Nuevo varapalo a la jueza De Lara: archivan la pieza de la Pokémon sobre la financiación del PSOE de Santiago

La Voz SANTIAGO

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OSCAR CELA

La decisión se toma a instancias de la Fiscalía, que reprocha a la magistrada que desde el 2013 tuviese paralizada la investigación contra Bernardino Rama y otras tres personas

28 ene 2020 . Actualizado a las 20:05 h.

Nuevo varapalo para la jueza de Lugo Pilar de Lara y a la forma en la que ha dirigido la investigación de la macrocausa bautizada como operación Pokémon. La pieza separada relativa a la supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago, que se remitió en su día a un juzgado de la capital gallega, ha sido archivada porque la magistrada mantuvo paralizada la instrucción durante más de cinco años y porque han prescrito los presuntos delitos por los que imputó al que fue secretario xeral de los socialistas compostelanos, Bernardino Rama, y a otras tres personas.

El carpetazo a este asunto también supone el fin de las actuaciones judiciales contra Antonio Luis Murcia Piñeiro, responsable de la ya extinta Imprenta Ibérica, y dos directivos de la empresa Aquagest, José Luis Míguez Rey y Henry Gómez Laíño. Todos ellos figuraron como investigados en la causa desde el 2013 sin que en todo este tiempo haya aparecido ningún indicio o prueba porque, como advierte la Fiscalía en su demoledor informe pidiendo el archivo de las actuaciones, De Lara «no acordó ni practicó diligencia de investigación alguna dirigida al esclarecimiento de los hechos objeto de la misma, de auténtico contenido material o sustancial que implicara una efectiva prosecución del procedimiento».

En ese mismo informe, la Fiscalía reprocha a la jueza de Lugo que en todo este tiempo se limitase a «incorporar copia de los autos de prórroga del secreto de actuaciones que se acordaba en la causa principal, a acordar la complejidad de la causa, a solicitud del ministerio fiscal, por auto de 3 de junio del 2016, y a fijar un plazo máximo para la instrucción en auto de 24 de julio del 2018, que fue posteriormente revocado por la Audiencia Provincial de Lugo al haber sido dictado fuera de plazo».

Precisamente, por mantener paralizadas las investigaciones, entre otras causas, de la operación Pokémon, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con siete meses y un día de empleo y sueldo a Pilar de Lara. Un castigo que le supondría el cambio obligatorio de destino y que tuviese que dejar Lugo. La jueza pidió la suspensión al Tribunal Supremo, que no estimó su petición.

El archivo del asunto que afectaba a Bernardino Rama y a otras tres personas aún no es firme. El auto de la jueza de Santiago que lo dicta tiene fecha de 24 de enero, pero cabe recurso de reforma en tres días o de apelación en cinco. Sin embargo, como es la Fiscalía la que solicita el sobreseimiento no tendría sentido que lo recurriese una vez adoptado.

Las facturas de la Imprenta Ibérica

La pieza separada de la operación Pokémon por la que la jueza de instrucción de Lugo Pilar de Lara imputó a Bernardino Rama tenía por objeto esclarecer una supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago —la magistrada también investigó al PP local por el mismo motivo— utilizando supuestamente a la empresa Imprenta Ibérica que, junto a otras sociedades, entre ellas Aquagest, habría elaborado facturas falsas. De ahí los otros tres implicados en la instrucción como responsables de estas empresas. La magistrada entendía que podía haberse producido un delito electoral y otro de falsedad documental.

De Lara emprendió esta investigación a raíz de las intervenciones telefónicas emprendidas en el 2012 en el marco de la operación Pokémon. Sin embargo, no fue hasta el 2013 cuando requirió a Imprenta Ibérica que presentase documentación y llamó a declarar a los imputados, que ya nunca más volvieron a tener otra noticia de este asunto que la decisión de que fuese un juzgado de Santiago, el de instrucción número 3, el que se encargase de las pesquisas. El mismo que ahora ha decidido archivarlas.

Dos son las razones por las que tanto la Fiscalía como la jueza de instrucción de Santiago entienden que debe sobreseerse este caso: que al haber pasado tanto tiempo los delitos han prescrito y que ahora ya sería imposible llevar a cabo una investigación judicial efectiva sobre ellos.