Moncloa ordenó dar trato vip a la vicepresidenta venezolana cuando la Policía propuso deportarla

Ábalos, «en contacto telefónico con terceras personas», dio la orden de zanjar la cuestión, soslayar la legislación de inmigración y dejar que Rodríguez desembarcara y pisara España


Madrid / Colpisa

Entre toda la maraña de versiones oficiales sobre la estancia de Delcy Rodríguez en Barajas hay un dato facilitado por el Gobierno que sí que confirman todas las fuentes del Ministerio del Interior y de la seguridad del aeropuerto: la Policía Nacional, la responsable del control de fronteras, no supo hasta poco antes de las 20 horas del pasado 19 de enero que en el Falcon 900LX que iba a tomar tierra cuatro horas después en Madrid se encontraba la vicepresidenta de Maduro.

Los responsables de la Comisaría de Barajas, aunque sabían que Rodríguez tenía prohibida la entrada a territorio Schengen desde el 2017, hicieron varias comprobaciones telemáticas antes de llamar a la Moncloa para pedir instrucciones. Según fuentes de la seguridad del Estado, la primera reacción del Gobierno fue la de dejar en manos exclusivamente policiales la cuestión. Pero los funcionarios no sabían cómo tratar el tema. No había precedentes de que un mandatario extranjero aterrizara en Barajas teniendo prohibida la entrada en territorio nacional. La única opción que vieron los mandos de guardia -y así se lo hicieron llegar a la Moncloa a última hora de la tarde del 19 de enero- fue considerar a Rodríguez como una inmigrante clandestina más.

Esto es, notificarle un rechazo en frontera, enviarla a la sala de inadmitidos, comunicárselo al juez y ordenar a la compañía que la trajo, Sky Valet, que la llevara de vuelta. Como se hace con los simpapeles, cuya salida de España es responsabilidad económica de la compañía que los trajo por no verificar su documentación en regla para entrar en España. La posibilidad de recluir al vicepresidenta del régimen chavista en inadmitidos fue rechaza de inmediato por el Gobierno de Pedro Sánchez, temoroso desde el inicio de un conflicto diplomático.

En esa sala había en ese momento numerosos ciudadanos venezolanos de la oposición, al margen de nacionales de otros países, y la reclusión allí de la número dos de Maduro habría creado, sin duda, un punto de fricción con el Gobierno de Caracas de consecuencias imprevisibles.

Según coinciden en señalar los funcionarios y mandos involucrados en el episodio de Barajas, fue en ese momento, tras rechazar el uso de la sala de inadmitidos, cuando Presidencia del Gobierno decidió que José Luis Ábalos acudiera a Barajas para solventar el lío y, sobre todo, sondear a la comitiva venezolana sobre sus intenciones últimas y planes. Cuando el ministro de Transportes llegó a la terminal ejecutiva de Barajas a las 00.10 horas del 20 de enero, acompañado de su asesor Koldo García Izaguirre, todavía el Gobierno no había decidido darle un trato vip a la vicepresidenta. En realidad, admiten todas las fuentes consultadas, ni Sánchez ni Exteriores sabían exactamente lo que pretendía Delcy Fernández con su extraña escala.

Durante el breve encuentro (menos de un cuarto de hora) que Ábalos y García Izaguirre mantuvieron con los responsables policiales antes de ir a entrevistarse con Rodríguez en su avión, los funcionarios apuntaron a otra posible solución, obligar a la vicepresidenta a no abandonar el aparato hasta que éste no pudiera despegar de nuevo con rumbo a su destino final, Estambul.

Esta solución, explican varias de las personas que estuvieron aquella noche en Barajas, no solo fue rechazada de plano por Rodríguez, que se veía toda la noche encerrada en el reducido Falcon, sino por el comandante de la aeronave, quien alegó que nadie podía quedarse en el aparato sin la supervisión de la tripulación.

No a la ley de Extranjería

La Policía Nacional entonces propuso la enésima solución: que nadie abandonara el avión hasta que Sky Valet, la empresa gestora del vuelo, enviara una tripulación de refresco que pudiera sacar la aeronave y su incómoda pasajera del espacio Schengen.

Según relatan todas las fuentes consultadas, los mandos policiales, ante el problema que se vaticinaba, invocaron cumplir «escrupulosamente» la ley de Extranjería y, en particular su artículo 66.3.B que entre las «obligaciones de los transportistas» está, «cuando así lo determinen las autoridades españolas», «hacerse cargo inmediatamente del extranjero (..) si a éste se le hubiera denegado la entrada».

Fue pasada la 1.15 hora cuando Ábalos, «en contacto telefónico con terceras personas», dio la orden de zanjar la cuestión, soslayar la legislación de inmigración y dejar que Rodríguez desembarcara y pisara España. El ministro, apuntan varias personas presentes esa madrugada, dejó encargado a García Izaguirre de que se le diera un trato vip a la dirigente chavista para no desairarla.

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