El PSOE y el PP solo quieren reformar el voto rogado. Podemos, Ciudadanos y Vox aspiran a más proporcionalidad
18 abr 2019 . Actualizado a las 07:59 h.Cada vez que se acerca una cita electoral vuelven a sonar las trompetas del apocalipsis sobre la presunta injusticia inherente a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 -heredera fiel del real decreto de 1977-, un texto que busca la gobernabilidad más que la proporcionalidad, que beneficia a los partidos hegemónicos de una circunscripción y que fuerza incluso el voto útil hacia las formaciones mejor posicionadas para que no se pierdan los votos en el limbo de las papeletas sin representación, que son muchas. Este es el sentir de los partidos emergentes o recién consolidados como Ciudadanos, Unidas Podemos o Vox, que quizás no se paran a pensar que su escasa implantación territorial fuera de las grandes ciudades también tiene algo que ver con esa situación.
Por eso tanto el PSOE como el PP hablan muy poco de la ley electoral en sus programas, porque les va bien en esa feria. Los socialistas, que en la reforma del 85 renunciaron a las propuestas para hacer más proporcional esta normativa, solo la mencionan para recuperar la idea de suprimir el voto rogado de los emigrantes, un obstáculo burocrático y engorroso que solo el 10 % de los potenciales votantes en el exterior cumplimentan. El PP coincide en mencionar la normativa electoral solo para contentar a los emigrantes.
Las críticas a la ley, concebida en sus parámetros básicos en plena Transición, cuando se suponía que los españoles no estaban aún maduros para las contiendas electorales, surgen de nuevo con la decisión de la Junta Electoral de obligar a medios de comunicación privados a guardar cuotas de proporcionalidad y representatividad. Pero hay más cosas anacrónicas: la jornada de reflexión, la prohibición de sondeos cinco días antes de la cita electoral... Algún día habrá que darle una vuelta a todo esto, pero con el permiso del PP y del PSOE, que de momento solo apuestan por reformar el reglamento del Congreso y el del Senado.
En el otro lado están Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Los primeros quieren una ley electoral «justa e igualitaria», con el objetivo de que «España no dependa de los que quieren romperla», poniendo el listón del 3 % a nivel estatal para tener representación. Mejorar la proporcionalidad es un objetivo compartido por los de Pablo Iglesias, que aspiran a sustituir el método d’Hondt para el reparto de escaños por el de Sainte-Laguë, con el objetivo de atenuar la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Quieren crear una circunscripción para el voto exterior y rebajar el factor mayoritario para el Senado, que permite que el PP, con el 30 % de los votos, tenga el 62 % de los senadores. También proponen que esta Cámara se convierta en un foro de representación territorial.
Vox, que suele ir por libre, va de la mano de estos dos partidos en este asunto. Quieren que el voto de todos los españoles «valga lo mismo». Tan simple y tan complejo.