Aprendiendo de la historia: ya no se prometen empleos

Los partidos exponen sus políticas contra el paro sin caer en el error de prometer una cifra de puestos de trabajo


redacción / la voz

«Prometí 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos, y me callo para siempre porque los empleos los dan los empleadores, no el Estado». Esta frase de Felipe González supone la deconstrucción de una de las promesas electorales más célebres desde la restauración democrática. Cuando en 1986 acabó la legislatura marcada por una mayoría socialista de récord (202 diputados), España tenía tres millones de parados, uno más que cuando el PSOE comenzó a gobernar el país con aquella mayoría absoluta que probablemente será irrepetible. La frase también encierra una lección para un socialista que creía en un Estado intervencionista y omnipotente, que minusvaloraba el papel clave de la sociedad civil en la economía.

Efectivamente, los gobernantes deben buscar medidas que favorezcan la creación de empleo, y si no saben hacerlo, se les pide al menos que no generen más de lo que ya hay. Zapatero inició sus primeros años con el sueño del pleno empleo -una tasa de paro por debajo del 8 %- muy cerca de cumplirse, pero acabó sus dos legislaturas duplicando las cifras de desempleo, pasando de 2,2 millones a 5. A veces, con este tipo de asuntos, es mejor estar calladito.

Flexibilidad. Esta es la receta del Partido Popular para todo lo relacionado con el empleo y, en especial, con la negociación colectiva. Defiende la controvertida reforma laboral del 2012 y avanzan que penalizarán la contratación temporal injustificada, al tiempo que anuncian medidas para que los trabajadores de la nueva economía digital puedan tener varios empleadores. Hablan de colaboración público-privada en los servicios públicos de empleo, y de prolongar voluntariamente la vida laboral.

El PSOE incide más en lograr empleos de calidad y salarios dignos, después de la descapitalización de la clase media que supuso la crisis económica. Prometen «cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012», así como un nuevo Estatuto de Trabajadores adaptado a la realidad actual. Dicen que pretenden mejorar la situación de los autónomos, para que coticen según los ingresos reales, algo en lo que también incide Ciudadanos, que plantea eliminar los contratos temporales y hacerlos todos indefinidos, así como aprobar un complemento salarial «para luchar contra la pobreza laboral», sin explicar qué efectos podría tener en la estrategia empresarial que el Estado se dedique a complementar salarios. Pronostican que van a «acabar» con los contratos basura.

Vox, como el PP, relaciona la creación de empleo con una presión fiscal más baja, pero también con las cotizaciones sociales, que pretenden devaluar. Anuncian rebajas del 10 % en esas contribuciones para empresarios que contraten de forma indefinida a parados «de nacionalidad española». Digamos que sería como primar la contratación de nativos frente a los emigrantes, una propuesta de difícil encaje constitucional.

En la izquierda más rupturista se ve una fuente de creación de empleos tanto en la economía verde como en las energías renovables, pero también con la dependencia, cuestiones en las que inciden tanto Unidas Podemos como En Marea y el BNG. Los de Pablo Iglesias quieren recuperar la participación pública en sectores estratégicos y reducir el tiempo laboral a 34 horas semanales, así como fortalecer la protección por desempleo. También pretenden garantizar por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con una cuantía inicial de 600 euros por adulto que no dicen cómo se financiará, a pesar de que calculan que podría beneficiar a diez millones de personas.

Reformas laborales

El BNG quiere que se garantice la cobertura económica de todas las personas sin ocupación y, junto con En Marea, plantean la derogación de las últimas reformas laborales que, en su opinión, son las culpables de la precarización general del empleo en España.

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