La UE niega haber cometido crímenes contra la humanidad con su política migratoria

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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La Unión Europea asegura que han ayudado a rescatar 730.000 personas desde el 2015
La Unión Europea asegura que han ayudado a rescatar 730.000 personas desde el 2015 Guglielmo Mangiapane | Reuters

Abogados internacionales acuden a La Haya para presentar pruebas que implicarían a políticos y funcionarios

04 jun 2019 . Actualizado a las 08:26 h.

«Salvar vidas ha sido nuestra prioridad», aseguró ayer la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud, para salir al paso de las acusaciones vertidas por un grupo de abogados internacionales que han acudido a la Corte Penal Internacional (CPI) para exigir que se investigue a la UE por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.

La plataforma de letrados acudió a La Haya con documentos y pruebas recabadas en los dos últimos años que implicarían a políticos y funcionarios europeos en la puesta en marcha de políticas migratorias proclives a la vulneración sistemática de derechos de migrantes y refugiados en Libia. Según los denunciantes, la externalización de las labores de control de flujos y rescates en el Mediterráneo abonaron el terreno para el abuso, las violaciones, las torturas y las detenciones arbitrarias en el país norteafricano. «Los registros de la UE hablan por sí solos (…) Desde el 2015 pusimos en marcha cuatro operaciones que han ayudado a rescatar 730.000 personas. No es la política d la UE la que causa estas tragedias. Es el cruel y peligroso modelo de negocio de los traficantes de personas», alegó Bertaud, antes de recordar que las labores de entrenamiento de la UE a la guarda costera libia en aguas norteafricanas están orientadas a contener la salida de migrantes «respetando los derechos humanos», algo que niegan las oenegés testigos del asalto de barcazas a punta de pistola. La política de «puertas abiertas» del 2015 derivó en un cambio de timón en la UE, ahora obsesionada por que los migrantes no alcancen aguas internacionales o europeas y que las devoluciones a sus países de origen, sin ofrecer posibilidad a solicitar protección internacional, se efectúen desde la otra ribera del Mediterráneo.

 Aunque la CPI todavía no ha iniciado el proceso, Bruselas asegura que apoyará la independencia de la Corte y cualquier decisión que esta adopte: «Intentaremos colaborar con cualquier requerimiento», sostienen.