El juez Marchena pide que se reforme la responsabilidad criminal de los partidos
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Solicita que cambie el Código Penal para eliminar la disolución de las formaciones como condena
24 jul 2019 . Actualizado a las 00:30 h.El juez Manuel Marchena propone una reforma de la responsabilidad penal de los partidos políticos para evitar que puedan ser disueltos a nivel nacional por delitos cometidos en alguna de sus agrupaciones. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aclarado que no ve obstáculo constitucional a la reforma del Código Penal del 2012 que amplió a los partidos políticos la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya estaba reconocida para las empresas.
No obstante, ha añadido que teniendo en cuenta que la Constitución reconoce que los partidos políticos son el instrumento para la expresión de la voluntad popular «hay que reformar las penas», informa Europa Press.
A su juicio esta reforma debe procurar «evitar la disolución, la administración judicial o incluso la suspensión del partido político y hay que ir a una propuesta dogmática que redefina el sentido formal de la persona jurídica y permita compartimentar los focos políticos de decisión».
Marchena ha comentado que la introducción en el 2012 en el artículo 31 bis del Código Penal de la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas fue controvertida e inicialmente no estaba prevista. «Suscitó dudas y controversia», ha recordado el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, para quien «el debate está aún abierto porque los partidos políticos son el vehículo para la expresión de la voluntad popular, según está recogido en la Constitución».
Marchena ha insistido en que «no hay un obstáculo constitucional para entender que un partido político pueda ser responsable penal por un determinado hecho delictivo pero sería indispensable una adaptación de las penas que se le pueden imponer para impedir, por ejemplo, su disolución».
«La corrupción en una determinada agrupación local de un partido no puede dejar sin referencia política a todos aquellos ciudadanos que en otras partes del territorio nacional se sientan identificados con esa opción», ha mantenido.
«Hay que adaptar las penas, pues no se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto, geográficamente localizado y que es subsanable con la condena de los responsables de forma individualizada», ha subrayado. Y además se ha preguntado: «¿Alguien se imagina a un partido político administrado judicialmente desde la Audiencia Nacional? Esto no tiene ningún sentido».
200 fiscales apoyan a Segarra
Más de 200 fiscales firmaron un escrito de apoyo a la fiscal general del Estado, María José Segarra, como respuesta a las críticas que recibió por su trabajo en el juicio por el 1-O, en el que respetó el criterio de los fiscales de sala que acusaron a los líderes independentistas por rebelión. Dieron las «gracias» a Segarra «por hacer visible el trabajo discreto y minucioso de muchos compañeros» y por dignificar» su tarea.