Los testigos de la defensa en el juicio del 1-O se aferran al «no recuerdo»
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El juez Marchena tuvo que explicarle al líder de Mossos por la República que se encontraba «ante la autoridad judicial», tras su negativa a responder a las preguntas del letrado de Vox
26 abr 2019 . Actualizado a las 10:10 h.Los abogados defensores del juicio del 1-O hicieron ayer honor a su posición sobre el campo y acordaron adormecer el encuentro que se disputa en la sala presidida por Marchena. Aprovecharon para ello la oportunidad que, en la sesión de la tarde, le brindó el desfile de los primeros testigos de la defensa, llamados para tratar de desmontar las contundentes versiones ofrecidas previamente por los convocados por las acusaciones. Así lo hizo Jordi Solé, eurodiputado de ERC, que describió ante el tribunal un paisaje muy diferente al retratado por las cámaras de televisión a las puertas de la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre del 2017: «En la consejería vi adhesivos en los vehículos, claveles en los parabrisas y periodistas encima, no vi nada roto», se despachó con ligereza.
La ex jefa del gabinete de Relaciones Exteriores y Protocolo de la Consejería de Economía de la Generalitat, Anna Teixidó, se sumó a la teoría del «aquí no pasó nada». Intentó quitar hierro a los actos de violencia registrados ante la consejería, y recalcó que puso todo de su parte para colaborar con la comitiva judicial atrapada en el edificio sitiado por los manifestantes: «Ayudé en cuestiones como la clave del wifi o señalarles una sala para descansar». Todo un alivio para los asediados.
«No confunda el escenario»
Por la mañana, Marchena tuvo que volver a desenfundar su mano de hierro para poner en su sitio a Albert Donaire, agente de la policía autonómica y coordinador de Mossos por la República, que se resistió a contestar al letrado de Vox, Ortega Smith, alegando que él no era «el juzgado». «Don Albert, no confunda el escenario, ha sido citado como testigo, se va a limitar a responder a las preguntas. Usted es un agente de la autoridad y está ahora ante la autoridad judicial», le espetó el presidente de la sala. Ya algo más amansado tras el rapapolvo del magistrado, Donaire se escudó en el tan socorrido «no recuerdo» para escaquearse del interrogatorio.
También trató de pasar de puntillas por el juicio Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que, a pesar de haber liderado una entidad con ese contundente nombre aseguró que ni ella ni la AMI habían participado en la organización del referendo ilegal del 1-O y que su labor se limitó a una mera «declaración política».
Otra larga cambiada dieron los directivos de Unipost. Los responsables de la firma aseguraron que no habían cobrado ni un euro de la Generalitat y que se habían «enterado por la prensa» de la incautación por parte de la Guardia Civil de material electoral en la nave de su empresa.
Pero el gran protagonista de la sesión matinal fue Albert Batlle, ex director de los Mossos, que presentó su dimisión como responsable del cuerpo policial catalán tras la renuncia del consejero de Interior Jordi Jané y su sustitución por Joaquim Forn. Batlle justificó su decisión porque consideraba que el giro político del departamento podía derivar en un escenario conflictivo: «No me sentía cómodo con la celebración del 1-O y por cómo podían evolucionar las cosas».
Batlle se sumó así al pelotón de los responsables públicos que, como los consejeros que comparecieron el martes ante el Supremo, decidieron apearse en marcha del tren que desde septiembre del 2017 se lanzó a toda máquina en el Parlamento catalán para descarrilar, ya en octubre, con la consulta ilegal y la posterior aplicación, como solución de emergencia, del artículo 155.
