España reclamará 543 millones por intereses de demora y costas del Prestige

La Audiencia activa el proceso para pleitear en Londres por el dinero del seguro

Imagen de los cientos de miles de folios del sumario del Prestige custodiados por la Audiencia
Imagen de los cientos de miles de folios del sumario del Prestige custodiados por la Audiencia

Redacción / La Voz

El reconocimiento de los intereses de demora y procesales en la sentencia sobre la responsabilidad civil del Prestige, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 19 de diciembre, ha contribuido a engordar aún más las ya de por sí amplias cifras indemnizatorias de la marea negra. Así, la Abogacía del Estado ha realizado las cuentas definitivas que se presentarán en Londres en el pleito para lograr buena parte los 1.000 millones de dólares (cerca de 880 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con la mutua London P&I Club. Y el resultado es que su factura definitiva como principal afectado asciende a 2.353 millones de euros, de los cuales 543 corresponden a intereses de demora y procesales, así como a costas y gastos relacionados con el larguísimo procedimiento judicial, que ya ha consumido más de 16 años.

En paralelo, el Estado, como principal perjudicado, insta a la Audiencia Provincial de A Coruña a iniciar el proceso ejecutivo que servirá como salvoconducto para reclamar la cantidad del seguro en la jurisdicción británica, antes de que se sustancie el brexit y se abra un período de incertidumbre sobre los instrumentos de colaboración judicial en el Reino Unido. La respuesta de los magistrados de la Audiencia ha sido inmediata, y han requerido a la Fiscalía, la Xunta, el Estado francés y el resto de los afectados para que en el plazo de cinco días «relacionen las cantidades cuya inclusión en el título ejecutivo pretendan». Es decir, les piden que hagan el cálculo definitivo de sus indemnizaciones, pues el Supremo solo precisó la cantidad básica, sin añadirle los intereses que reconoce a los afectados en la sentencia. Con todos estos datos, la Audiencia ya estaría en condiciones de elaborar el escrito con el que se intentaría ejecutar las sentencias del Supremo (tanto la penal como la de la vertiente civil) en la jurisdicción británica.

Respecto a la cantidad reclamada por intereses, una buena parte de ellos -los moratorios- intentan reparar el daño por el retraso en las compensaciones que se reclaman. Los intereses procesales, en cambio, aspiran a que se cumplan las resoluciones judiciales, evitando que se dilaten los procedimientos mediante recursos innecesarios.

La Abogacía del Estado aplica la horquilla temporal marcada por el Tribunal Supremo y que deberán tener en cuenta el resto de los afectados por la marea negra del Prestige, iniciada el 13 de noviembre del 2002. El punto de partida para los dos tipos de intereses -que toman como referencia el interés legal del dinero- sería la fecha del inicio de la reclamación, que se situaría en el escrito de conclusiones provisionales cuando se cerró la instrucción judicial, el 7 de junio del 2010. Para los intereses de demora la fecha término es la del auto de noviembre del 2017, cuando se determinaron las responsabilidades civiles, por lo que suman 372,7 millones.

Respecto a los intereses procesales no hay fecha límite por el momento, pues sería el día en el que los afectados reciban el pago completo de las indemnizaciones, por lo que la Abogacía del Estado opta por una liquidación provisional hasta la fecha de esta última reclamación presentada ante la Audiencia coruñesa. De esta forma salen 76,7 millones, que sumados a los intereses de demora constituyen un total de 449,4 millones. Pero esta cifra no se queda ahí. La cantidad, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá incrementarse en un 30 % para costas y gastos relacionados con el dilatado procedimiento judicial, resultando un total de 543 millones solo en intereses y costas.

El Supremo avaló que el Estado pueda reclamar el IVA y los fondos europeos utilizados para paliar los efectos del vertido, pero no las compensaciones por el paro temporal en el sector pesquero cuando no se podía faenar en plena marea negra, que ascienden a 128,1 millones.

2.353 millones en total

Teniendo en cuenta todos estos factores, la indemnización concedida a España por el Supremo pasa de los 1.573,6 millones autorizados inicialmente por la Audiencia a los 2.353 millones que se reclamarán a la aseguradora como responsable civil directo. La cifra total, sin embargo, nunca podrá ser resarcida, pues la aseguradora solo deberá indemnizar hasta el límite de los 1.000 millones de dólares de la póliza y, el Fidac, hasta los 148,7 millones de su fondo.

el pleito

La aseguradora está «vacunada» contra la sentencia

La aseguradora del Prestige, el London P&I Club, se ha «vacunado» relativamente contra el fallo del Prestige con una sentencia de un tribunal británico, en la que se determina que cualquier afectado que quiera optar a los 1.000 millones de la póliza deberá regirse por la legislación del Reino Unido. Esto implica que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador. 

Los afectados del Prestige se repartirán dos millones del fuel extraído del pecio

pablo gonzález

Será la única cantidad procedente del patrimonio del entramado del petrolero

El Prestige era una vieja gasolinera flotante en el estuario de San Petersburgo hasta que alguien pensó que podía aprovecharse su último viaje hacia los desguaces de buques de Asia con una aciaga carga de fuel. La materia prima era barata, los restos últimos de las refinerías, y la propietaria de la carga, la desaparecida Crown Resources -que justo después del accidente cambió de nombre-, sabía que había que buscar petroleros baratos para que el transporte saliera rentable. El Prestige era el candidato ideal para las más de 77.000 toneladas de fuel que se cargaron en dos tandas, en la ciudad rusa y en Ventspils (Letonia). Después llegó el accidente, el hundimiento y un larguísimo procedimiento judicial de 16 años. Y una compleja operación para extraer 16.000 toneladas de fuel de los pecios, situados a más de 3.500 metros de profundidad, que costó más de cien millones de euros. El fuel extraído por Repsol era reciclable y, por tanto, comercializable. Así que una vez trasvasado a los tanques de la terminal petrolera de A Coruña fue vendido por algo más de 2,1 millones de euros.

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