Moncloa desautoriza a Trabajo por su guía sobre el coronavirus para empresas y empleados

Presidencia deja claro que las indicaciones sobre la enfermedad las marca el Ministerio de Sanidad. Sindicatos y patronal critican el documento elaborado por el departamento de Yolanda Díaz

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La Voz

La crisis del coronavirus ha generado otro encontronazo entre miembros del Ejecutivo de coalición. La Moncloa desautorizó ayer a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, tras la publicación desde su departamento de una «guía de actuación en el ámbito laboral» ante la expansión de la enfermedad —que no había sido consensuada ni con el Ministerio de Sanidad, que controla el PSOE, ni con el Centro de Alertas Sanitarias—, en la que se planteaba la paralización de la actividad laboral en las empresas si las medidas preventivas no son suficientes y se autorizaba a los empleados a abandonar «de forma inmediata» sus puestos de trabajo si hay «riesgo grave, inminente e inevitable» de contagio.

 

Tras las quejas desde las organizaciones empresariales y los sindicatos, la Moncloa emitió un comunicado en el que se aclaraba que «las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad». La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, precisó que todas las medidas y recomendaciones «tendrían que estar bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad».

Montero: «Exceso de celo»

Montero aludió al «exceso de celo» en todos los departamentos para extremar la seguridad, pero añadió que «lo lógico y lo correcto» es que sea Sanidad quien establezca en cada momento las actuaciones «para las empresas, la economía o cualquier otra cuestión que pueda verse afectada por la expansión del coronavirus». En el mismo sentido se manifestó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá. «Hay que estar a lo que diga siempre el Ministerio de Sanidad», indicó, mientras que el propio titular de Sanidad, Salvador Illa, rebajó el documento elaborado por Trabajo a un «compilatorio» de normas, pero aclarando que no se trata de un protocolo a seguir por las empresas, porque eso es competencia de su departamento.

Díaz rebaja el alcance de la guía

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, elogió la gestión del Ministerio de Sanidad en torno al coronavirus y, por el contario, señaló que en Trabajo se ha cometido «algún error que se enmendará». «Nos parece increíble que prácticamente se llegue a decir que un trabajador puede decidir que se cierra la empresa», indicó, mientras que José Álvarez, secretario general de UGT, consideró «poco recomendable» que «se tome la decisión de poner en marcha esta guía sin consultarnos». El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, salió una vez más en defensa de los ministros de Unidas Podemos cuestionados y señaló que Díaz «está haciendo un gran trabajo para recuperar y ampliar derechos laborales».

La propia titular de Trabajo trató de rebajar la tensión. Aunque defendió el texto, afirmó que es solo una «transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente», a pesar de que el documento se titula «guía de actuación». Díaz garantizó que si hay que adoptar medidas excepcionales, se negociarán con sindicatos y empresarios.

¿Qué dice el polémico documento? 

Las empresas deberán proceder a «paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo». Así lo establece la guía de actuación en el ámbito laboral en relación a la epidemia que lanzó el miércoles el Ministerio de Trabajo. Y aunque es directa en el cese de la actividad ante cualquier problema, apuesta por activar «medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa», como el teletrabajo.

Pero no solo las empresas. Los trabajadores pueden ser quienes decidan «interrumpir su actividad y abandonar de inmediato el centro de trabajo» si el centro conlleva «riesgo grave e inminente de contagio», al aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Incluso la representación social puede acordar la paralización de la actividad: «Por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las delegadas y delegados de prevención» podrán acordar el cese del trabajo.

El texto detalla que los trabajadores y sus representantes «no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de estas medidas», a menos que hubiesen obrado de mala fe o cometiendo una negligencia grave. No obstante, los técnicos de Trabajo recuerdan que debería hacerse solo si el riesgo es «grave e inminente», que es «todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto».

El documento pide atender las indicaciones del servicio de prevención y a las autoridades sanitarias que, por el momento, apuestan por organizar el trabajo de forma que se reduzca el número de empleados expuestos y dar información sobre medidas de higiene. Por ello, una buena medida a adoptar es el teletrabajo, que -señalan desde el ministerio- puede adoptarse por acuerdo colectivo o individual pero que siempre será de carácter «excepcional» y para desarrollar las tareas «imprescindibles» que puedan desarrollarse en la oficina habitual. Además, establece que el teletrabajo no puede suponer una reducción de salario, ni tampoco un coste para los trabajadores. 

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