Argumentan que no han recibido toda la documentación necesaria y piden al menos tres semanas para preparar la causa
05 feb 2019 . Actualizado a las 17:20 h.Los abogados de la mayoría de los acusados en la causa por el desafío secesionista han vuelto a pedir este martes al Tribunal Supremo que retrase la apertura de la vista oral, prevista inicialmente para el próximo martes, 12 de febrero, con el fin de disponer del tiempo necesario para preparar adecuadamente la defensa de los encausados. El letrado que defiende a Oriol Junqueras y al exconsejero de Exteriores Raül Romeva reiteró la petición que ya había realizado la semana pasada, y demandó nuevamente un plazo de al menos tres semanas entre la fecha de señalamiento, el pasado día 1, y el inicio de la vista. También reclamaron más tiempo los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull así como el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.
En su recurso de súplica, Van den Eynde, abogado de Junqueras y de Romeva, insiste en el argumento de que necesita más tiempo para examinar la abundante documentación que las partes han solicitado, como prueba anticipada, antes de que comience la vista oral. Además, impugna la decisión del Supremo de no revelar en su auto de admisión de pruebas la identidad de los testigos protegidos, pese a que, argumenta Van den Eynde, así lo establece la ley cuando alguna defensa lo solicita de forma motivada. Señala que esta cuestión «se vincula de forma directa con el derecho al juicio justo», como «reiteradamente» ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «especialmente preocupado por la gestión que en el proceso penal debe hacerse respecto a los testigos protegidos, sean anónimos u ocultos».
Por su parte, el abogado de Rull, Turull y Sànchez pide la suspensión del inicio de la vista el 12 de febrero debido a que no se ha recibido íntegramente «la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019». En otro escrito, solicita su puesta en libertad para que se pueda garantizar su derecho a la defensa, tras denunciar que en la cárcel de Soto del Real se les está impidiendo el acceso a los ordenadores donde tienen almacenados los miles de folios del sumario, y ello pese a la autorización expresa del propio tribunal para poder utilizarlos.
