La presidenta interina de Perú dimite en mitad de una crisis política salpicada de corrupción
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Fue nombrada por el Congreso después de que Vizcarra decidiese disolver la Cámara
03 oct 2019 . Actualizado a las 08:58 h.La corrupción política planea sobre una crisis constitucional peruana que sumó ayer nuevos capítulos para la Historia, después de que el lunes el presidente, Martín Vizcarra, decidiese disolver el Congreso, de mayoría opositora, apoyándose en la Carta Magna, y convocar elecciones legislativas para enero del 2020. Lo hizo ante el bloqueo a sus iniciativas anticorrupción y tras denunciar maniobras de la oposición para controlar la judicatura.
Los diputados, en cambio, desobedecieron la orden, denunciaron un «golpe de Estado», y nombraron a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, del opositor partido Aprista, como presidenta interina de Perú. La situación cambió a última hora del martes, cuando Aráoz decidió dimitir de su nuevo cargo. «No hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la república», señaló en Twitter, donde denunció la ruptura del «orden constitucional».
Vizcarra salía, de esa forma, fortalecido del envite del lunes. El presidente es apoyado tanto por la Policía como por el Ejército, además de por los gobernadores regionales y amplios sectores de la población que ven al Congreso como corrupto y ha pedido en la calle «que se vayan todos».
Algunos analistas creen, sin embargo, que ese apoyo al presidente podría comenzar a erosionarse poco a poco. Vizcarra, a través de su primer ministro, anunció ayer la decisión de finalizar su mandato y permanecer en el cargo hasta julio de 2021, mientras Aráoz, como parte de la oposición, y sectores de la sociedad civil le piden que convoque elecciones presidenciales, además de legislativas, el año próximo.
El presidente, que no puede renovar su cargo, había propuesto comicios al Congreso la pasada semana, pero la mayoría de los diputados votó en contra de unas elecciones generales. La nueva situación parece haber cambiado la opinión de ambas partes.
Sobornos de Oderbrecht
Sobre todo el entuerto político planea el caso de los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica a todos los presidentes del siglo XXI previos a Vizcarra, y también a la líder opositora, Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por haber presuntamente aceptado dinero de la caja B de la multinacional para sus campañas electorales.
Varios miembros de la Fiscalía viajaron ayer a Curitiba, en Brasil, para tomar nuevas declaraciones a Jorge Barata, exjefe de la compañía en Perú. Esperaban que desvelase el nombre de al menos 71 peruanos que aceptaron grandes sumas de la Caja B de Odebrecht. Entre ellos podría haber varios congresistas. El registro de la constructora, sin embargo, está en clave, y los investigadores anunciaron ayer que podrían necesitar más tiempo para «decodificar» a los involucrados.
Vizcarra, los diputados que apoyan su decisión, una parte importante de la sociedad civil e importantes juristas consideran que el Congreso intentaba maniobrar para cambiar de forma exprés a los magistrados con mandato vencido del Tribunal Constitucional (TC) e introducir a juristas afines.
El lunes, el Congreso nombró al primo hermano del presidente de la Cámara, Pedro Olaechea, como nuevo miembro del máximo tribunal, levantando las críticas de los afines a Vizcarra. El líder del Parlamento insistió ayer en el nombramiento y envió una misiva al Tribunal Constitucional para que acepte con celeridad a su familiar.
La Organización de Estados Americanos le ha pedido a esa cámara que decida si la disolución del parlamento es o no Constitucional.
Vizcarra se apoyó en un artículo de la Carta Magna que permite cerrar el parlamento si se niegan dos mociones de confianza al Ejecutivo. El presidente cree que el legislativo le negó la segunda, interpuesta el lunes, pero los diputados alegan que simplemente no era la primera votación del orden del día y que la iban a discutir tras el nombramiento de magistrados del TC.
Mientras tanto, un diputado, Roberto Vieira, acusado de tráfico de influencias, ha intentado con insistencia salir del país rumbo a EEUU, sin éxito, al haber sido cancelado su pasaporte diplomático.