El Gobierno reclama a la Fiscalía datos de abusos sexuales de curas a niños ante la «alarma social»

La cúpula eclesial se ha negado a hacer público el número de abusos que conoce


madrid

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.

En su escrito al organismo que dirige María José Segarra, la ministra Delgado destaca la continua difusión de noticias sobre numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidos en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y «a la protección de los victimarios».

Esas informaciones han generado «una importante alarma social» y «una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno», explica la ministra a la fiscal general.

La titular de Justicia recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia «cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional». Delgado subraya que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores.

Cambio en la ley

Para ello, el anteproyecto de ley cambia el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como actualmente. La ministra justifica esos cambios por los «efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, que perduran durante su vida adulta».

También señala que su objetivo de la ley presentada por el Gobierno es «garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar».

Por el momento, la cúpula eclesial se ha negado, escudada en el secreto pontificio, a hacer público el número de abusos que conoce, según desveló El Pais. El Ejecutivo no ha propuesto elaborar un informe independiente, como ya hizo Irlanda o Australia.

Denuncia del arzobispado de Tarragona 

El Arzobispado de Tarragona denunció a dos clérigos de esta diócesis por presuntos tocamientos a menores «con finalidad libidinosa», en junio del 2015 y en noviembre del 2016, aunque fue una investigación interna y solo se adoptaron medidas disciplinarias en uno de los casos.

En un comunicado, el Arzobispado indicó que uno de estos dos clérigos fue el reverendo F. Xavier Morell Rom, que había sido citado a declarar antes del 2010 en una investigación civil por un caso de pedopornografía, pero que fue sobreseído por el juez.

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