España rechaza la pretensión argelina de incluir en sus aguas el Parque Nacional de Cabrera, en Baleares

La Voz REDACCIÓN

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La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya

El Gobierno del país africano aprobó en el 2018 un decreto por el que ampliaba unilateralmente sus aguas incluyendo parte de Cabrera

19 feb 2020 . Actualizado a las 19:59 h.

Segundo conflicto con un país africano por la delimitación de las aguas territoriales. A las pretensiones marroquíes de ampliar su espacio hasta cerca de Canarias se ha sumado ahora la argelina, que que se arrogaba las aguas próximas a las islas Baleares donde se sitúa el Parque Nacional de Cabrera. La pretensión de Argelia no es nueva y se remonta al Gobierno del por entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, que firmó en el 2018 un decreto que incluía las aguas del Mediterráneo que rodean a Argelia, desde la frontera de Marruecos a la de Túnez, en una zona económica exclusiva (ZEE).

La medida ha pasado desapercibida hasta este lunes, en el que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, señaló que se trata un tema que deben negociar ambos países y que hasta el momento no hay más que «pretensiones» con las que España no está de acuerdo. González Laya ha recordado que «a partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado». Por ello, la ministra ha pedido tener «cuidado» con el uso de expresiones como «se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido».

La posible ampliación de la zona marítima, que según el gobierno balear afecta al Parque natural en la isla de Cabrera, ya desató una agria polémica en 1994, año en el que Argelia anunció que ampliaba de forma unilateral sus aguas jurisdiccionales un máximo de 53 millas marítimas -95,5 kilómetros-, superando de esta manera la franja de 12 millas que se atribuyen tradicionalmente los países mediterráneos.

La decisión, que fue después retirada tras las protestas del gobierno español, estaba incluida en un decreto ley elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y aprobado por el Consejo de Ministros, y su objetivo declarado era «potenciar la industria de la pesca y poner fin al monopolio que sobre este sector mantiene la Administración desde 1976».

Búsqueda de nuevos recursos

El Gobierno argelino no olvidó la cuestión y en el 2018 firmó el decreto de ampliación de sus aguas. El hecho se produjo dos meses antes de que la empresa española Gas Natural y la compañía estatal de hidrocarburos argelinos Sonatrach anunciaran la ampliación hasta el 2030 del acuerdo de explotación y suministro de gas que expiraba en el 2021. Y en plenas negociaciones con otras multinacionales del sector petrolero y gasístico como la italiana ENI para iniciar la explotación de recursos y reservas polémicas, como el gas que se esconde en los yacimientos del sur argelino. 

A finales del pasado año, días antes de la elección del nuevo presidente, Abdelmejid Tebboun, el Parlamento argelino aprobó la nueva ley energética que permite y facilita la explotación de estos recursos.

Argelia está sumida en una grave crisis económica desde que en el 2014 se desplomaran loas precios del petróleo y el gas, materias que son la base de su frágil economía y que suponen el 95 % de las exportaciones de un estado sin tejido industrial. El empecinamiento del Gobierno argelino por mantener los onerosos subsidios estatales, incluidos al combustible, y la paz social a pesar de la caída de los ingresos, hizo que en apenas cinco años consumiera más de la mitad de las reservas nacionales de divisas, calculadas en 178.000 millones de dólares en el 2014. Y fue una de las razones de la crisis política que el pasado abril acabó con el largo gobierno de Bouteflika, obligado a dimitir por las protestas populares en la calle y la presión del Ejército.

La respuesta española a la antigua pretensión argelina se ha producido en el mismo día que la ministra González Laya ha contestado a una pregunta parlamentaria sobre la delimitación de aguas de Marruecos garantizando que España no aceptará una política de «hechos consumados» y que emprenderá las acciones internacionales que crea oportunas si Marruecos decide actuar unilateralmente.