Un juez ordena a Aena que conserve las grabaciones del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas

El juzgado exige que se guarden las imágenes para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido el ministro de Transportes

Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, este martes, en el Congreso
Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, este martes, en el Congreso

Madrid / La Voz

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha dado orden este martes a Aena para que conserve las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas en la noche del pasado 20 de enero, fecha en la que se produjo el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene prohibido el acceso a territorio europeo por estar acusada de crímenes de lesa humanidad.

El juez atiende así a una denuncia de «amparo» presentada por el PP a primera hora ante el riesgo de borrado de las imágenes, ya que la ley de protección de datos solo obliga a su conservación durante un mes desde la fecha de grabación. El instructor basa su decisión en la existencia de «indicios racionales de hecho delictivo», y advierte a la empresa encargada de la gestión de los aeropuertos españoles que, «de no conservarlas, puede incurrir en un posible delito de desobediencia», recoge el escrito judicial.

Pablo Casado aireó a primera hora de este martes en una entrevista en Esradio sus «sospechas de que las 40 maletas» que la vicepresidenta venezolana introdujo en España estuviesen llenas de «divisas», y afeó que el representante del Gobierno mediase para que la Policía no procediese a la repatriación de la dirigente venezolana y, en su lugar, permitiese el acceso de esta a una sal vip del aeropuerto para aguardar por un vuelo comercial a Catar. El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, celebró la decisión del juzgado de guardia: «El caso Ábalos ya es el caso del Gobierno de la mentira de Sánchez».

 

Los principales socios del PP en la oposición, Vox y Cs, también movieron ficha este martes en los juzgados respecto a este asunto. La formación liderada por Santiago Abascal Vox presentó ante el Supremo una querella criminal contra Ábalos por prevaricación administrativa. Por su parte, los naranjas recurrieron a la Fiscalía para solicitar que se evitase la destrucción de las grabaciones. Mientras Casado, Abascal y Arrimadas buscan estrechar el cerco sobre el titular de Transportes, las formaciones que sostienen al Gobierno y sus aliados parlamentarios volvieron este martes a unir sus fuerzas para rechazar la creación de una comisión de investigación sobre este encuentro. 

Acusaciones contra el PP

La decisión del juez coincidió con la celebración de un Pleno en el Congreso en el que se votaba una moción del PP que constaba de seis puntos. En el primero se exigía al Gobierno «un reconocimiento expreso» de Guaidó como presidente venezolano, tras la sesión de control de la pasada semana en la que el jefe del Ejecutivo se refirió a este como «líder de la oposición». En el quinto punto se reclamaba el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes tras sus continuas versiones sobre el encuentro con Delcy Rodríguez. Ninguna de ellas salió adelante gracias al apoyo al Gobierno de las fuerzas de la investidura a las que también se sumó JxCat. El diputado socialista Héctor Gómez acusó al PP de buscar el desgaste del Ejecutivo con su moción, de la que dijo, no contiene ni una sola propuesta para atajar la crisis humana que vive Venezuela. Su compañero de bancada Rafael Simancas señaló a los populares de intentar estirar «como un chicle» un asunto que, en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero, «no da más de sí».

«Se aclararían muchas cosas»

José Luis Ábalos aseguró tras la sesión en el Congreso que estaba encantado con la decisión del juez sobre los vídeos. El ministro ha asegurado que le parece «muy bien» que dichas grabaciones se conserven, porque no había «ningún interés en que dejen de estar». Recordó además que la ley de protección de datos establece un máximo de 30 días para conservarlas, y no un mínimo, y «ahí siguen». Añadió que si por él fuera preferiría que se vieran las grabaciones, porque «se aclararían muchas cosas», pero la ley de protección de datos impide su visualización.

Fuentes del Gobierno han apuntado, en este sentido, que si el juez hubiera visto algo contra Ábalos se habría inhibido y habría remitido el asunto al Supremo, y eso no ha pasado, según Efe.

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