El régimen de Maduro entierra sin autorización de la familia al capitán que fue torturado hasta morir

Pedro García Otero CORRESPONSAL / CARACAS

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Un policía abre paso al vehículo donde se transportaba el cadáver del capitbán Rafael Acosta Arévalo al cementerio
Un policía abre paso al vehículo donde se transportaba el cadáver del capitbán Rafael Acosta Arévalo al cementerio Miguel Gutiérrez

11 jul 2019 . Actualizado a las 08:26 h.

Doce días después de que fuese declarado oficialmente muerto a causa de las torturas recibidas mientras estaba en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro, el cadáver del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo fue inhumado en un cementerio privado de Caracas, sin permitir participación de testigos y solo con la presencia de sus familiares cercanos.

El procedimiento es similar al que llevó a cabo el régimen venezolano en el caso del policía Oscar Pérez, que también fue asesinado después de haberse rendido en las afueras de Caracas en enero del 2018. Tras permanecer más de dos semanas en la morgue, el cuerpo de Pérez fue inhumado sin permitirse la realización de una autopsia por un forense independiente.

En el caso de Acosta Arévalo, esta autopsia fue pedida por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero el régimen de Maduro, que califica de «sesgado» el informe publicado por este organismo el 5 de julio, desestimó la petición sin ni siquiera responderla.

La esposa de Acosta, que fue arrestado el 21 de junio, señaló tras visitar la morgue de Caracas que la «inhumación controlada» del capitán no había sido solicitada por ella.

El abogado de la familia del capitán fallecido, Alonso Medina Roa, de la oenegé Foro Penal Venezolano, que asesora gratuitamente a familiares de presos políticos, agregó que «la inhumación controlada podría interpretarse como una acción de cobardía y falta de respecto a la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, y a la sociedad en general [...] Podemos interpretar que el régimen está aplicando una política de ‘yo lo mato, yo lo entierro’», señaló el letrado.

La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional custodió el traslado del cadáver de Acosta Arévalo, y tenía cerrado al público el gigantesco Cementerio del Este, en Caracas.

Según un informe de la autopsia que se filtró a la prensa, el capitán fue molido a golpes a lo largo de una semana de torturas, y llegó agonizante a los tribunales militares, donde solo pedía auxilio. Tenía dieciséis costillas rotas, los hombros desplazados y quemaduras eléctricas bajo las axilas, además de hematomas en toda la cabeza.

Acosta Arévalo fue acusado de formar parte de una conspiración para alzarse contra Nicolás Maduro, junto con otras cuatro personas que permanecen recluidas en la misma sede de la DGCIM, de donde en los dos últimos días han trasladado a decenas de presos políticos, según oenegés defensoras de derechos humanos.

La fiscalía de Tarek William Saab, controlada por Maduro, ha imputado a un sargento de 22 años y a un subteniente de 23, calificando los malos tratos de «homicidio preterintencional» (culposo) y no imputándolos por tortura, que tiene una pena mucho mayor, en un evidente intento de aislar un hecho que, según el propio informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, es sistemático en Venezuela: la tortura y tratos crueles contra la disidencia política.