El Campo de Gibraltar clama por más medios judiciales contra el narcotráfico

Pablo Medina / m. l. LA VOZ / REDACCIÓN

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RAFAEL DIAZ | Efe

La policía reclama más recursos y lamenta que a los narcos «les salga tan barato delinquir»

29 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Los clanes del narcotráfico en el sur de España se han adaptado a un entorno de acciones policiales cada vez más intensas desde el año pasado y han encontrado el filón de su negocio en las zonas adyacentes al Campo de Gibraltar. Localidades como Tarifa y Zahara de los Atunes, en Cádiz, y Manilva, Casares y Estepona, en la costa malagueña, son sus nuevos focos de actividad, que no se ha visto interrumpida pese a las carencias judiciales de la zona.

En España se realizaron el año pasado 14.125 operaciones de tráfico de drogas, de las cuales 3.472 se llevaron a cabo en Andalucía. Esta cifra supone que un cuarto de los casos totales de narcotráfico se efectuaron en esta autonomía, según datos del Ministerio de Interior.

El delegado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en La Línea, Javier López, explica que en el último año «se han incrementado un poco los recursos para combatir el narcotráfico» debido al aumento de vehículos para la policía y la Guardia Civil y la cobertura de vacantes en ambos cuerpos, además del refuerzo de los funcionarios de investigación en todo Algeciras.

El Plan Integral contra el Narcotráfico acordado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de julio, dotó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con ocho millones de euros. Este año la cifra ha aumentado a veinte millones, pero desde el SUP consideran que la ayuda económica es insuficiente debido a la violencia empleada por los narcos. «Se han ido envalentonando, ha habido algún intento de atropello o alguna embestida y mucha culpa de que no se le haya puesto freno a esto es del sistema judicial», asegura el agente, quien incide en que, al no tener procesos penales efectivos, «el mensaje que se da es que no hay represión, y los narcotraficantes siguen con su actividad. Les sale barato».  

Saturación en los juzgados

La gran ventaja que tienen los narcotraficantes en este pulso recae en lo judicial, ya que los juzgados de instrucción de la zona están saturados y hay causas que llevan sin alcanzar su término desde hace meses o incluso años.

El delegado del SUP La Línea afirma que los narcos a veces «no pasan por procesos judiciales o les sale hasta barato ir», sin encontrar represalias por los crímenes que cometen. El presidente de la plataforma Por Tu Seguridad, Por La de Todos, Francisco Mena, asegura que «los juzgados de instrucción no tienen capacidad para llevar estos casos a término porque aún no se ha cumplido la parte judicial del acuerdo [ampliación del número de juzgados] con Marlaska».

La Junta de Andalucía se encuentra a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio de Justicia para poner en marcha los juzgados. El pasado día 20 de marzo, la secretaria general para la Justicia de Andalucía, María José Torres, afirmó que «su voluntad» era «que los juzgados estuviesen disponibles lo antes posible». La habilitación de espacios que alojen las oficinas retrasará aún más si cabe la ejecución de la medida adoptada por el Gobierno.  

La fuerza de los narcos

En el SUP existe la preocupación de que los narcos tengan una red de recursos más ágil que los de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Javier nos transmite la preocupación del cuerpo por este asunto: «Ellos siempre tienen más medios que nosotros. Disponen de vehículos robados de alta gama», cuenta.

La burocracia que gira en torno a las peticiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también es considerada por el sindicalista del SUP como un impedimento en la lucha contra el tráfico de drogas en La Línea. Destaca que los narcotraficantes «de un día para otro tienen lo que quieran. Nosotros tenemos que estar meses peleando, negociando, pidiéndole al Ministerio de Interior o a la Dirección General de la Policía que nos traiga coches justificando por qué. Nos podemos tirar un año para tener 4 o 5 vehículos nuevos y un clan de traficantes consigue lo que quiere en apenas un día».

El agente también se muestra preocupado por las desventajas con las que la Guardia Civil y la policía trabajan con respecto a los narcos: «Es la frustración de ir siempre un paso por detrás», comenta. Sin embargo, se muestra optimista respecto al futuro.

Los capos gallegos adiestraron en los años noventa a sus compañeros de Andalucía

El año pasado se registraron 432 operaciones contra el tráfico de drogas en Galicia, lo que supuso un incremento en la actividad del 16,44 % respecto al 2017 pero que apenas representa un 3 % del total a nivel nacional. Pese a las bajas cifras, la autonomía gallega vivió una etapa trágica por el narcotráfico en la década de los noventa que se ha trasladado al Campo de Gibraltar.

Francisco Mena nos aclara que su plataforma «nació a la vez que las asociaciones gallegas contra el narcotráfico» y que desde entonces están hermanadas debido a las similitudes de los problemas que sufrió Galicia dos décadas atrás y que ahora se quieren evitar en el Campo de Gibraltar. «Primero había contrabando de tabaco, luego se vio que el hachís era más rentable y el siguiente paso fue la cocaína. Es el punto al que nosotros no queremos llegar», especifica.

La experiencia de los narcotraficantes veteranos en Galicia se trasladó al Campo de Gibraltar cuando el negocio pasó del norte al sur de España, según Mena. «Los primeros narcotraficantes que llegaron aquí para enseñarles a los demás cómo llevar una narcolancha son gallegos», recuerda. También apunta que una de las prioridades de la lucha contra el tráfico de drogas es desmantelar las redes mafiosas exportadas desde Galicia: «A nosotros nos preocupa mucho que los que tienen una red y una estructura mafiosa decidan, como pasó en Galicia, hacer un negocio rentable aquí, controlando la cocaína que llega desde Sudamérica», señala. Además, asegura que «se ha visto a gallegos aquí en algunos procesos judiciales por narcotráfico».