Nueve posibles inversores para las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés

Siete son grupos industriales y dos, fondos, que aguardan un precio eléctrico competitivo


La Voz

Nueve inversores: siete industriales y dos fondos. Son los que hasta el momento han mostrado interés en quedarse con las fábricas de aluminio primario de Alcoa en A Coruña y Avilés. Aunque todavía no se puede hablar de ofertas formales de compra. Para eso aún queda mucho partido que jugar y ganar. Eso sí, en poco tiempo. Porque la multinacional estadounidense quiere cerrar el trato en cuestión de tres meses y tener firmada la venta el próximo 30 de junio. Si no es así, desmontará definitivamente las cubas de electrolisis y despedirá a 268 trabajadores de ambas instalaciones, el 43 % del total.

Pero hasta entonces queda casi todo por hacer en la operación salvar Alcoa en la que en noviembre -cuando la empresa anunció que echaba el candado a las instalaciones al completo- se embarcaron los ministerios de Industria, Transición Ecológica y los Gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia, empujados por la fuerte presión social generada por los casi 700 trabajadores de las plantas y sus familias, que se veían en la calle.

Queda, sobre todo, convencer al menos a uno de esos inversores para que firme la compra de las plantas, pero ello dependerá de dos condiciones fundamentales: cuánto dinero pedirá Alcoa por las fábricas y, sobre todo, cuál va a ser el gasto eléctrico de las mismas. Un capítulo esencial en las plantas de aluminio, en las que el 40 % de los costes de explotación se los traga la factura de la luz.

Así que está por ver el cálculo que hagan estos días esos inversores sobre el borrador de estatuto para la industria electrointensiva recién publicado. Pero si la reacción es como la que ha tenido Alcoa, mal van las cosas.

Pero el Gobierno parece que se guarda otro as debajo de la manga, y es la convocatoria de otra subasta de incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad para el último semestre del año. Sería en mayo y a ella tendría que concurrir Alcoa en nombre del futuro comprador para conseguir bonificaciones económicas para las plantas de A Coruña y Avilés. Ambas dejaron de prestar el servicio en febrero cuando se apagaron las electrolisis, por tanto, la empresa tampoco recibe esas compensaciones por suspender el consumo eléctrico por necesidades del sistema.

El borrador con las nuevas medidas de compensación a la industria estará en exposición pública durante dos semanas; luego tendrá que ser avalado por Competencia y el Consejo de Estado. El Gobierno quiere aprobarlo el 26 de abril, dos días antes de las elecciones generales.

De esta manera, el inversor interesado podría empezar a echar cuentas de verdad sobre los gastos que tendrán las fábricas a partir de mayo, a un mes vista de que venza el plazo dado por Alcoa para venderlas.

El proceso para salvar las instalaciones y, por tanto, los 268 puestos que están en peligro en A Coruña y en Avilés, está tutelado por el Gobierno. Pero la multinacional ha puesto sus plazos: para el 15 de mayo quiere una oferta en firme sobre la mesa.

Industria espera una «garantía de inversor» en Alcoa antes de junio

La Voz
Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña
Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña

La ministra Reyes Maroto asegura  que el estatuto de consumidores electrointensivos da seguridad a las compañía sobre el precio eléctrico.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este martes que con el Estatuto de Consumidores Electrointensivos y otras medidas en las que el Gobierno trabaja con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Asturias, esperan llegar a junio con «una garantía de un inversor» para Alcoa.

Maroto ha afirmado que el Ejecutivo no tiene «certeza todavía» de que Alcoa haya tomado una decisión sobre el complejo de San Ciprián, en Lugo, después de que la empresa haya alertado de que la viabilidad de su planta de aluminio está en riesgo y su futuro peligra si el Gobierno no adopta más medidas.

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