Las defensas señalan a la banca y a la auditora por la quiebra de Pescanova

D. C. REDACCIÓN / LA VOZ

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Fernando Villar

La Audiencia Nacional reanudó las sesiones de la macrocausa de la pesquera

26 jun 2020 . Actualizado a las 08:59 h.

Las defensas de los directivos que conformaban la excúpula de Pescanova, la empresa que presidió Manuel Fernández Sousa y que se fue a la quiebra en noviembre del 2013, lanzaron argumentos coincidentes para intentar desmontar las presuntas responsabilidades incriminatorias que pesan sobre el grupo de confianza que dirigía el gigante pesquero y que a punto estuvo de entrar en liquidación. Los abogados intentaron así desautorizar el informe forense que realizó la auditora KPMG sobre la situación de la compañía, un documento que calculó que el grupo arrastraba una deuda de 3.674 millones y un agujero patrimonial de 1.667 millones.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga la macrocausa desde el pasado 2 de diciembre, podría dejar visto para sentencia un juicio en el que el principal encausado es el expresidente Manuel Fernández de Sousa, al que se le imputan nueve delitos. También se enfrentan a diversas penas otras 18 personas físicas vinculadas a los órganos de dirección.

La de ayer fue una larga jornada de exposiciones finales de las defensas. Y en todos los casos hubo dos hilos argumentales. El primero, el uso que la consultora KPMG hizo de la información extraída de los ordenadores de los directivos que dieron autorización para acceder a sus buzones sin que hubiese, insistieron, control judicial. Podría resultar constitucionalmente inadmisible, reprobaron. El segundo, intentar desmontar la responsabilidad que pudiera derivarse de las líneas de factoring (adelanto del dinero de los recibos que aún no se habían cobrado) con varias entidades bancarias. Una obligación de comprobación de facturas que, tal y como coincidieron las defensas, recae sobre los propios bancos y exculpa a los directivos.

El proceso afecta no solo a los miembros del consejo de administración, sino también a la familia del expresidente de Pescanova. Intervino el letrado que representa a Fernando Fernández de Sousa, hermano del principal encausado. Alegó que el hecho de que aumentase su participación accionarial en la compañía justo cuando se destapó el desfase contable debería presuponer al acusado ajeno a lo que se estaba produciendo. «Estaba enfermo fuera de España. Se encontraba desorientado». La defensa del hermano menor del expresidente afirmó que lo que se pretendía con la vieja Pescanova antes del 13 de noviembre del 2013 era «un asalto a la empresa» para llevársela fuera de Galicia y erradicar a la familia Fernández de Sousa del poder.

Las defensas de exdirectivos del nucleo duro como Antonio Táboas, Joaquín Viña o Ángel González, redujeron sus responsabilidades en la toma de decisiones. La del primero aseguró que no existían pruebas que le incriminen porque Táboas «vivía en Madrid, era poco ducho en materia contable, y solo se dedicaba a hablar con los bancos», mientras que Viña formaba parte de una estructura piramidal de una organización que funciona como un cefalópodo, dijo su letrado, en el que la cabeza sería Manuel Fernández Sousa, y su equipo, «los apéndices que le daban apoyo logístico».

Carga contra BDO, la CNMV y la familia Carceller

Un día antes, la defensa del expresidente de Pescanova había derivado todas las culpas que llevaron a la quiebra de la compañía a la auditora BDO, a la CNMV y a la familia Carceller, accionista de la empresa a través de Damm. Lo hizo en la reapertura del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. El penalista Martínez-Fresneda defendió que Manuel Fernández de Sousa fue quien enderezó el rumbo de la compañía para evitar males mayores. En sus propias palabras, acabó «encauzando la salvación» de la empresa y evitó que entrara en liquidación al impulsar la solicitud de concurso de acreedores.