Montero intenta aplacar a las comunidades y dice ahora que «buscará fórmulas» para pagar

Feijoo exige a Sánchez una reunión «urgente y monográfica» sobre financiación autonómica tras el bloqueo del ministerio

Moreno Bonilla y Feijoo en una imagen de archivo
Moreno Bonilla y Feijoo en una imagen de archivo EUROPA PRESS

Redacción

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno «busca fórmulas» para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y «sortear» el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías. Es una manera de intentar apaciguar a las comunidades, también las del PSOE, que en las últimas semanas han denunciado la asfixia a las que les somete el Gobierno por no pagar las entregas a cuenta del 2019. 

En una entrevista con Onda Cero, tras bloquear el PSOE su comparecencia en el Senado, Montero ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero ha dejado claro que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 el criterio de que «un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo». Respecto a las críticas de la oposición que han reprochado al Gobierno que se acogiese a un informe que hasta ayer no existía, Montero ha respondido que los informes jurídicos «pueden ser verbales o escritos» y ha reiterado que «no ha habido ningún cambio» en el criterio de la Abogacía del Estado, que es «el mismo que tenía cuando gobernaba el PP».

Montero ha explicado que se pidió a la Abogacía de Estado que lo pusiese por escrito y así se ha hecho. «Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un Ejecutivo en funciones», ha señalado.

La ministra también ha recordado que esta situación es consecuencia del «bloqueo» al que el PP, Cs y Podemos tienen sometido al Gobierno, y que ha impedido que se actualizasen las entregas a cuenta.

Y mientras, las reacciones de las comunidades se suceden. «El Gobierno de España se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019». El presidente de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha lanzado hoy una reclamación «urgente» para que el Gobierno de Pedro Sánchez convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica, una reunión que lleva dos años sin concocarse y con la que se avanza en la reclamación iniciada por la Xunta y seguida por el resto comunidades autónomas, incluidas las dirigidas por el PSOE. Esa reclamación también la suscribe la Xunta de Galicia.

En un mensaje en Twitter, su presidente, Alberto Núñez Feijoo, considera que «un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato». 

En total, son alrededor de 4.700 millones de euros lo que el Estado adeuda a las comunidades por no actualizar las entregas a cuenta, el dinero que reciben de la cesta de tributos para sufragar servicios públicos transferidos, como la sanidad o la educación. Es un agujero considerable que se está convirtiendo en un rompecabezas para los gobiernos autonómicos, abocados a endeudarse para afrontar sus compromisos, o directamente aplicar nuevos recortes por ese incumplimiento del Estado. Solo en el caso de Galicia suponen 330 millones, que junto a otras deudas del Estado alcanzan los 700 millones.

Y estos 4.700 millones que reclaman las comunidades al Gobierno es el grueso de un conjunto de deudas que alcanzan en total los 6.600 millones de euros, según se desprende de las manifestaciones públicas que han ido realizando este agosto diferentes cargos autonómicos. Galicia es la tercera en ese ráking. El último en poner cifras a su problema ha sido Castilla y León, que ha demandado en una carta 440 millones de euros entre las entregas a cuenta y otros fondos; principalmente compensaciones por el cumplimiento del déficit, o más relevante, una mensualidad del IVA del 2017. Esto último son cantidades con los que contaban ya las comunidades el ejercicio pasado, y que se han ido arrastrando desde entonces. En Galicia son 200 millones, que sumados a las entregas y a otras compensaciones alcanzan los 700 millones de euros. Sobre un presupuesto anual de 9.000, un palo considerable.

Servicios esenciales

¿Y qué sucederá si no llega ese dinero en los próximos meses? Solo hay dos vías posibles para evitar el colapso de las administraciones autonómicas: o reducción de gasto en el último tercio del año, o endeudamiento mayor para poder cumplir con los compromisos adquiridos; pero, a la vez, se podría incumplir el déficit.

La Xunta no ha aclarado aún por qué vía tendrá que optar. Lo cierto es que tiene margen para endeudarse o, por ejemplo, retrasar pagos a proveedores. Lo que Facenda recuerda es que teniendo unos gastos fijos comprometidos (empezando por el pago de 90.000 nóminas), si no dispone de ese dinero que le corresponde se verán comprometidos servicios públicos esenciales.

El PSOE protege a Montero y evita que explique la asfixia a las comunidades

Domingos Sampedro / Rubén Santamarta
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero

El Gobierno admite ahora que no dispone del informe que autorizaría los pagos

Son alrededor de 4.700 millones de euros lo que el Estado adeuda a las comunidades por no actualizar las entregas a cuenta, el dinero que reciben de la cesta de tributos para sufragar servicios públicos transferidos, como la sanidad o la educación. Es un agujero considerable que se está convirtiendo en un rompecabezas para los gobiernos autonómicos, abocados a endeudarse para afrontar sus compromisos, o directamente aplicar nuevos recortes por ese incumplimiento del Estado. Solo en el caso de Galicia suponen 330 millones, que junto a otras deudas del Estado alcanzan los 700 millones.

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