Sánchez, obligado a rescatar la calculadora por las exigencias de ERC

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID / LA VOZ

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El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos; la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; y la portavoz adjunta de la formación catalana, Carolina Telechea, durante una reunión, el pasado septiembre
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos; la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; y la portavoz adjunta de la formación catalana, Carolina Telechea, durante una reunión, el pasado septiembre Eduardo Parra - Europa Press

Rufián condiciona su apoyo a que el PSOE acepte una negociación «de igual a igual»

27 nov 2019 . Actualizado a las 10:07 h.

La abstención de ERC o la de Ciudadanos. Son los únicos caminos viables para que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acabe cristalizando en un Gobierno de coalición. El secretario general socialista necesita que al menos una de estas dos formaciones se abstenga en una hipotética votación de investidura para la que todavía falta la ronda de consultas de los líderes con Felipe VI y que el jefe de Estado lo proponga como candidato a la presidencia. El presidente del Gobierno prueba todas las combinaciones posibles aliándose con formaciones minoritarias en el Congreso, pero al final la calculadora siempre le muestra que la única forma de resolver la ecuación es convenciendo a Oriol Junqueras o a lo que queda Ciudadanos. Y ninguna de las dos parece sencilla.

Los secesionistas catalanes determinaron este martes su precio para bendecir al bipartito: una mesa de negociación entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo central, «de igual a igual», especificó Gabriel Rufián. El portavoz de los republicanos en la Cámara Baja fue muy claro cuando aseguró que, para conseguir su voto, Sánchez deberá estampar su firma en un documento que determine las reglas del juego de esta negociación entre Gobierno autonómico y Gobierno central, y que básicamente se pueden resumir en dos fundamentales: que no existan líneas rojas a la hora de abordar temas y que el Ejecutivo ofrezca garantías de cumplimiento sobre los acuerdos a los que se vayan llegando en dicha mesa.

Un precio elevado e inasumible para Sánchez, que desde su reunión con Torra en Pedralbes conoce de primera mano que tras toda esta escenificación solo hay una demanda: un referendo para la independencia. 

Inicio de las negociaciones

Este jueves arrancan las negociaciones entre ambos partidos. El propio Rufián será el encargado de encabezar la delegación de ERC, de la que también formarán parte la secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta, y el presidente del consejo nacional de los republicanos y dueño de la agenda incautada por la Guardia Civil en la que se recogían todas las claves del 1-O, Josep Maria Jové. Por parte de los socialistas, asistirán la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el secretario de organización del PSC, Salvador Illa.

Ábalos ofreció este martes una buena pista de hacia dónde pueden ir los tiros al señalar posibles «puntos de encuentro» entre ambas formaciones como «perfeccionar el autogobierno o mejorar el sistema de descentralización en España», unas declaraciones que encajan con la reivindicación del PSC de Iceta para transformar España en un Estado federal.

Sánchez buscará las rebajas de Navidad, pero su gran problema es que ERC no puede permitirse aflojar debido al acoso de JxCat, con un Torra que amenaza con una convocatoria electoral.

Y si el acuerdo con ERC para sacar adelante la investidura está complicado, más difícil todavía pinta con Ciudadanos, que tras el abandono de Rivera después de su debacle electoral bastante tiene con lidiar con sus problemas internos. Parece que Arrimadas se hará con el timón, pero no será hasta marzo cuando lo asuma de forma oficial. A pesar de las voces disonantes que podrían aflorar en el partido tras la marcha de su único presidente hasta la fecha, ni una sola se muestra partidaria de facilitar un Gobierno en el que esté Podemos. 

Presiones para la gran coalición

La gran coalición está casi descartada, ya que ni Sánchez ni Casado la quieren, aunque ambos continúan recibiendo presiones para que se sienten a hablar. La plataforma El país que reúne, impulsada por los históricos socialistas Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, presentó ayer un manifiesto apoyado por 300 personalidades de la política, entre las que se encuentran los coruñeses César Antonio Molina o Francisco Vázquez, pidiendo un pacto entre PSOE, PP y Cs para alejar a «los populistas» del Gobierno.

Galicia en Común moviliza a 28.060 inscritos para la consulta sobre la alianza con el PSOE 

s. l. l.

Un total de 28.060 inscritos de Podemos Galicia y militantes de Esquerda Unida están llamados, desde el pasado día 23 hasta las 10.00 de este miércoles, a la consulta sobre su apoyo a un Gobierno de coalición entre el PSOE y la formación morada. La pregunta a la que deberán responder las bases es la siguiente: «¿Estás de acuerdo con que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?». El resultado, que es vinculante para Unidas Podemos, es especialmente significativo en el caso de Galicia, ya que, de salir adelante la coalición, se abriría la posibilidad de que la ferrolana Yolanda Díaz sea nombrada ministra. Ella es la preferida de Pablo Iglesias, aunque hay otros candidatos en liza, como el coordinador federal del partido en el que ella milita, Alberto Garzón.

Los inscritos gallegos de Podemos se han expresado de forma irregular en anteriores consultas. En las primarias celebradas en el 2018, cuando Antón Gómez-Reino se hizo con la secretaría xeral de Podemos Galicia frente a Carolina Bescansa, solo votaron 3.172 de los 25.000 inscritos con derecho a voto. En cambio, cuando se les preguntó sobre el chalé de Galapagar, la participación superó las 8.500 personas. En toda España son 523.436 los inscritos, pero solo tienen derecho a voto los que figuran como activos; es decir, 228.400.

Con antelación hablaron los militantes del PSOE, que avalaron el acuerdo con Unidas Podemos con un 92 % de los votos. ERC, partido necesario para la investidura de Sánchez, obtuvo un apoyo masivo de la militancia.