiar un porcentaje con otras flotas deficitarias.

El Gobierno da por perdida la exención de la flota artesanal de las cuotas

Posibilidades de pesca escasas, poca capacidad de carga y prohibición absoluta de descartar cualquier captura. Es el escenario con el que se van a encontrar los pescadores de bajura en el 2019. Hace solo dos meses que lanzaron sus bengalas en Bruselas para reclamar la exclusión de la flota artesanal de los TAC y un trato diferenciado. Defienden la alta selectividad de sus artes, su reducido impacto ambiental, el gran peso socioeconómico que tiene en regiones como Galicia, donde miles de puestos de trabajo están vinculados a su actividad, y que todo lo que capturan en el mar tiene salida comercial al pisar puerto. Aun así, la UE se niega a abrir la mano y España da por perdida la batalla. No confía en su peso negociador en el Consejo para poder sacar adelante las demandas del sector. «Es muy difícil de satisfacer o lograr apoyos», aseguran fuentes diplomáticas españolas. 

Pérdidas dolorosas

Los pescadores anticipan pérdidas dolorosas si no cuentan con medidas de flexibilidad y un reparto nacional más equilibrado. Muchos barcos pasan tiempo sin salir a pescar y sus cuotas son limitadas, así que cada temporada topan con el problema de no poder salir a pescar xarda, sardina o merluza, a pesar de que España no llega a consumir todos sus cupos. A eso se le suma la prohibición de descartar capturas. El escenario puede acabar desembocando en un peligroso cuello de botella con pérdida de empleo e ingresos.