El Gobierno subcontrata a Tragsa para aliviar el atasco en los ERTE y tramitar el ingreso mínimo

La Seguridad Social espera una avalancha de solicitudes para la nueva ayuda a partir del 15 de junio

Oficina del SEPE en Ourense
Oficina del SEPE en Ourense

La Voz

Ante el atasco en la tramitación de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE y el que se intuye que se producirá cuando se abra el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, el Gobierno ha decidido recurrir a Tragsa (empresa participada en un 51 % por el hólding público SEPI) para agilizar la resolución de expedientes.

Así, la subsecretaría del Ministerio de Trabajo ha formalizado un contrato con Tragsatec, filial del grupo Tragsa, un contrato valorado en casi 140.000 euros para realizar tareas de apoyo para tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo por el coronavirus, tal y como recogía este fin de semana el Boletín Oficial del Estado.

En el caso del ingreso mínimo, todo indica que Tragsa será también la elegida para aliviar la tramitación. Fuentes del Gobierno han reconocido ya que en una primera fase puede ser necesario recurrir a «ayuda externa» para evitar un colapso en la Seguridad Social, que también se intentará evitar estableciendo un período de tres meses (15 de junio a 15 de septiembre) en los que se podrá pedir la ayuda con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Tal y como avanzó El Independiente, Tragsa publicó en días pasados ofertas de empleo para este servicio, aunque ahora ya no aparecen en su web porque ya se habría cerrado la selección de personal.

Pago anticipado del paro

Para los trabajadores en ERTE que ya tienen reconocido el paro, esta será semana de cobro. Y es que la mayoría de los bancos volverán a adelantar el abono de las prestaciones, efectuando el pago a lo largo de esta semana, cuando el plazo habitual de ingreso es el día 10 de cada mes.

El anticipo es fruto de un acuerdo alcanzado en abril entre las patronales bancarias y el Servicio Público de Empleo Estatal. Ya en mayo, se firmó otro convenio para que las entidades financieras adelanten también el pago de las prestaciones por desempleo a aquellos afectados por un ERTE a los que a principios del mes pasado todavía no se les había reconocido el paro. El objetivo de este segundo acuerdo es aliviar la situación financiera de esos trabajadores que llevaban casi dos meses sin ingresos y que en muchos casos no podían esperar a cobrar hasta principios de junio.

De estos anticipos pueden beneficiarse las personas a las que se les reconozca una prestación o subsidio por desempleo desde el 1 de mayo, a las que se les adelanta la primera nómina (que en la mayoría de los casos incluye atrasos desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma) apenas uno o dos días después de su aprobación.

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Pedro Sánchez, durante la videoconferencia con los presidentes autonómicos
Pedro Sánchez, durante la videoconferencia con los presidentes autonómicos

Los presidentes autonómicos podrán decidir a partir del 8 de junio acortar la fase 3 y pasar a la nueva normalidad. El jefe del Ejecutivo afirma que intentará «mantener los empleos de Alcoa» y anuncia un plan de choque para reactivar la automoción y el turismo

«Ha llegado el momento de pasar el testigo a las comunidades». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio y que este será «mucho más liviano» que el que se ha venido aplicando hasta ahora. Explicó que a partir de 8 de junio «la máxima responsabilidad en la gestión se traslada a las comunidades que estén en la fase 3» y, por tanto, «la autoridad en cada territorio será el presidente de esa comunidad autónoma». «Decidirán los ritmos y las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus territorios, incluido el paso de fase y la vuelta a la nueva normalidad con la gobernanza plena con las comunidades», señaló tras su reunión telemática con los presidentes autonómicos. A partir del 21 de junio, cuando finalice la prórroga del estado de alarma, todos los españoles que estén en territorios en fase 3 recuperarán la libertad de movimientos entre provincias. Algo que ahora solo está permitido en el País Vasco. 

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