Santamaría: «No nos quedó más remedio que aplicar el 155»

Respaldó la tesis de la Fiscalía asegurando que hubo violencia


La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que declaró durante dos horas como testigo en el juicio del desafío secesionista, respaldó la tesis de la Fiscalía de que durante la escalada independentista en Cataluña hubo violencia, en contra de lo que, de forma unánime, han sostenido los acusados, que se juegan en ello hasta 25 años de cárcel por rebelión. Además, en referencia a la aplicación del artículo 155, aseguró que el Ejecutivo lo decidió porque no quedaba más remedio, ya que la declaración unilateral de independencia (DUI) no era simbólica, como también sostienen las defensas.

En lo que respecta a la violencia vivida en Cataluña en el otoño del 2017, la ahora consejera de Estado se mostró más contundente que el expresidente Rajoy, asegurando que la hubo tanto el 20 de septiembre, en la concentración ante la consejería de Economía, como contra los agentes de policía y Guardia Civil desplegados con motivo del 1 de octubre, y también un «acoso masivo, generalizado y sistemático» contra alcaldes y concejales que disentían de las tesis independentistas.

«Ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta», señaló, sosteniendo que la misma violencia se vio el 1-O por parte de los ciudadanos «convocados por el Gobierno catalán» para hacer de «murallas humanas» frente a los agentes policiales, de los que aseguró que habían sido víctimas de un hostigamiento continuado cuando estaban alojados en hoteles. «Yo sé lo que es vivir un escrache. Y aquello no lo fue. Fue un acoso violento», aseveró ante el tribunal.

El otro misil a la estrategia de las defensas de los acusados lo lanzó al explicar que aplicaron el 155, suspendiendo la autonomía y convocando elecciones, porque la DUI aprobada el 27 de septiembre por el Parlamento catalán no era «meramente simbólica». «Hubo un intento grave de derogación de la Constitución. Se había declarado unilateralmente la independencia. Entendíamos que había una vulneración muy grave del orden constitucional», insistió.

Como por la tarde hizo Rajoy, Sáenz de Santamaría recordó que el presidente había enviado dos misivas a Puigdemont para que revocase la declaración secesionista, algo que no hizo, lo que supuso la inminente tramitación del 155.

También en idéntica línea argumental que su exjefe, negó que hubiera negociado la celebración del referendo secesionista con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Explicó que se habían reunido en tres ocasiones entre enero del 2016 y abril del 2017, pero que «sobre el referendo no había ni diálogo ni capacidad alguna de entendimiento», pues vulneraba la soberanía nacional.

Defensa del dispositivo policial

A preguntas de las defensas admitió que las imágenes de las cargas policiales no son agradables de ver, pero sin embargo defendió la actuación de los agentes desplegados en Cataluña, que cumplían «un mandato judicial». Negó, sin embargo que un millar de ciudadanos resultaran heridos, precisando que fueron «atendidos». Pese a defender el dispositivo policial, se desvinculó por completo de él, asegurando que el Gobierno no interviene en los operativos policiales «ni me correspondía por mi cargo».

Montoro admite que es posible que la Generalitat haya sorteado el control financiero impuesto 

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha admitido en el juicio del desafío secesionista que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos a la organización del 1-O, pese a que la Generalitat tuviese intervenidas las cuentas porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».

Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, el exministro ha explicado que durante el 2016 y el 2017 el Gobierno tenía un férreo control de las cuentas de Cataluña y, cuando el Ministerio que él dirigía detectaba «algún tipo de irregularidad», lo denunciaba. Hasta en siete ocasiones, ha admitido Montoro, lo hizo ante la Fiscalía General del Estado o la del Tribunal de Cuentas, una cantidad que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que le ha precedido en el turno de declaración, ha elevado a nueve.

Según el exministro, no es incompatible que se den irregularidades pese a la intervención de cuentas, en tanto que en el momento en que se detectan algunas se remite a los investigadores, que están asesorados por personal del Ministerio de Hacienda. «Lo que deben entender es que una cosa es el control presupuestario y contable y otras las investigaciones de los tribunales», justificó Montoro, que no descartó que se pudiesen producir esas irregularidades «porque un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado o engañoso y para eso están las investigaciones de tipo policial y judicial».

A preguntas del fiscal, Montoro ha hecho referencia a la famosa frase que pronunció aquellos días en la que reconoció que desconocía «con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1-O ni la manutención de Puigdemont» pero que estaba seguro que «no con dinero público». Lo que quería decir, ha explicado, es que la Generalitat «no tenía posibilidad» de convocar un referendo con fondos públicos, que «no podía hacerse materialmente esa convocatoria de referéndum porque la autoridad convocante no tenia presupuesto».

«¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto publico? Es una situación muy difícil de definir», precisó.

Artur Mas culpa a Puigdemont de «no parar la máquina

Artur Mas marcó este miércoles distancias con Carles Puigdemont en el Supremo. Al menos todo lo que pudo sin enfadar a sus correligionarios. El expresidente, ya condenado por la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014, señaló a su sucesor como prácticamente único responsable del referendo ilegal del 1-O y de las consecuencias de aquella votación. Es más, le culpó de «no haber querido parar las máquinas» cuando el enfrentamiento con el Estado era ya más que evidente que podía desembocar en la intervención de la Generalitat. Según relevó, en sus numerosas reuniones con Puigdemont apostó siempre por convocar elecciones para obtener una nueva «fotografía» de la sociedad catalana que, además, sirviera de refrendo a sus tesis soberanistas. Y añadió que también propuso esa salida electoral a Puigdemont tras el 1-O, pero que, evidentemente, este no le escuchó y acabó por proclamar la república y no convocar autonómicas.

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