El Gobierno fía los Presupuestos al diálogo con el independentismo

El Ejecutivo dosifica las concesiones a los secesionistas en función del apoyo que necesita para mantenerse

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con el número dos de la Generalitat, Pere Aragonès
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con el número dos de la Generalitat, Pere Aragonès

redacción / la voz

Tanto el Gobierno de coalición como los dos platos de la balanza independentista catalana, JxCat y ERC, echan mano de la retórica para ganar tiempo de cara a un objetivo más próximo en el tiempo que el deseo de independencia. Así, mientras los de Sánchez e Iglesias buscan mantenerse en la Moncloa, los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras actúan cada uno para fortalecer sus apoyos y hacerse con las riendas del molino autonómico. De momento, todos los interlocutores están interesados en que se vea su disposición a dialogar. Queda por ver quién y qué se cede. 

¿Qué importancia tiene la reunión?

Los independentistas quieren mantener la imagen de que están dispuestos a la lucha en todas las batallas, incluida la del diálogo. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, sostuvo este miércoles que es importante que la mesa de diálogo tenga continuidad en el futuro: «Es tan importante que hoy [por este miércoles] comience este proceso como que hoy no acabe». Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es vital para sacar adelante los Presupuestos.

«Tengo gran confianza en que ERC y JxCat entiendan que para hacer posible este diálogo es necesario que este Gobierno tenga estabilidad y para eso necesita unos Presupuestos», afirmó. 

¿Cuál es el objetivo de la reforma del Código Penal?

Curiosamente, partidos de ideologías contrapuestas reclaman la reforma de los artículos sobre delitos de sedición y rebelión del Código Penal. En sentidos opuestos, eso sí. El Gobierno quiere modificarlos para ajustar la ley a la «realidad», lo que la oposición de PP, Vox y Cs interpreta como una forma de rebajarles las penas, «un indulto por la puerta de atrás» a los políticos independentistas y un pago de «facturas» a los «golpistas» de ERC a cambio de su abstención en la investidura.

Miquel Iceta (PSC), quien se manifestó en contra de la amnistía que reclama Torra, y que, por cierto, no contempla el ordenamiento jurídico español, defiende introducir un delito de atentado contra la Constitución. Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, esbozó el pasado martes en Televisión Española su defensa de la reforma de los artículos del Código Penal sobre rebelión y sedición, «para que no sea imprescindible la utilización de la violencia, sino que si los fines son dar un golpe de Estado, subvertir el orden constitucional o pisotear las sentencias de los tribunales sean considerados rebelión o sedición en su caso». 

¿Qué posición adoptarán ERC y Bildu sobre el techo de gasto?

El Gobierno necesita aprobar en el pleno de este jueves del Congreso el techo de gasto. Mientras el PNV (6 escaños) ya ha anunciado que la apoyará, los socialistas se reunieron este miércoles con Bildu. La coalición aberzale (5 diputados) no ha despejado el sentido de su voto, como tampoco ha hecho ERC, cuyo voto es necesario, y que ha condicionado a la evolución de la mesa de diálogo entre la Generalitat catalana y el Gobierno central. 

¿Y en los Presupuestos del Estado?

Para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se requiere mayoría absoluta en el Congreso (176 votos) por lo que el Gobierno de coalición que suma 155 diputados entre socialistas y Unidas Podemos intentará reeditar el pacto de investidura. Por si no fuera posible y alguno se desmarcara, el PSOE negocia ya con Bildu el apoyo de sus cinco diputados. Además, necesita los 13 de ERC. Este miércoles, la propia ministra María Jesús Montero aseguró que su intención es poder aprobar «cuanto antes» el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del 2020, pero que «no depende solo del Gobierno, sino de los ritmos del resto de formaciones políticas».

Además, Montero afirmó que confía en que las cuentas públicas se aprueben durante el verano, aunque dependerá, dijo, «en general de cómo el diálogo fluya y avance». 

¿Cómo influyen las elecciones catalanas?

El presidente Torra anunció con gran expectación, y no menos decepción, que convocará elecciones una vez aprobados los Presupuestos de la Generalitat. Es decir, sin fecha. En realidad, es el independentismo más radical liderado por Carles Puigdemont el que está ganando tiempo para, primero, buscar candidato, y, segundo, arreglar el mapa político a su conveniencia, pues ni su proyecto de aglutinar al secesionismo en La Crida funcionó, ni lo hizo JxCat, ya que el PDCat se resistió a desaparecer y ahora corre el riesgo de dividirse. Además, su objetivo es desmarcase a su vez de ERC, que busca ganar las elecciones, y dejar a los de Junqueras como traidores por apoyar a Sánchez.

El PNV reclama a Sánchez que el País Vasco pueda asistir al Ecofin como si fuera un Estado 

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que promueva que comunidades autónomas con «características propias y que tienen haciendas diferenciadas» como el País Vasco puedan tener participación directa en organismos europeos como el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE) o en el Consejo de Justicia e Interior.

«Sería muy importante esa participación directa en Europa. Haríamos más Europa de esa manera», concluyó al remarcar esa vocación europea de su comunidad autónoma. Una petición que no ha tenido una respuesta por parte del jefe del Ejecutivo en la sesión de control, que se limitó a decir que tomaba nota y sí ha contestado a otras inquietudes expresadas por el dirigente vasco sobre todo relacionada con el presupuesto europeo para atender los planes de industrialización y otras cuestiones de la agenda comunitaria, informa Efe.

Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo piensa defender que «el tamaño de la tarta sea lo más amplia posible», insistiendo en que en este tema están más alineados con la propuesta del Parlamento Europeo que con la de los países contribuyentes. En este sentido ha dicho que no hay por qué hacer una distinción entre las políticas europeas tradicionales (la PAC y los fondos de cohesión), «que son positivas para España» y el paquete modernizador al que se ha referido Esteban. También el presidente ha señalado que junto al mecanismo de salvaguarda del Estado de derecho que se incluye en la negociación presupuestaria europea, hay que tener en cuenta la variable de «la condicionalidad social».

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