El PSOE pretende rebajar la sedición sin oír a los jueces y En Comú quiere derogarla

El Ejecutivo esgrime la necesidad de armonizar el Código Penal con la UE, pero cada país tipifica y castiga de forma muy distinta este delito

Adriana Lastra, este jueves, con el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón
Adriana Lastra, este jueves, con el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón

Madrid / La Voz

El Gobierno quiere acelerar la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición y beneficiar a los presos del procés sin que intervenga la Justicia. Para ello, pretende presentar la reforma como una proposición de ley del Grupo Socialista, y no como un proyecto de ley del Gobierno. Con ello evitaría que se pronunciaran previamente el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El Gobierno argumenta la necesidad de armonizar el delito de sedición con el de los países europeos. «Europa nos ha mandado un mensaje», asegura la vicepresidenta Carmen Calvo, aunque el único tribunal que se ha pronunciado en firme es el del estado alemán de Schleswig-Holstein, con una población igual que la de Galicia, que rechazó el delito de rebelión en el procés, no el de sedición.

El argumento del Gobierno choca con el hecho de que no es posible acomodar la legislación española a la europea en esta materia porque no hay una tipificación común de la sedición y cada país aplica penas diferentes a los delitos equiparables. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas, experto en delitos de rebelión y sedición, explica a La Voz que «no existen en los códigos penales de nuestro entorno europeo figuras similares a la sedición» y que, aunque la rebelión o las conductas similares se castigan en todos los códigos penales, «bien como insurrección o como atentado contra la Constitución», no ocurre lo mismo con la sedición. A su juicio, este último delito «tenía que haberse derogado hace años» en España porque está inspirado en una concepción del orden público «muy autoritaria», que lo equipara al «orden político».

«Rebelión y sedición caminaron juntas durante 170 años, hasta que el Código Penal de 1995 las separó». Algo que, según su criterio, «fue un error». García Rivas, que concluye que «el único futuro de ese delito es su derogación». Esa es la intención de En Comú Podem, socio del PSOE en el Gobierno, cuyo portavoz, Jaume Asens, pidió este jueves que se derogue el delito de sedición, lo que pondría directamente en la calle a los presos. La tipificación de la sedición y sus penas son muy variadas en Europa, como señala el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid Antonio Jabato. 

Alemania

Hasta 10 años. El delito equiparable al de sedición era el Aufruhr (tumulto o revuelta). Fue eliminado en una reforma de 1970. Ahora, lo más parecido sería el delito de resistencia violenta o con amenaza de violencia a un funcionario destinado a la ejecución de las leyes. La pena prevista es de tres a cinco años de cárcel. Alemania castiga también los intentos de modificar la Constitución de la Federación o la de un Estado Federal, o la separación de una parte de este si concurre la violencia o la amenaza de violencia. Las penas previstas en ambos casos superan los 10 años de cárcel. 

Francia

De dos a cinco. En Francia, la sedición es un tipo agravado del delito de rébellion, aunque esta no se entiende como en España, ya que consiste en oponer resistencia violenta a una «autoridad pública o encargada de una misión de servicio público». La rebelión conlleva de dos a cinco años de cárcel, dependiendo de o si es o no armada. Y llega hasta diez si es colectiva y armada. 

Italia

Hasta 15 años. El delito análogo a la sedición sería el de violencia y resistencia colectiva a un funcionario. La pena puede llegar a los 15 años de cárcel si la violencia o la amenaza la cometen más de diez personas, aunque sea sin uso de armas, para forzar a un funcionario a hacer un acto contrario a sus deberes u omitir un acto de oficio. 

Bélgica

De 5 a 10. El delito más cercano a la sedición española sería la rébellion en réunion, que es todo ataque y resistencia con violencia contra funcionarios que actúan en ejecución de las leyes. Si el delito es fruto de un concierto previo, la pena es de 5 a 10 años para los rebeldes armados y de 1 a 5 años si no portan armas. 

Suiza

Al menos un año. En Suiza sí está vigente el Aufruhr, que es una modalidad agravada del delito de resistencia violenta con intención de sublevarse contra la autoridad. Castiga con al menos un año de cárcel los actos tendentes a «modificar por la violencia la Constitución o la Constitución de un cantón». 

Lastra admite que el PSOE se plantea tramitar la reforma como proyecto de ley

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió este jueves que la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso que prevé rebajar la pena por sedición y agravar la de rebelión podría tramitarse a través de un proyecto de ley aunque «se están valorando distintas opciones». Aclaró que quien impulsa la revisión es el Gobierno y, por tanto, «correspondería un proyecto de ley, pero tampoco se pueden descartar otras opciones como la proposición de ley». «Lo que sí pretendemos es que sea una reforma amplia, que recoja nuevos delitos como la aporofobia, el consentimiento expreso cuando se trata de delitos sexuales, la protección de los menores de abusos y, por supuesto, los delitos de sedición, rebelión y demás», indicó. El motivo de reformar estos dos últimos delitos es, según dijo, que el Gobierno se ha dado cuenta de que España tiene que homologar el Código Penal con los textos de otros países de la Unión Europea para no tener discrepancias «como hubo en el pasado con la Justicia belga, alemana o británica». 

Cuentan con la CUP y JxC

El portavoz en el Congreso de En Comú Podem, socio del Gobierno de coalición, Jaume Asens, se mostró a favor de derogar el delito de sedición, que calificó de «reliquia del pasado», o en su defecto de revisar su tipificación penal. Señaló que, aunque los dos socios del Ejecutivo aún no han cerrado una propuesta concreta para sacar adelante la medida, están seguros de aprobarla porque, según dijo, cuentan también para ello con la CUP y Junts per Catalunya.

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