Un caso que sigue abierto y que va a condicionar el reinado de Felipe VI

La marcha de Juan Carlos I puede reabrir el debate sobre la monarquía

Imagen de Juan Carlos I durante una cumbre sudamericana celebrada en Cádiz en el 2012
Imagen de Juan Carlos I durante una cumbre sudamericana celebrada en Cádiz en el 2012 Reuters

 La marcha de Juan Carlos I de España supone un golpe a la institución monárquica -aunque Felipe VI se haya desmarcado de su padre- y no cierra el caso, que está en vía judicial. Es la conclusión de los expertos consultados por La Voz. 

Impacto en la monarquía

Grave daño. «Tendrá una influencia negativa para la institución», sostiene Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. «La decisión de Juan Carlos I pretende ser un acto de servicio, y tal vez sea esa la intención genuina, pero es un gesto que también puede interpretarse como una muestra de privilegios», afirma. «Se equivoca si cree que basta con la legitimidad carismática de la institución, porque creo que la única manera de sostener la monarquía en la España actual es acreditando eficacia en el ejercicio de sus funciones como jefatura del Estado en un sistema parlamentario», señala. «La institución queda gravemente dañada ante lo que parece una grave corruptela del monarca, en la que se ve mezclada un lío amoroso, junto con el pago de unas cantidades a Corinna Larsen de origen presumiblemente ilícito», asegura Sergio Nuño Díez de la Lastra. «La probabilidad de que se discuta la institución de la monarquía puede ser muy alta. Un desliz de Felipe VI o información negativa del rey emérito que pudiera salpicar al hijo, ahora o en un futuro, acentuarían este debate», indica el consultor político Santiago Martínez.

  

En la imagen, Santiago Martínez, consultor político; Verónica Fumaral, politóloga; Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, y Sergio Nuño, abogado penalista
En la imagen, Santiago Martínez, consultor político; Verónica Fumaral, politóloga; Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, y Sergio Nuño, abogado penalista

Felipe VI

Condicionado. «Para Felipe VI, la marcha de su padre puede llegar a ser un alivio momentáneo de presión, pero insuficiente para compensar el aumento de descrédito de la monarquía», asegura Arbós. «No cabe duda de que es una situación muy comprometida: el rey emérito ha dejado a su hijo en una posición compleja, porque estamos asistiendo a una doble vía, la judicial y la de la opinión pública, mucho más difícil de acotar», mantiene la politóloga Verónica Fumanal, . «Creo que el reinado de Felipe VI va a estar condicionado por la sombra de corrupción que se cierne sobre su padre, pese a ser el monarca más preparado y formado de la historia de España», opina Sergio Nuño Díez de la Lastra, experto en Derecho Procesal Penal.

 «Deja muy tocado a su hijo, puesto que hasta ahora este no se ha caracterizado por ningún mérito relevante», afirma Santiago Martínez. «Su carisma venía heredado por mera transferencia de su progenitor, por lo que al empeorar la imagen de este el rey se ve afectado también», explica. «No entiendo que la Casa del Rey, que suele ser muy hábil en lo que a comunicación se refiere, exprese el agradecimiento del rey al rey emérito por irse; no creo que esto le favorezca, y abandonar el país tampoco creo que sea objeto de agradecimiento», señala. 

Las perspectivas

Caso abierto. Para Fumanal, «en absoluto» el caso está cerrado. «La vía judicial tiene su recorrido, pero la vía del juicio paralelo en la opinión pública tiene vida propia, y en este ni es inviolable ni nada prescribe... El juicio de la opinión pública tiene vida propia», asegura. «El caso solo podrá empezar a cerrarse con resoluciones judiciales», considera Arbós. «Y, mientras tanto, los medios tienen otro tema para investigar: dónde va a vivir, quién lo va a pagar, quién visita a Juan Carlos I... El caso puede convertirse en un culebrón idóneo para el mes de agosto, con detalles que pesarán sobre la imagen de la monarquía», prevé.

 «No debería cerrarse. Hay que ver cómo avanza el proceso judicial, sobre todo en Suiza, y en España en función de los supuestos delitos cometidos tras la abdicación, al no ser ya inviolable», opina Martínez. «La marca España, esa con la que se escudaba la figura del rey, queda muy tocada al ser noticia internacional que, como antaño, un rey abandona España, ya sea forzado u obligado por las circunstancias», añade. «Esto no hará más que avivar la demanda de la opinión pública de una Justicia igual para todos, y la Justicia española también podría quedar tocada si se percibiese que la suiza actúa mejor y de modo más eficaz», concluye. 

La propuesta

Acotar la inviolabilidad. Arbós propone «acotar el significado de la inviolabilidad del rey, para que la persona que sea titular de la Corona no caiga en la tentación de creerse por encima de la Constitución y las leyes». «Eso significa que la inviolabilidad debe ser acotada de modo restrictivo», añade. «Creo que eso es posible sin cambiar la Constitución, modificando la legislación civil y penal para que quede claro que la inviolabilidad solo se remite a lo que el rey o la reina puedan hacer desde la jefatura del Estado, de modo que en lo que puedan hacer como personas particulares están en pie de igualdad con el resto de ciudadanos», sostiene. «La excepción admisible sería el aforamiento, mientras gocen de este privilegio otros cargos públicos», concluye. 

Una decisión para amortiguar el daño que deja tocada a la institución  

Los expertos valoran la decisión del monarca de marcharse de España. Para Xavier Arbós es «inoportuna y mal presentada». Lo explica así: «Inoportuna porque en un momento en el que su conducta está siendo investigada da pie a que se interprete como un intento de esquivar las responsabilidades que pudieran aflorar, y mal presentada porque se echa de menos que diga expresamente que estará siempre a disposición de la Justicia». A Santiago Martínez le parece una «decisión egoísta, con la que deja muy tocada la institución de la monarquía». Sostiene que «aniquila al denominado juancarlismo, ya que deja sin argumentos a quienes pudieran defender la constantemente erosionada figura del rey emérito», y prevé que «pasará a la historia como una huida, puesto que se excusa en la protección de la figura del actual rey para simplemente poner distancia por interés personal, alejarse así del peligro y del malestar con su persona». «Este argumento ya no tiene validez en una era, la actual, en la que, al contrario que hace un siglo, cruzar medio mundo ya no te aleja del problema», añade. «Puede que jurídicamente se salve, pero se ha condenado ante el juicio que la historia hará en años venideros», concluye. 

Limitar los efectos

En opinión de Fumanal, «debería haber esperado a que el Tribunal Supremo se pronunciara, para evitar precisamente las acusaciones de huida que vienen de sectores que aprovechan esta polémica para ahondar en el debate república-monarquía». «Abandonar el país obedece a una decisión meditada y preparada por la Casa del Rey para intentar amortiguar el daño reputacional que está teniendo la institución a nivel social y mediático», afirma Díez de la Lastra. «Si desde los tribunales españoles se prevé una imputación formal del monarca entonces no se debería haber permitido que abandonase el país, pero como no consta tal imputación tiene el derecho de libre circulación intacto», argumenta. En cualquier caso, «según ha manifestado su letrado, aunque establezca temporalmente su residencia fuera del territorio nacional queda a disposición de la Fiscalía que investiga los hechos», concluye.

La Justicia de Suiza tendría la última palabra 

El experto en Derecho Procesal Díez de la Lastra cree que «en España no va a ser juzgado, pues los hechos que se han publicado relativos al pago de comisiones tienen origen en el 2008, cuando el monarca era inviolable». En su opinión, «de acuerdo con el art. 56.3 de la Constitución la inviolabilidad del entonces jefe de Estado era absoluta, incluyendo actos oficiales o de carácter privado». Añade que «solo se podrían enjuiciar los hechos cometidos a partir del 19 de junio del 2014, cuando abdicó, fecha en la que dejó de gozar de inmunidad e inviolabilidad, aunque sigue siendo aforado para los hechos cometidos con posterioridad».

«Los tipos delictivos que se le podrían imputar serían el de cohecho pasivo impropio, un delito fiscal o blanqueo de capitales», explica. «El cohecho impropio por su actuación como lobista sería por haber recibido por razón de su cargo una retribución por una actividad no retribuible», asegura. «Subsidiariamente se podría determinar un posible delito fiscal por no haberse declarado tales cantidades a la Agencia Tributaria, e incluso si se considerase de origen ilícito el dinero percibido por el monarca se podría plantear un posible blanqueo de capitales», añade. «Los delitos en su caso estarían prescritos, al no haberse dirigido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ningún procedimiento judicial desde hace más de diez años desde que se cometió el hecho cuestionado», señala. Pero «otra cuestión es la investigación en Suiza, en donde presumiblemente se realizó la donación a Corinna Larsen». El penalista argumenta que «una vez perdida la inmunidad y la inviolabilidad del monarca en el 2014 le resulta de aplicación el derecho internacional y el derecho propio de cada país». Por tanto, «será el Estado suizo el que deberá determinar si la presunta donación a Larsen y su hijo a través de dos testaferros suizos supone la comisión del algún hecho delictivo de acuerdo con la legislación propia». Pero «las incongruencias de la investigación abierta desde hace más de dos años en Suiza, en los que la donación del dinero resulta realizada en el 2012 y el pago de la comisión del rey saudí Abdalá cuatro años antes de que se eligiesen a las empresas españolas, suponen indicios suficientes para entenderlos como hechos atípicos y que la Fiscalía suiza acuerde el archivo de la investigación».

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