El CGPJ le había impuesto una falta muy grave de desatención. La defensa de la juez anuncia un nuevo recurso
28 ene 2020 . Actualizado a las 18:46 h.La Sala III del Tribunal Supremo ha comunicado esta mañana que no acepta a la suspensión cautelar de la sanción de 7 meses y 1 día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la jueza Pilar de Lara por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto cierra las puertas a De Lara para poder mantenerse en su puesto en Lugo; tendrá que dejar su plaza y concurrir para una nueva.
El Supremo rechaza la suspensión cautelar pedida por la jueza, que ponía de manifiesto que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.
La Sala contesta que, «ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia».
Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. «No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales», dice el auto.
Recurso de la jueza
Tras conocer la noticia, la magistrada presentará un recurso ante la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente la sanción que lleva aparejada la pérdida de destino. Así lo confirmó el abogado Agustín Azparren, letrado que ha defendido a De Lara en el proceso disciplinario por retrasos injustificados el CGPJ. Azparren precisó que la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir esa resolución ante el Supremo, además de confirmar que, en este momento, dispone de nueva documentación, pruebas de las que carecía cuando presentó el primer recurso, cuya resolución acaba de conocerse.
El letrado precisó que «las estadísticas» eran «muy negativas» para los intereses de la magistrada, ya que en treinta años solo fueron estimadas dos solicitudes de suspensión cautelar de sanciones impuestas por el CGPJ. En los próximos días se conocerá cómo y en qué plazos abandonará su despacho.
