La Junta Electoral no censura al PSOE y este anuncia ya semanas sociales

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID | LA VOZ

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| EFE.Carmen Calvo y Josep Borrell en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 1
Carmen Calvo y Josep Borrell en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 1 Ángel Díaz

Desestima las reclamaciones del PP y de Ciudadanos al entender que el Ejecutivo no ha incumplido la Loreg

12 mar 2019 . Actualizado a las 08:00 h.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado las reclamaciones presentadas por el PP y Ciudadanos en las que denunciaban un uso electoralista de la Moncloa por parte de Pedro Sánchez. Tras la extensa reunión de este lunes en el Congreso de los Diputados, el organismo encargado de velar por el correcto desarrollo de las elecciones ha desatendido las peticiones de las dos principales fuerzas de la oposición.

La primera, del grupo Popular, en la que se reclamaba la suspensión de las ruedas de prensa de Moncloa posteriores a los Consejos de Ministros de los viernes al considerar que el jefe del Ejecutivo los utiliza para promocionar su candidatura de cara las elecciones del próximo 28 de abril. Según argumenta en su escrito, distribuido a la prensa a última hora de la tarde, la Junta se muestra «imposibilitada» para «adoptar ninguna decisión», ya que los casos denunciados por los populares «hacen referencia a una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral», en el que la Junta carece de competencias, así como a «hipotéticas futuras ruedas de prensa», por lo que no puede sancionar al Gobierno por supuestas irregularidades que todavía no ha cometido.

En otro escrito distribuido también esta tarde, la Junta Electoral rechaza la petición de Ciudadanos en las que se le instaba a prohibir a los portavoces del Gobierno a hacer cualquier tipo de alusión en las ruedas de prensa en Moncloa a sus logros. La JEC dispone que el Ejecutivo no ha incumplido ninguno de los apartados de la Loreg, la ley que determina las reglas para el desarrollo de las elecciones.

De este modo, la Junta Electoral da la razón a la Secretaría de Estado de Comunicación, que en sus alegaciones, presentadas a principios de esta semana, exponía que las denuncias de los dos principales partidos de la oposición eran infundadas. El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentaba a una multa que podría ascender hasta los 3.000 euros, aunque el objetivo de los denunciantes no era otro que el de señalar la instrumentalización de Sánchez del aparato presidencial. 

Por el momento ni el PP ni Ciudadanos han decidido si acudirán ante el Constitucional, una vía que no acaba de convencer debido a la inminencia de los comicios y a la lentitud que suele mostrar el alto tribunal para redactar sus sentencias.

Adriana Lastra

En Moncloa no ocultan su satisfacción por el fallo de la JEC, y desde su entorno ya advierten que los «viernes sociales», nombre con el que se conocen a las jornadas en las que el Gabinete aprovecha para impulsar estas medidas tachadas de electoralistas, se redoblarán, y pasarán a ser «semanas sociales». Así lo aseguró la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la mano derecha de Pedro Sánchez en la cúpula del partido.

Ultimátum a Torra para que retire lazos amarillos y esteladas de los edificios

En donde sí ha tenido más fortuna Ciudadanos ha sido en la segunda de sus reclamaciones, en este caso contra la Generalitat. La formación naranja pidió amparo «contra las acciones y omisiones» del Gobierno autonómico «ante la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos», en clara referencia a la multitud de lazos amarillos y banderas secesionistas que asoman a lo largo y ancho de toda Cataluña.

En este apartado, la JEC ha estimado parcialmente la reclamación de la formación naranja y requiere al presidente de la Generalitat, Quim Torra, «que ordene en el plazo máximo de 48 horas la inmediata retirada de las banderas esteladas o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente del Gobierno autonómico», al considerar que tanto las banderas como los lazos son «símbolos partidistas».