El Gobierno quiere mutualizar el coste político del pago por usar las autovías

Pretende un pacto que surja de las conclusiones de una subcomisión parlamentaria

Pórtico de peaje en una autovía portuguesa
Pórtico de peaje en una autovía portuguesa

Redacción

Es evidente que el asunto del pago por las autovías es impopular, y que incluso hay sectores que se verían muy afectados -el transporte de mercancías por carretera- y que tienen la fuerza suficiente para paralizar un país si deciden movilizarse en contra de una medida como esta. Pero al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, parece no afectarle el desgaste político que supone tan solo lanzar estos globos sonda. Lo hizo ya en vísperas de precampaña en la pasada legislatura y lo vuelve a hacer ahora, cuando puede que también se estén calentando los motores de una nueva convocatoria electoral. Aunque en realidad la estrategia del Ejecutivo será mutualizar el coste político de una decisión tan compleja y comprometida, buscando un acuerdo de mínimos para una política de Estado como es el sostenimiento de la red de autovías de España, tal vez dentro de pacto más amplio sobre infraestructuras.

Pero en realidad apenas hay algo nuevo respecto a los anteriores intentos de Ábalos por poner sobre la mesa la sostenibilidad de la red de autovías gratuitas, tejida desde que a mediados de los 80 el Gobierno de Felipe González iniciara el desdoblamiento de las carreteras radiales, que después hubo que mejorar mediante contratos concesionales que aún está pagando Fomento. «No hay nada nuevo, salvo la declaración de intenciones ya conocida», explican en el ministerio. Con una variable añadida que es muy relevante: el Gobierno de Sánchez está en funciones y hasta que se renueve el Consejo de Ministros no se puede tomar una decisión de este alcance.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta vez ayudó a Ábalos a poner en vuelo el nuevo globo sonda, reconoció ayer que no había ninguna propuesta en este sentido «sobre la mesa», mientras, paradójicamente, defendía en su tierra andaluza los esfuerzos del Ejecutivo central por eliminar el peaje entre Sevilla y Cádiz, una de las escasas concesiones de pago que hay en esa comunidad. «No hay novedad», reconoció, sino los mismos informes técnicos que están sobre la mesa del ministro de Fomento desde hace un año.

La hoja de ruta sería muy parecida al de la pasada legislatura: crear una subcomisión de estudio en el Congreso, dentro de la Comisión de Fomento, en la que se analice «la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado». No dio tiempo a crear esta subcomisión, pues dependía de un acuerdo del Pleno que al final no se llegó a votar. Fuentes del PP aseguran que ellos no se oponen a la creación de esta subcomisión, «pues es razonable tratar estos asuntos». Otra cosa es que finalmente los dos principales partidos se pongan de acuerdo con la espinosa medida de cobrar por autovías que actualmente son gratuitas, después de no haber tomado esta medida en plena crisis económica, como hizo Portugal en el 2011. Aunque quizás podría rebajarse ese desgaste con una estrategia global que rebajara los actuales peajes en autopistas.

La subcomisión

En la propuesta que no llegó a votarse, los socialistas recordaban que en España hay cerca de 12.000 kilómetros de vías de alta capacidad, de las que cerca de 2.800 son autopistas de peaje. Para que estas vías sean seguras, recordaban, es «primordial» invertir en conservación, y se consideraba insuficiente los algo más de 755 millones que se aprobaron en los Presupuestos del Gobierno de Rajoy actualmente vigentes. En el proyecto de las cuentas del Estado del Gobierno de Sánchez se elevaba la cifra a cerca de mil millones, pues sitúan el déficit de mantenimiento en unos 2.000 millones entre el 2013 y el 2017, sobre todo en reposición de firmes. Mientras la red seguía creciendo de forma imparable, el dinero para conservación descendía un 27 %. Solo hay que circular por las autovías españolas para darse cuenta del efecto de estas políticas.

Esta hoja de ruta es la que retomará el nuevo Gobierno de Sánchez cuando se constituya. Aunque parece que es una política que compartiría el Ejecutivo -a través de la ministra de Hacienda- habrá que ver si Ábalos sigue al frente de Fomento o si su eventual sucesor está de acuerdo con lo que han denominado «un pago simbólico».

En su propuesta parlamentaria anterior -la subcomisión iba a durar seis meses-, no había referencias directas al pago por el uso de las infraestructuras, sino menciones eufemísticas. Se planteaban analizar «distintos modelos de financiación» y «establecer alternativas para la sostenibilidad».

 

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