El término «relator» es la última incorporación a un diccionario particular con el que los secesionistas tratan de tergiversar la realidad
07 feb 2019 . Actualizado a las 23:28 h.El independentismo catalán siempre ha tenido muy claro que una de las batallas más importantes para intentar alcanzar sus pretensiones pasa por el lenguaje. Por ello, pone un especial mimo a la hora de elegir la terminología con la que referirse a según qué cosas, retorciendo alguno de los conceptos más básicos del diccionario. La última entrada que se ha incorporado al léxico independentista, bendecida por el Gobierno central, es la de relator, un término lo suficientemente ambiguo como para favorecer el acuerdo entre la Moncloa y los secesionistas con el que referirse a la figura que se sumará a la mesa de partidos abierta recientemente en Barcelona, a la que no asisten, por voluntad propia, ni Ciudadanos, ni PP ni la CUP. La acepción de la RAE que mejor encaja es la siguiente: «Persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes».
Desde Madrid intentan vender al relator como una especie de notario que se dedique a levantar acta de todas las conversaciones que tengan lugar dentro de esa mesa de partidos. Alguien que «tome nota» y que «convoque» a las partes, se esforzó en explicar la vicepresidenta del Gobierno. Desde Barcelona, los líderes independentistas tienen la posibilidad de ofrecérselo a su público como una nueva conquista al Gobierno central y, de paso, fuera de la Península, continuar en su empeño de hacer creer que existe un conflicto entre dos países.
En diplomacia internacional se suele emplear el concepto de relator especial para referirse al experto de la ONU que se desplaza a un territorio determinado, siempre una zona convulsa del planeta, con el objetivo de realizar un balance. Una figura a medio camino entre un árbitro y un cirujano que diagnostique los problemas y aporte algunas de las posibles soluciones a seguir por los más altos organismos internacionales. Esta concesión de Sánchez ha generado una furibunda reacción de protesta en toda la oposición, que ha convocado para este domingo en Madrid una gran manifestación para exigir la convocatoria de elecciones inmediatas. Pero el enfado también se ha evidenciado dentro del propio PSOE. Barones de peso, diputados e históricos socialistas no han dudado en censurar en público un movimiento del presidente del Gobierno que, entienden, solo está dirigido a lograr el voto favorable de los secesionistas a sus cuentas.
La incorporación del relator al vocabulario independentista es la última, pero a lo largo de todos estos años en los que se ha redoblado el desafío secesionista han sido muchos los términos con los que ha ido engordando el diccionario.
Autodeterminación. Las Naciones Unidas solo reconocen el derecho de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos cuando se trate de una colonia bajo ocupación militar en la que se incumplan sistemáticamente los derechos humanos. Una realidad completamente ajena a España, por mucho que desde el independentismo catalán se empeñen en lo contrario y repitan una y otra vez que España viola el derecho internacional al no permitirlo.
Derecho a decidir. Muy ligado al anterior, es un supuesto derecho que permitiría a determinados territorios separarse unilateralmente de un Estado. En realidad, con este concepto se refieren a la secesión, pero tal derecho no está reconocido en ningún país, salvo en Abisinia y en una pequeña una isla del Caribe.
El pueblo catalán. ¿Y quién tendría ese supuesto derecho a decidir? Para los independentistas, lo que ellos llaman el pueblo catalán. ¿Y quién es el pueblo catalán? Para los secesionistas, está exclusivamente conformado por los partidarios de la ruptura con España y, si cabe, por aquellos que defienden la celebración de un referendo. Se quedan fuera los constitucionalistas, es decir, al menos la mitad de los catalanes.
Democracia. «No nos dejan votar». Los independentistas siempre han jugado a equiparar una democracia con la simple implantación de urnas en las calles. Cuanto más se vote, más demócrata es un país. Sin embargo, la democracia no consiste solo en depositar una papeleta dentro de una caja, y hay que respetar muchas otras normas que una y otra vez se han saltado a la torera. La Constitución española solo recogería la celebración de una consulta de este tipo bajo unas condiciones que en este momento están muy lejos de darse.
Diálogo. Se trata de otro de los términos que más repiten desde el secesionismo. En su intento de hacerse pasar por los más demócratas, reivindican un diálogo que, dicen, les niegan desde el Gobierno central. A lo largo de los últimos años, los Gbiernos de distinto signo que han pasado por la Moncloa se han entrevistado en multitud de ocasiones con los mandatarios catalanes. Todos coinciden en que la gran exigencia desde Barcelona se reduce a que se permita un referendo de autodeterminación, algo inconcebible con la actual distribución de fuerzas que hubo y que hay en el Parlamento. Y que la legalidad constitucional ni contempla ni permite.