El PP pedirá la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda tras haberse «dinamitado» el acuerdo en la FEMP por el uso de los remanentes

El PP acusa a Sánchez de «confiscar los ahorros de los ayuntamientos» y crear «ciudades de primera y de segunda»

Teodoro Garcia Egea ha sido uno de los cargos populares críticos con el pacto alcanzado
Teodoro Garcia Egea ha sido uno de los cargos populares críticos con el pacto alcanzado
EP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado que solicitarán la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados tras la aprobación en la junta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) de la propuesta para el uso del superávit de los ayuntamientos. El acuerdo salió adelante solo con los votos del PSOE. PP, Ciudadanos y PdeCat, votaron en contra, e IU-Podemos se abstuvo, dando como resultado un empate a doce que tuvo que romper el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero. Un situación que Montesinos ha tachado de «ataque histórico» a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares.

El portavoz nacional del PP, en rueda de prensa en Málaga, ha acusado al PSOE de «dinamitar el consenso municipalista» en la FEMP, incidiendo en que se trata de un «ataque histórico», de ahí que vayan a solicitar la comparecencia urgente de Montero. Y aseguró que todos los ayuntamientos Montesinos ha trasladado a todos los ayuntamientos que «van a tener en el PP a un aliado»: «No les vamos a dejar solos, vamos a dar la batalla con ellos en defensa de sus ahorros y vamos a llegar hasta el final. Esto no va de intereses partidistas sino del interés general», proclamó.

El acuerdo aprobado por la FEMP establece que los ayuntamientos podrán ceder voluntariamente sus remanentes al Estado (más de 14.000 millones de euros en forma de préstamo. Quienes lo hagan, participarán a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros que serán transferidos parte este año (2.000 millones), y parte el próximo (3.000 millones). Los remanentes prestados serán devueltos con intereses en diez años a partir del 2022.

Para el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la propuesta aprobada es un «despropósito intolerable» que «crea de un plumazo en España, ciudades de primera y de segunda».

En la rueda de prensa que ofreció para valorar el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno de la FEMP, Azcón lamentó que se haya roto el consenso que caracterizaba las resoluciones que adoptaba esta institución desde hace décadas. Y recordó que la iniciativa ha salido adelante solo con los votos del PSOE. «No ha conseguido convencer a ningún otro partido y eso es doblemente preocupante», dijo. «Hoy se ha tenido que votar, lo cual es una mala noticia porque se rompe una forma de trabajar en torno al consenso que había dado buen resultado hasta ahora», señaló Azcón.

También el representante de Ciudadanos en la Junta de Gobierno y de Portavoces de la FEMP y alcalde de Granada, Luis Salvador consideró que la propuesta aprobada no ofrece un rato económico igualitario para todos los ayuntamientos y crea ciudadanos de primera y segunda, «ya que habrá alcaldes que puedan ayudar a sus vecinos y otros que no, porque no tienen recursos ni remanentes», señaló. Y consideró que el Gobierno «quiere financiarse recibiendo dinero del remanente de los ayuntamientos que tienen fondos, dejando a los que no tienen remanentes ni superávit fuera. Toda una muestra de insensibilidad socialista», apostilló.

«Confiscar» ahorros municipales

Tras la aprobación de la propuesta, la formación que dirige Pablo Casado expresó una vez más su rechazo al acuerdo a través de Twitter. «El voto socialista de la FEMP avala la máxima: 'el dinero público no es de nadie'», ha denunciado el PP en su cuenta oficial.

En términos parecidos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha acusado al Gobierno de «confiscar» el ahorro de los ayuntamientos. «El Gobierno más caro de la historia: Confiscan los ahorros de los ayuntamientos y pulverizan el récord de altos cargos», ha afirmado en Twitter, después de las informaciones que señalan que los altos cargos superan los 700.

Igual de crítico se ha mostrado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha afirmado que con 12 votos a favor del Psoe, 12 votos en contra de PP, Cs y Junts, y la abstención de IU, ha salido adelante «el robo de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones». «Abel Caballero fuerza su voto de calidad, y dinamita el consenso del municipalismo. ¡Que vergüenza!», ha exclamado.

De la misma manera, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de «cargarse el consenso que hasta ahora imperaba en la FEMP». «Y adoptan una solución voluntaria para los remanentes que más parece salida de una noche de pesadilla», ha apostillado.

«Cacicada» de Pedro Sánchez

Otros cargos territoriales del PP han recriminado al Ejecutivo su actitud. Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que Sánchez «fuerza a que se rompa el consenso de la FEMP para aprobar un reparto injusto e insolidario» de los propios recursos de los ayuntamientos justo cuando «todos» deberían trabajar juntos. «Pide comprensión a Europa, pero nos ahoga a los Ayuntamientos. ¿No sabe que también somos Estado?», se ha preguntado.

Por su parte, la presidenta del partido en Valencia y portavoz del PP en ese Ayuntamiento, María José Catalá, ha lamentado que haya salido adelante «la cacicada de Pedro Sánchez de incautar los ahorros de los Ayuntamientos».

Las críticas no han llegado solo de las filas del PP. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha publicado un tuit en el que considera un «error» el «decreto forzado por Hacienda» y advierte que trabajarán «desde la unidad municipalista para que se modifique en el Congreso».

Montero: «Hacienda ni roba ni expropia»

La ministra María Jesús Montero ha respondido a las críticas asegurando que «Hacienda ni roba ni expropia» a los ayuntamientos y ha acusado al PP de «mentir» cuando utiliza esos términos para referirse al acuerdo aprobado por la FEMP.

Para la titular de Hacienda, el PP «miente con descaro» ya que, en su opinión, los ayuntamientos «ganan en recursos» con la adhesión al fondo de 5.000 millones, «se mire como se mire». Recordó además que esa adhesión es voluntaria.

Montero ha subrayado que, por primera vez, el Gobierno ha logrado que los ayuntamientos con remanentes de tesorería puedan movilizar esos recursos para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos. Y lo contrapuso a lo hecho por el Gobierno de Rajoy que «impuso una restricción absoluta para usar el superávit y limitó el margen de maniobra presupuestaria».

La FEMP aprueba la propuesta de Hacienda sobre el uso de los remanentes municipales con el único apoyo del PSOE

A. M. / M. P. V.
Imagen de una junta de portavoces telemática de la FEMP la semana pasada
Imagen de una junta de portavoces telemática de la FEMP la semana pasada

El presidente del organismo, Abel Caballero, tuvo que hacer uso de su voto de calidad

Casi veinte días después de que el presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), el socialista Abel Caballero, asegurase que la solución para el uso de los remanentes municipales estaba «muy encaminada», y tras tener que aplazar en varias ocasiones la votación sobre la propuesta por falta de apoyos, el organismo que agrupa a las entidades locales españolas ha dado el visto bueno a la propuesta de Hacienda este lunes.

Pese a las semanas de negociación, el consenso que suele presidir la toma de decisiones en la FEMP no fue posible en esta ocasión. Esta vez la votación en la Junta de Gobierno ha sido tan ajustada que Caballero ha tenido que hacer uso de su voto de calidad. Se registraron doce votos a favor (los de los socialistas), otros doce en contra (diez del PP, uno de Ciudadanos y otro del PdeCat) y una abstención por parte de IU-Podemos. Ese empate permitió tirar de reglamento para que la postura favorable del presidente de la Federación inclinase la balanza en favor de la cuarta propuesta trasladada por Hacienda para permitir el uso del superávit municipal (la legislación actual impide, con carácter general, que usen sus remanentes de tesorería). 

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