Sanidad conocía el peligro del virus desde enero, según un nuevo informe de la Guardia Civil

El nuevo documento policial entregado a la jueza que investiga si hubo delito en el 8M incluye el «off the record» de Irene Montero


Colpisa

La Guardia Civil remitió a la juez Carmen Rodríguez-Medel su segundo atestado sobre la denominada operación Sanitario, la investigación sobre la manifestación del 8M y la propagación del virus. En ese informe, elaborado el 1 de junio, los investigadores zanjan que los responsables de Sanidad eran plenamente conscientes del riesgo que comportaba el coronavirus y su llegada a España desde enero y que, a pesar de ello, no pusieron objeciones a la celebración de los actos multitudinarios de ese fin de semana.

Según los investigadores, el Gobierno era consciente del peligro de la transmisión del virus en España casi dos meses antes de la marcha feminista, hasta el punto de que «ya en enero del 2020» Sanidad emitió «protocolos específicos» para, entre otros asuntos, comenzar «el control de distintos pasajeros en fronteras».

Además, según sostiene la Guardia Civil, en febrero del 2020 Sanidad envió de forma masiva «recomendaciones» a todos sus trabajadores para extremar la autoprotección ante el virus. Ese protocolo, dice el informe, fue elaborado por el departamento de prevención de riesgos laborales del ministerio.

En el atestado, de 295 páginas, los agentes sostienen que está «acreditado el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con el covid-19» tres semanas antes de autorizar la manifestación feminista.

Los investigadores relatan que el propio jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la delegación gubernamental ha admitido en los interrogatorios que «a principios de febrero del 2020» empezaron a recibir información sobre el coronavirus, y que durante los días siguientes se sucedieron las reuniones, algunas a instancias de los sindicatos, para poner en marcha iniciativas de autoprotección que «incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros». El 28 de febrero ya había un protocolo interno insistiendo en la necesidad de la separación entre personas, que se distribuyó entre el personal de la delegación el 2 de marzo. 

Críticas a Simón

Los agentes, además, se muestran muy críticos con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), hasta el punto de insinuar que les está hurtando información. Afirman que la «imprecisión» y los retrasos en facilitar los informes requeridos «hacen que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones».

La jueza ha rechazado en dos ocasiones imputar a Fernando Simón, lo que no impide que la Guardia Civil siga teniéndolo en su punto de mira. De hecho, incluye un documento para intentar incriminarlo. Se trata de un informe de la institución que dirige, fechado el 27 de febrero; en ese dosier, el equipo de Simón hablaba de la necesidad de poner el foco en personas «asintomáticas» que pudieran haber tenido contactos con infectados, al tiempo que se recomendaba «limitar las actividades sociales» de esas personas.

«El 27 de febrero, el CCAES disponía de información de un posible contagio entre personas asintomáticas», asegura la Guardia Civil, que insiste en que Sanidad sabía que el riesgo de contagio era alto porque consideraba «contacto estrecho» a cualquier persona que hubiera estado a menos de dos metros de un infectado. 

La confesión de Montero

Este nuevo atestado incluye como prueba el vídeo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconocía durante una charla off the record que el pinchazo en la manifestación feminista del día anterior había sido por el temor al coronavirus, y que ella misma había sentido miedo cuando la gente la besaba y abrazaba durante la marcha.

Ayuso plantea que la Asamblea de Madrid investigue el impacto del 8M en la pandemia

Propone a la oposición que se amplíe el objeto de estudio de la comisión sobre la gestión de las residencias

Nuevo capítulo en la refriega política en torno al covid-19. Tras la iniciativa de la oposición en la Comunidad de Madrid para activar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha propuesto que se amplíe su alcance y analice «todo lo que ha ocurrido en la gestión del covid-19 durante estos meses», incluyendo el 8M o los cambios de fase en la desescalada.

En el pleno de la Asamblea, Ayuso ha lanzado esta propuesta, que pone el foco en los puntos más polémicos de la gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, «a todos los grupos» de la cámara, en el caso de que quieran «investigar la verdad de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid».

En esta línea, espetó: «Vamos a investigar, por ejemplo, el 8M, cómo ha afectado a la Comunidad de Madrid, vamos a ver si es verdad que se han multiplicado los contagios en una manifestación de 120.000 personas en el momento más crítico del contagio».

Aunque no se ha quedado en el impacto que la manifestación habría tenido en la difusión del covid-19. Y así, agregó: «Vamos a investigar qué ha pasado con el material sanitario que sus gobiernos le han quitado a los profesionales sanitarios. Vamos a estudiar los pasos de fase, quién ha decidido en Moncloa, en un cuarto oscuro, que Madrid siga en fases atrasadas».

La dirigente popular concluyó su intervención acusando a los promotores de la creación de la investigación -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- de fomentar la «política del odio» y buscar la aniquilación del adversario. El conjunto de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid tiene siete días para oponerse a la iniciativa y forzar que se someta a votación plenaria. No obstante, según recoge Efe, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha señalado que, por su parte, no hay «ningún problema» en que se investigue cualquier asunto, dado que «no hay que tenerle miedo» a estas labores.

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