La ministra Reyes Maroto asegura que el estatuto de consumidores electrointensivos da seguridad a las compañía sobre el precio eléctrico.
19 mar 2019 . Actualizado a las 12:38 h.La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este martes que con el Estatuto de Consumidores Electrointensivos y otras medidas en las que el Gobierno trabaja con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Asturias, esperan llegar a junio con «una garantía de un inversor» para Alcoa.
Maroto ha afirmado que el Ejecutivo no tiene «certeza todavía» de que Alcoa haya tomado una decisión sobre el complejo de San Ciprián, en Lugo, después de que la empresa haya alertado de que la viabilidad de su planta de aluminio está en riesgo y su futuro peligra si el Gobierno no adopta más medidas.
La titular de Industria, que ha participado en un encuentro organizado por la Cadena Ser, ha manifestado a los periodistas que el Estatuto «da una seguridad a Alcoa sobre el precio de la energía», un instrumento que pedía la compañía para «dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra».
Ha incidido en que con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo hay una «garantía mayor» para las 153 empresas electrointensivas del país que cuentan con 150.000 empleos.
Maroto ha opinado que la anterior «ausencia» del Ministerio de Industria ha tenido «unas consecuencias muy negativas» en cuanto a la deslocalización y cierre de empresas y ha confiado en que con el Estatuto y otras medidas en las que trabaja el Gobierno se pueda llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor para Alcoa.
La planta lucense es la única fábrica de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en España, tras el cierre de las de Avilés (Asturias) y A Coruña, en las que sólo permanecen activas las funciones y cuya venta, que se negocia desde hace meses.
Críticas de Alcoa
Según recogió la agencia EFE, Alcoa considera que el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos «no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad», lo que podría poner en riesgo la venta de las plantas de Avilés y A Coruña. La multinacional ha alertado de que la viabilidad de su planta de aluminio en el complejo de San Ciprián, en Lugo, está en riego y su futuro peligra si el Gobierno no adopta más medidas que las incluidas en el borrador.
La planta lucense es la única fábrica de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en España, tras el cierre de las de Avilés y A Coruña, en las que sólo permanecen activas las funciones y cuya venta, que se negocia desde hace meses, también se pondría en riesgo si las medidas para ayudar a los grandes consumidores de electricidad se limita a las del borrador.
«El borrador de Estatuto no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad», han asegurado fuentes de Alcoa, que consideran que las medidas que se proponen «son insuficientes», ya que mantendrían un significativo diferencial en coste de energía respecto a los países competidores.
Además, «son inciertas», ya que no ofrece garantías sobre la aplicación efectiva de la medida más relevante en el borrador: la compensación de costes indirectos de CO2.
«En nuestra opinión, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador de estatuto, éstas ponen en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián, única instalación que mantiene la producción de aluminio primario en España en la actualidad», han aseverado las fuentes.
Según datos de la compañía, el coste de la energía eléctrica supone en torno al 40 % del total del coste de producción de la industria del aluminio primario en España y por ello necesita un marco energético que garantice costes competitivos y certidumbre, en línea con los países de nuestro entorno.
«La existencia o no de las condiciones que permitan esa competitividad en costes y suficiente certidumbre en energía, lógicamente puede condicionar la viabilidad de la industria y el interés de posibles compradores de las fábricas», según Alcoa.
Por ello, insisten, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador, no sólo se dificultará la venta de las operaciones de aluminio primario en Avilés y Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio lucense.
El complejo de San Ciprián, en el que trabajan unas 1.700 personas, está integrado por una planta de aluminia y otra de aluminio, que es la electrointensiva y que el año pasado arrojó pérdidas de 48 millones de euros.
Según datos aportados por los sindicatos, actualmente, dicha planta pierde unos 9 millones de euros al mes.
El pasado 16 de enero, la empresa estadounidense y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para mantener parte de la actividad en las plantas de Avilés y La Coruña mientras se busca un comprador para ellas