El Gobierno levantará el férreo control de Hacienda a la ciencia española

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Chema Moya | Efe

El ministerio también facilitará la contratación indefinida de investigadores

09 feb 2019 . Actualizado a las 09:34 h.

«La asfixia burocrática está ahogando a la ciencia española». La sentencia, que se verifica día a día en los laboratorios de toda España, parte de Nazario Martín, presidente de la Confederación Española de Sociedades Científicas (Cosce), uno de los primeros en alegrarse por el paquete de medidas incluidas en el decreto ley aprobado por el Gobierno que liberará al sistema de I+D+i de las férreas cadenas de la burocracia establecidas por Hacienda y que permitirá, además, la contratación de indefinida de investigadores con cargo a proyectos. Son dos de las grandes reivindicaciones de la comunidad científica que se verán colmadas, al igual que otra norma que evitará la discriminación de las mujeres en situación de maternidad, o incluso de aquellos que estén en situación de incapacidad, en los procesos de selección y evaluación de su actividad. También se dotará con más medios a la Agencia Estatal de Investigación para reducir los plazos en la concesión de subvenciones para proyectos de I+D.

  Las reformas suponen, a juicio del ministro de Ciencia, Pedro Duque, «levantar las cadenas» que bloqueaban la investigación en España. Por ejemplo, justificar la compra de una impresora o una silla podía suponer una pesadilla burocrática, mientras que la compra de material e instrumentos científicos a un mismo proveedor se limitaba a 15.000 euros, cuando esta cantidad la puede gastar un solo grupo en reactivos en un mes. Estas y otras medidas que ahogaban la ciencia fueron impuestas por el Gobierno de Rajoy en el 2014, que impuso el control de un interventor de Hacienda en cada organismo de investigación.

 La medida fue muy bienvenida por la comunidad científica, pero el presidente de la Cosce también lanza una advertencia: «Esto no es el final de nada, es solo el principio de una gestión más razonable. No se resuelve del todo el problema porque, por ejemplo, necesitamos que la Agencia Estatal de Investigación tenga una financiación de ciclos largos». Aun así, agradece la «pelea que el ministerio de Ciencia tuvo que hacer con el de Hacienda, que seguro que no fue fácil». Luis Serrano, presidente de la red de centros de excelencia Somma también aplaude las medidas. «Habrá que ver -dice- la letra pequeña, pero suena bien». Serrano demanda que la ciencia quede exenta del IVA.

 Entre las acciones aprobadas figura la eliminación de la intervención previa en organismos públicos de investigación (OPis), que lastraba su funcionamiento y que incluso hacía que perdieran convocatorias a proyectos europeos; la agilización de la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos, que sube de un tope de 15.000 euros anuales a otro de 50.000 para contratos con el mismo proveedor.

 Préstamos a universitarios

 Otra de las iniciativas estrella es el permiso a los centros de investigación y universidades para que puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPis, ya aprobada el 25 de enero, «contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes», según el ministerio. El Gobierno tuvo que hacer frente en los últimos años a numerosas indemnizaciones de trabajadores en organismos científicos que fueron despedidos después de encadenar un contrato tras otro. Ahora se les ofrecerá una mayor estabilidad.

 El real decreto también recoge mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito durante 15 años. La medida beneficiará a 12.000 jóvenes pendientes de la devolución de los créditos.

 

 En materia de igualdad, la norma modifica la Ley de Ciencia para que las bajas de maternidad, paternidad o incapacidad temporal no afecten en la selección y evaluación de la actividad científica, una «desventaja» que era «urgente» y «justo» solucionar, según Duque. Así se cumple una reivindicación liderada por la científica gallega María de la Fuente Freire.