El Poder Judicial, sobre De Lara: «Conducta infractora, descontrol y falta de supervisión»
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El Consejo General del Poder Judicial justifica su decisión de desestimar el recurso de la jueza, lo que supone apartarla de su puesto en Lugo. Aún puede recurrir al Supremo
08 nov 2019 . Actualizado a las 09:28 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) notificó en las últimas horas a la jueza Pilar de Lara el acuerdo tomado el 26 de septiembre que desestimaba su recurso de alzada y confirmaba la sanción de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo y la pérdida de la plaza en Lugo. Ahora solo falta lo que pueda decir en los próximos dos meses el Tribunal Supremo, al que la jueza anunció que recurrirá..
El informe del órgano sancionador del Consejo General del Poder Judicial es demoledor al analizar la forma de trabajar de Pilar de Lara: «Muchas irregularidades detectadas, como paralizaciones o largos períodos de inactividad sin resolver las diligencias de investigación o instrucción; no dictar resoluciones en plazos mínimamente razonables; diligencias que fueron consideradas inútiles o prospectivas [buscar posibles delitos de cualquier tipo sin tener evidencia] y por ello inadecuadas para el esclarecimiento de los hechos; apertura de piezas para no acordar ninguna actividad en ellas; abandono selectivo de causas en el despacho; recopilación ingente de documentos; desorden cronológico en la formación de autos; confusión de resoluciones en la causa principal y piezas separadas, evidenciando en definitiva un retraso y dejación generalizada [...] sin un mínimo control de la evolución de la instrucción y falta de exigencia al personal del juzgado del cumplimiento de sus obligaciones».
En definitiva, el Consejo entiende que el juzgado funcionaba de forma tan irregular que violaba literalmente los derechos de los administrados, y así lo dice en algunos párrafos: «Corresponde al juez de instrucción buscar un equilibrio entre el interés del Estado en la persecución de hechos y actos punibles [...] y garantizar al mismo tiempo el respeto por los derechos de los intervinientes en la investigación penal», dice el documento, de 104 páginas. A lo largo de la exposición van quedando reflejadas casi cien irregularidades, especificadas una a una, desde olvidos de documentos a largos paréntesis de hasta tres años sin tomar decisiones. Y a pesar de que en algunos casos el sumario tiene decenas de imputados con algunos de sus bienes bloqueados y sus derechos reducidos. Lo cual le reprocha la comisión disciplinaria de la siguiente manera: «La instrucción criminal [...] faculta para adoptar medidas cautelares que puedan afectar a derechos fundamentales de la persona, pero debe respetar algunos principios como el derecho de defensa, a conocer la imputación, de contradicción e igualdad entre las partes, para garantizar la legalidad del procedimiento».
Pero el Poder Judicial sigue abundando: «El reproche [a la jueza] no es solo por los retrasos y paralizaciones, sino más bien por el descontrol por parte del magistrado sobre los procedimientos penales seguidos en el juzgado; y no tanto por su número nada desdeñable, como por el desorden injustificado en la tramitación de los asuntos, que llega a producir la denegación a los justiciables de su derecho a la tutela judicial efectiva, hecho de capital importancia, ante la ausencia de explicación alguna». «Tampoco explica por qué no concedió prioridad a tramitar los asuntos más antiguos, algunos de los cuales ya fueron objeto de advertencia por la inspección en la visita de mayor del 2009», concluye el dictamen del Consejo General del Poder Judicial.
El abogado de Orozco no entiende que siga al frente del juzgado
El abogado que se ocupa de la defensa del exalcalde de Lugo José López Orozco aseguró ayer que el hecho de que la jueza Pilar de Lara siga al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense podría desembocar en una «cadena de nulidades» después de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. El letrado, Gregorio Arroyo, dijo a Efe que el hecho de que la jueza Pilar de Lara, instructora de causas como la Pokemon o la Garañón, siga al frente del juzgado, «contraviene incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial».
El abogado del exalcalde asegura que esta situación es «rarísima, porque la sanción es firme desde el momento en el que se agota la vía administrativa y se le notifica, con independencia de que recurra al Tribunal Supremo». Y siguió diciendo: «Tendría que haber abandonado ya el juzgado. No sé si puede haber incluso un delito de desobediencia por parte de la magistrada». A su juicio, «la ley es clara y la sanción es ejecutiva cuando se agota la vía administrativa, por lo que al permanecer al frente del juzgado, y seguir dictando resoluciones, puede dar lugar a una cadena de nulidades», concluyó el abogado de Orozco.
Y, efectivamente, la regla general reza lo que dice el abogado Arroyo. Sin embargo, existe un artículo que posibilita que la comisión disciplinaria deje sin efecto la sanción cuando el afectado anuncia su decisión de recurrir al Supremo. Y el sentido de este artículo es el de no provocar un daño mayor en el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiese el recurso de la jueza y le revocase la sanción. Aunque estadísticamente es muy raro que los jueces del Tribunal Supremo desautoricen al órgano de gobierno de los jueces, lo cierto es que esa posibilidad existe. Y si ahora la jueza sancionada abandonase el juzgado y se nombrase un sustituto, en el hipotético caso de que el Supremo le diese la razón a ella, tendrían que volverse atrás los cambios de destino, con la consiguiente complicación.
Los plazos
La sanción del Consejo se le comunicó a la jueza de Lara el 8 de octubre, y por tanto tiene dos meses, hasta el 8 de diciembre, para presentar recurso ante el Supremo. Y por lo visto hasta ahora, el Consejo no la ha conminado a marchar, por lo que se entiende tácitamente que seguirá en su puesto hasta que el Supremo resuelva. Lo normal es que el alto tribunal se pronuncie en poco más de un mes y la situación se zanje a mediados de enero. Y mientras, ella seguirá en su puesto a pesar de estar sancionada.
Asumió la instrucción judicial de 65 causas complejas desde el año 2015
Prácticamente tres años durante los cuales apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas. La frase es de uno de los duros argumentos de los vocales del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en la resolución que desestimó el pasado 26 de septiembre el recurso de alzada presentado por Pilar de Lara contra la sanción que la apartará del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Aunque hay casos que están pendientes y que la jueza puso en marcha en el año 2009, el seguimiento que hacen los inspectores del Poder Judicial se ciñe a lo ocurrido desde junio del 2015, momento en que se incorporó al juzgado de De Lara un juez de refuerzo. Desde esa fecha, la jueza asumió la instrucción de 65 causas complejas que han sido objeto de seguimiento por parte de los inspectores judiciales, entre las que destacan macrocausas como la Carioca, la Cóndor o la Pokémon, que suman más de cien imputados, entre los que hay diputados, alcaldes, concejales, empresarios y agentes de las fuerzas de seguridad. Estas son algunas de esas causas.
carioca
Una trama de burdeles. Es la causa más antigua. De Lara la abrió en el 2009, dos años después de su llegada al juzgado de Lugo. En esta operación se investigó una trama de supuestos proxenetas que tenían varios burdeles en Lugo y sus alrededores.
pokémon
Más de cien imputados. Es la instrucción con más renombre y en la que la jueza imputó a alcaldes, concejales y empresarios por unas investigaciones relacionadas con el supuesto pago de favores a cambio de concesiones de servicios públicos. De esta operación salieron varias piezas, como la Pikachu o la Manga, entre otras ramificaciones.
garañón
Besteiro tuvo que dimitir. El caso Garañón se inició en el 2015 para investigar posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. La jueza imputó por este caso a José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que dejar el cargo de líder del PSOE gallego, y al exalcalde de Lugo Orozco. Cerró la instrucción un día antes de que el Consejo General del Poder Judicial la sancionase.
