Las operadoras telefónicas ya pueden «robarse» clientes: vuelven las portabilidades

El Gobierno ha levantado las limitaciones, que duraban ya más de dos meses, pero sigue prohibiendo cortar los servicios por impago mientras dure el estado de alarma

Las portabilidades quedaron limitadas con la declaración del estado de alarma
Las portabilidades quedaron limitadas con la declaración del estado de alarma

Llevarse el número de teléfono de una compañía a otra ya es posible de nuevo. El Gobierno ha levantado las limitaciones a las portabilidades impuestas desde marzo, con lo que se reactiva la pelea entre los operadores por arrebatarse entre sí a los clientes que buscan mejorar sus condiciones o su servicio de telefonía móvil o Internet. El sector comercial de la telefonía recupera así cierta normalidad, después de que el inicio del estado de alarma limitase las portabilidades para tratar de restringir los movimientos de personas y de los técnicos que realizan los cambios que muchas llevan asociados, como por ejemplo, la conexión a una nueva red o la instalación de equipos.

El Consejo de Ministros ratificaba este martes esa decisión, apuntando que «permitirá que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena operatividad», y que los ciudadanos elijan «los servicios que mejor se adapten a sus necesidades». Sin embargo, ha optado por mantener otra restricción vinculada al estado de alarma: las operadoras seguirán sin poder cortar el servicio a sus clientes mientras dure esta situación excepcional. Ni siquiera un impago podrá ser motivo para un corte, ya que el Ejecutivo entiende las telecomunicaciones como un servicio esencial, que han demostrado su especial importancia en esta pandemia. 

Así las cosas, los operadores estarán obligados a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el próximo 30 de junio. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

El Gobierno amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias a pymes y autónomos

A. BALSEIRO

La medida extraordinaria aprobada en marzo permitía diferir, sin intereses, el pago de impuestos tres meses

El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo decreto ley con una batería de medidas urgentes en materia económica para aliviar el impacto de la crisis. Las principales medidas:

  

aplazamiento tributario

Un mes más. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que se amplía a cuatro meses, frente a los tres acordados en marzo, el plazo para que pymes y autónomos puedan aplazar sin intereses el pago de impuestos (IRPF, Sociedades o IVA), aliviando así el impacto de la pandemia en el tejido productivo. Subrayó la necesidad del colectivo de recibir un «especial soporte», recordando que por eso «una de las primeras medidas adoptadas [en esta crisis] fue la posibilidad de que pudieran aplazar las obligaciones tributarias hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros meses exentos». La ampliación en un mes del período de carencia es -dijo Montero- «un alivio importante» con el que el Ejecutivo da respuesta al colectivo.

Seguir leyendo

Comentarios

Las operadoras telefónicas ya pueden «robarse» clientes: vuelven las portabilidades