Las subidas de impuestos y las mejoras sociales que quedan en el aire por el no a las cuentas

Se aplazan guiños sociales como la ampliación del permiso de paternidad o el fin del copago, pero también subidas de impuestos


Redacción / La Voz

Además de sus efectos políticos, el rechazo parlamentario al proyecto presupuestario tendrá consecuencias directas en el bolsillo de los ciudadanos, ya que deja en el aire el grueso de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno desde su toma de posesión, en junio del año pasado, como el fin del copago farmacéutico para los pensionistas con menor nivel de renta o la recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años. Y otras que se esperaban con menos impaciencia, como la subida del impuesto al diésel.

La devolución del proyecto de cuentas públicas no tendrá consecuencias, sin embargo, para los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo ni para los pensionistas y los empleados públicos que vieron incrementadas sus nóminas, ya que todas esas medidas fueron aprobadas por decreto a finales del año pasado y luego convalidadas por el Congreso (salvo en el caso del SMI, que no requiere ese trámite). Están, por tanto, blindadas.

Permiso de paternidad

No habrá ampliación a ocho semanas. Para avanzar en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, los Presupuestos recogían su ampliación de cinco a ocho semanas, cuyo coste se cuantificaba en 300 millones adicionales. Ahora la medida queda en suspenso. 

Copago farmacéutico

Casi 8 millones de personas tendrán que seguir pagando por los medicamentos. Otro de los guiños sociales que recogían las cuentas era el desmontaje progresivo del copago farmacéutico, que comenzaba por los pensionistas que cobran menos de 11.200 euros anuales y los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo. Casi ocho millones de personas que tendrán que seguir pagando en la farmacia una parte del precio de sus medicamentos.

Dependencia

El Estado no cotizará por los 180.000 cuidadores no profesionales. Una de las apuestas del Ejecutivo pasaba por resucitar las medidas estrella de la ley de dependencia, como que el Estado volviera a cotizar por los cuidadores no profesionales (unas 180.000 personas, la mayoría mujeres), lo que suponía la habilitación de una partida de 315 millones de euros.

Ayudas sociales

Las familias más pobres recibirán menos por hijo. En las cuentas públicas se recogía un incremento de las ayudas por hijo a las familias con menos ingresos, hasta duplicarlas. En el caso de aquellas en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 25 % de la renta considerada umbral de pobreza, unos 18.000 euros anuales) la intención era elevar la inyección estatal por hijo a cargo hasta los 588 euros al año (el doble de los 291 actuales), mientras que las que se sitúan entre el 25 y el 50 % de esa renta iban a recibir 341. Según las cifras oficiales, ese esfuerzo económico permitiría sacar de la pobreza a 82.000 menores.

Desempleo

Se recuperaba el subsidio para mayores de 52 años, dando protección a 114.000 parados. Entre las medidas de protección laboral, el proyecto presupuestario preveía rebajar de 55 a 52 años la edad de acceso al subsidio de desempleo para parados de más edad, devolviéndolo a la configuración que había antes de la crisis. La intención era dar cobertura a 114.000 personas que habían quedado excluidas de esa ayuda.

Impuestos

Un respiro para los propietarios de coches diésel y para las grandes empresas. Los que sí saldrán beneficiados por el rechazo a las cuentas públicas son los conductores de coches diésel, ya que entre los tributos que no subirán está el de este combustible, que se iba a encarecer en 3,8 céntimos por litro. También respirarán aliviados los contribuyentes con más renta, ya que se preveía una subida del IRPF a partir de los 130.000 euros (cuatro puntos desde los 300.000), y las grandes corporaciones, ya que no prospera la idea del Gobierno de establecer un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Pero no todo eran subidas fiscales, ya que también estaba prevista una rebaja del IVA para productos de higiene femenina, prensa electrónica y servicios veterinarios.

¿Y ahora?

El Gobierno puede intentar sacar adelante algunas medidas por decreto ley. Es la única vía que le queda al Ejecutivo para intentar salvar alguna de las medidas en las próximas semanas y poder presentarlas como munición electoral.

Las elecciones pueden frustrar el dictamen de la comisión del Alvia

pablo gonzález
Las víctimas del Alvia, concentradas frente al Congreso durante las comparecencias de los exministros José Blanco y Ana Pastor
Las víctimas del Alvia, concentradas frente al Congreso durante las comparecencias de los exministros José Blanco y Ana Pastor

El Congreso prorrogó sus trabajos tres meses más para elaborar las conclusiones

Todavía bajo la resaca por el paso por la comisión de investigación del Alvia de los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, el Congreso, en un día con múltiples incertidumbres, aprobó por asentimiento prorrogar durante tres meses la actividad del foro parlamentario que estuvo investigando el accidente ferroviario de Santiago, que provocó 80 muertos y 144 heridos.

Esta comisión se puso en marcha en el Congreso el 18 de abril de 2018, siete meses después de su aprobación, y la ronda de comparecencias comenzaron a principios de julio del año pasado. Pero quedan dos asuntos pendientes: cómo se articulará la comparecencia final de las víctimas -que en principio iban a intervenir a puerta cerrada, fuera del ciclo oficial de declaraciones- y, sobre todo, lo más importante: la elaboración del dictamen, preferiblemente consensuado, que incluya las conclusiones del trabajo realizado por la comisión, de cara a poner de manifiesto posibles responsabilidades políticas o establecer recomendaciones sobre la seguridad ferroviaria.

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