Alcoa lanza otra alerta: la fábrica de aluminio de San Cibrao, en peligro

Las nuevas medidas para enfriar los costes eléctricos ya no garantizan su viabilidad


Redacción / La Voz

Tras cerrar las fábricas de aluminio primario de A Coruña y de Avilés, de momento, de forma temporal, Alcoa pone el foco ahora en la única que le queda activa en España: la de San Cibrao, que da trabajo, por cierto, a casi tantos empleados como las dos otras dos juntas. La multinacional avisa, por primera vez oficialmente, de que la planta está en peligro (de cierre) porque las nuevas medidas propuestas por el Gobierno para abaratar los costes eléctricos de la industria «ponen en riesgo su viabilidad».

Los trabajadores llevaban meses con la mosca detrás de la oreja y la compañía también insinuaba que el panorama ya no estaba tan despejado para la que es aún su joya de la corona. El mal momento por el que atraviesa el mercado internacional del aluminio -una materia prima que cotiza en la bolsa de metales de Londres (LME)-, entre otros factores, debido al elevado precio de la alúmina con la que se elabora, junto a los importantes costes energéticos en España, provocó que San Cibrao perdiese dinero el año pasado por primera vez: 53,8 millones. Los números rojos en A Coruña sumaron 42 millones; y en Avilés, 40. Las fábricas de aluminio de estas dos últimas ciudades arrastraban varios ejercicios en negativo, según la empresa, por eso decidió tomar medidas drásticas: en febrero cerró las cubas de electrolisis en las que se elabora el aluminio para parar la sangría económica y solo están operativas las fundiciones de ambas plantas.

San Cibrao ha estado a salvo hasta ahora. Según los sindicatos, la fábrica de aluminio pierde este año nueve millones de euros al mes, cifra que no desmiente la compañía.

Fuentes oficiales de la multinacional reconocen ya abiertamente que está en peligro tras conocer el borrador del estatuto del consumidor electrointensivo elaborado por el Gobierno. Las medidas recogidas en él para compensar a las empresas por los elevados costes eléctricos en los que incurren -son un 40 % de los gastos de explotación de una industria como Alcoa- «no aportan la solución que la industria del aluminio necesita para garantizar su sostenibilidad». Son también «insuficientes porque se mantendrá el significativo diferencial de precios respecto a nuestros competidores». Las mismas fuentes de la multinacional estadounidense califican también las medidas como «inciertas» porque «no hay garantía sobre la aplicación efectiva» de una de la más importante de ellas: la compensación por los costes derivados de las emisiones de CO2. 

Medidas decepcionantes

El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, se confiesa decepcionado con el borrador de medidas de apoyo a la industria -que necesita bonificaciones para competir, recuerda-. El texto, añade, «non cumpre as expectativas creadas polo Goberno» y, aunque reconoce que el momento político impone limitaciones para legislar, «podían facer máis cousas», como dotar de más presupuesto a medidas como la compensación por emisiones de dióxido de carbono.

Corbacho aguarda que el texto final se revise antes de que entre en vigor.

Las exenciones a la industria harán subir la factura energética

El borrador de estatuto para la industria electrointensiva prevé medidas para abaratar su factura. Así, la mayor parte de estos grandes consumidores (253 cumplen los requisitos) quedarán exentos de abonar los pagos por capacidad. Son las subvenciones a las centrales que actúan como respaldo del sistema, como las de gas, y que se sufragan vía recibo de la luz, como todos los costes del sistema. Esa medida para fomentar la competitividad industrial reducirá en 41 millones anuales los ingresos, según la memoria de análisis de impacto del real decreto que regula el estatuto. Y si se quita por un lado, habrá que reponerlo por el otro. Así que ese dinero se repartirá entre el resto de consumidores.

Lo mismo ocurrirá con los 23 millones menos que se recaudarán con otra medida de apoyo: no pagarán la porción de recibo reservada para costear el servicio de interrumpibilidad, que prestan la mayor parte de ellos.

Estas exenciones supondrán un ahorro de entorno a dos euros el megavatio hora para ese tipo de consumidores.

Otra medida es la compensación por costes imputables a emisiones de gases de efecto invernadero, que se financiará en el 2019 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En los de este año hay seis millones, lo mismo que en los del 2018, cantidad que se incrementará con 70 millones, según el Gobierno.

El estatuto también recoge la opción de que estas grandes industrias firmen contratos bilaterales con centrales renovables.

Las beneficiarias de estas compensaciones estarán obligadas a mantener la actividad durante tres años, «salvo determinadas situaciones de crisis empresarial».

El Gobierno tramitará por la vía de urgencia el estatuto para la industria intensiva

J.M. C.

Pretende aprobarlo antes de las elecciones del 28 de abril

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación por vía de urgencia del estatuto del consumidor electrointensivo, que beneficiará a las grandes compañías con un elevado gasto en energía, como Alcoa o Ferroatlántica. El documento superó hace unos días la fase de información pública. El Gobierno asegura que quiere aprobar el estatuto antes de las elecciones del 28 de abril. De hecho, el marco regulatorio que incluirá es imprescindible para encontrar un comprador que salve las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

El Consejo de Ministros aprobó también el plan nacional de energía y clima. En él calcula que el recibo de la luz se abaratará un 12 % en el 2030 gracias al proceso de descarbonización de la economía y el aumento hasta el 74 % de la producción eléctrica de origen renovable, que en el 2050 serán del 100 %. Las centrales de carbón y nucleares cerrarán de forma paulatina y abrirán más plantas eólicas y fotovoltaicas. Los ciclos combinados quedarían como respaldo de las renovables.

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