El país afronta de nuevo el dilema de pedir ayuda condicionada a ajustes y reformas
09 jun 2020 . Actualizado a las 08:37 h.Iba a ser un préstamo pequeño, en condiciones muy favorables y fácilmente reembolsable. Pero el rescate sellado por España el 9 de junio del 2012 con el Eurogrupo para salvar a sus bancos del colapso tuvo un coste para el Estado de 42.561 millones de euros. Hoy se cumplen ocho años y apenas se han recuperado 10.000 millones. Buena parte de las entidades han desaparecido o han sido absorbidas y al menos 20.000 sucursales han cerrado sus puertas.
La operación de salvamento logró purgar los excesos de una década en el sector bancario español. Su tamaño era descomunal (327 % del PIB nacional) y sus cajas acabaron indigestadas con los activos tóxicos inmobiliarios de sus balances, amenazando con arrastrar al conjunto de la economía, a la que se le había cortado el grifo del crédito. La deuda privada ascendía al 180 % del PIB. No quedaba otra opción: el Estado acudió en su auxilio. Y lo hizo a pesar de la hipoteca que tendría que cargar sobre sus espaldas. España llegó al rescate con una deuda que no superaba el 70 % del PIB. Pero las tensiones en los mercados y la carrera meteórica de la prima de riesgo forzó el auxilio tardío europeo. Solo el «Haré lo que sea necesario, y créanme, será suficiente», del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, calmó las aguas el 26 de julio de ese mismo año. Hoy, a pesar de que las condiciones de financiación son más favorables, la carga de la deuda ya roza el 100 %. Las tornas se han cambiado. El Ejecutivo de Sánchez no dispone de margen para seguir endeudándose sin poner en peligro la sostenibilidad de las cuentas. El dilema de recurrir o no a un rescate vuelve a estar sobre la mesa.
Condicionalidad
El Banco de España augura que este año la deuda del Estado se disparará, como mínimo, hasta el 114,5 % en el 2020. En el peor de los escenarios, podría escalar hasta el 131,8 % del PIB. Inasumible con una economía en caída libre y un desempleo cercano, como calcula la entidad, al 20 %.
Todos los caminos conducen al rescate. Pero las circunstancias son diferentes y las condiciones, por tanto, cambiarán. La pandemia no ha sido un mal inducido, un producto de las orgías de dinero barato de la década de los 2000. Ha sido un fenómeno exógeno y, por tanto, sin el «riesgo moral» al que se aferraron entonces los países acreedores para «castigar» a cambio de desembolsar fondos. El exministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, empleó toda la fuerza bruta del Eurogrupo para «apretar las tuercas» a los países rescatados en la última crisis, hoy aboga por ablandar las condiciones. Bruselas está dispuesta a jubilar a los hombres de la troika y las condiciones para acceder a los futuros fondos se han desdibujado.
Como señaló ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya no hay «una receta mágica común». Eso sí, si España acude al rescate tendrá que acometer reformas inaplazables y poner en orden su gasto, como en los viejos tiempos.
De los «créditos ventajosos» a la ayuda «sin condiciones»
No importa la nomenclatura sino la letra pequeña con sus condiciones. Aun así, todos los cargos ejecutivos españoles han esquivado con piruetas, más o menos ingeniosas, la palabra rescate. Al menos cuando se vieron al timón. El expresidente Mariano Rajoy prometía en agosto del 2011, cuatro meses antes de las elecciones generales, que bajo su mando no haría falta recurrurir a la ayuda europea: «Podemos decir a los españoles que España no va a ser rescatada». Y así fue. Su ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba el sábado 9 de junio del 2012 el acuerdo con el Eurogrupo para acceder a un «crédito en condiciones muy ventajosas» de hasta 100.000 millones de euros para salvar el sistema bancario. La artimaña retórica no tuvo éxito fuera de las fronteras españolas: «You say tomato, I say bailout» [tú dices tomate, yo digo rescate], tituló la revista Time. Un día después de la comparecencia de De Guindos, Rajoy explicaba que el acuerdo no tenía «condicionalidad macroeconómica». Tras asegurar que «el asunto ya está resuelto» se dejó ver en el partido de fútbol que disputaba la selección española contra Italia en Gdansk (Polonia). El via crucis no había hecho más que empezar. En contra de lo que había asegurado el Ejecutivo popular, España había firmado un pliego de condiciones [Mou] en el que se le exigía «cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones derivadas del déficit excesivo» y las «recomendaciones» de la Comisión para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Todo ello bajo la «estrecha supervisión» y control periódico de los hombres de negro. Eso se tradujo en un recorte abrupto del gasto público de los 500.177 millones de euros del 2012 a los 467.326 millones. Los ajustes vinieron acompañados de subidas de impuestos y una mayor flexibilidad laboral que acabó propiciando la creación de puestos de trabajo con una alta temporalidad y escasa remuneración, según admite la propia Comisión Europea.
Los tambores de rescate vuelven a sonar. La tesorería española está asfixiada y sin margen fiscal para hacer grandes fuegos artificiales. Esta vez ha sido la ministra de Economía, Nadia Calviño, la que se ha encargado de despejar balones. Primero asegurando que España no tenía interés en acudir al MEDE y después ablandando el terreno insistiendo en que, de acudir, la ayuda llegará «sin condiciones». No es así. El dinero solo podrá destinarse a gasto sanitario. ¿Qué hay del futuro fondo de recuperación? Bruselas quiere garantías de que se cumplirán sus «recomendaciones» en torno a reformas y ajustes.
