Abogan por revisar anualmente las medidas de control de precios
03 mar 2020 . Actualizado a las 08:26 h.Las dos centrales de trabajadores mayoritarias en España, CC.OO. y UGT, presentaron ayer una Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda, una propuesta que ahora trasladarán al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Entre las medidas que se plantean en el documento están la de limitar los precios máximos del alquiler de forma que estos no puedan superar el 30 % de las rentas medias de las familias en las «zonas tensionadas», como las grandes ciudades, donde para aliviar el mercado también proponen que se penalice a los propietarios de viviendas vacías.
Los secretarios generales de Comisiones, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, defendieron ayer el control de los alquileres, en línea con lo anunciado por el Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda a precios «razonables». En esta línea, Sordo recordó que el arrendamiento medio ronda los 674 euros al mes, pero existen «enormes» diferencias territoriales. «Para el 55 % de los hogares, pagar este precio medio supone destinar más de un tercio de sus ingresos» a pagar la vivienda, recordó.
En todo caso, los sindicatos plantean que esta limitación de precios sea temporal y revisable anualmente en función de la evolución del mercado.
Barreras a los pisos turísticos
Para aliviar la situación de esas zonas «tensionadas», los sindicatos abogan también por endurecer la regulación de los pisos turísticos, limitando la oferta en esas áreas donde hay pocos inmuebles disponibles para el alquiler tradicional, argumentando que «la proliferación de viviendas turísticas en las principales áreas urbanas y zonas con fuerte presión turística está encareciendo los precios inmobiliarios y reduciendo la oferta de alquiler residencial».
Junto con estas políticas de intervención del mercado, los sindicatos incluyen en su iniciativa la creación de un parque público de viviendas para alquiler social sostenido con fondos públicos. De acuerdo con sus cálculos, con un presupuesto anual de 2.980 millones se podrían financiar 150.000 alquileres seguros y asequibles, así como actuaciones de rehabilitación, compras de suelo y construcción.