Las adopciones caninas en tiempos de pandemia, bajo la lupa

La Fiscalía de Medio Ambiente teme que los nuevos titulares solo quieran a los perros para salir de casa


En tiempos de coronavirus, quien tiene un perro en casa dispone de una excusa para dejar atrás por un momento el confinamiento. Consciente de esta realidad, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha dado instrucción a los fiscales provinciales para que estudien si las adopciones y acogimientos de perros, producido desde que se decretara el estado de alarma, son o no fraudulentas, al temer que, cuando se restableza la normalidad, se desencadene una oleada de abandonos.

En un escrito dirigido el 26 de marzo, Antonio Vercher, fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, demanda que se «atienda especialmente esa problemática, habida cuenta su posible naturaleza fraudulenta», cuestionando si la presencia de un can en casa responde a un interés real de ampliar la famlia o bien al deseo de los nuevos dueños de  la mascota de tener una justificación para burlar el confinamiento. Y es que el real decreto de estado de alarma permite sacar a los perros con paseos cortos para atender a sus necesidades fisiológicas, además de alimentar a animales en fincas.

La instrucción llega tras las denuncias tramitadas contra particulares que alquilaban a sus mascota para  sacarla a pasear y tras observar el fiscal que, en el conjunto del país, se ha producido un «importante número de adopciones o acogimientos». De hecho, anotan que algunos centros reconocen que han entregado en acogida a la totalidad de sus  animales y que hay constancia de que otros siguen tramitando adopciones por vía telemática.

En esta línea, Vercher considera «previsible» que, una vez pasado el estado de alarma se empiecen a producir abandonos de animales adoptados en este contexto de excepción, y recuerda que el abandono de animales constituye un delito. Por ello, insta a los fiscales provinciales a proceder con firmeza cuando este tipo de abandonos se produzcan, comunicándolo a las entidades publicas o privadas con competencias en la materia.

Reclama además el fiscal de Medio Ambiente que los casos se comuniquen a las autoridades policiales de cada provincia para que hagan un correcto seguimiento de oficio. El reto, evitar que los derechos de los animales domésticos queden desprotegidos o dejados al margen indebidamente durante el estado de alarma.

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