El juez busca una nueva rendija en la relación de Corinna Larsen y el emérito

García Castellón la cita el 8 de septiembre para aclarar si contrató a Villarejo

Corinna Zu Sayn Wittgenstein
Corinna Zu Sayn Wittgenstein

Redacción

Corinna Larsen evitará el 8 de septiembre la presión mediática. No comparecerá en la Audiencia Nacional, sino que testificará como imputada a través de videoconferencia desde Londres. Lo hará por un tema aparentemente menor de la pieza que ha destapado la caja de los truenos y ha acabado con la salida de España de Juan Carlos I. Las grabaciones de las conversaciones que mantuvo la amiga del rey con lo excomisario Villarejo en su domicilio de la capital británica han sido el detonante de las investigaciones que han puesto en jaque al emérito.

El análisis de nuevos audios ha llevado al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, a citarla por un asunto que en principio poco tiene que ver con el rey emérito, eso sí «sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones». Y aquí está la clave del tema.

Según el auto de citación, con su interrogatorio el juez trata en concreto de esclarecer si Larsen le encargó al excomisario que investigara a una asistente personal española que estaba con ella y que creía que la estaba espiando. Al conocerse su imputación, Corinna negó en un comunicado haber contratado o discutido la contratación del excomisario y haberle pagado «cantidad alguna», de modo que considera «carentes de fundamento alguno» las consideraciones del juez .

Para citarla como investigada, el juez Manuel García Castellón, ha reabierto la que desde el principio se convirtió en la caja de Pandora del rey Juan Carlos, la pieza 5 del caso Tándem, bautizada como Carol.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaban recientemente a Colpisa que nadie en la Audiencia Nacional cree que un veteranísimo juez instructor, como Manuel García Castellón, haya decidido abrir un caso tan complejo y delicado como el Carol solo para investigar un posible delito menor de un excomisario que acumula algunos que llevan aparejados cientos de años de cárcel.

El riesgo del interrogatorio

García Castellón, en su resolución del pasado 27 de junio, ya alertó de que en poder de Villarejo se encontraban pruebas de «diferentes y variados hechos que revisten la apariencia de infracción penal». Y entre esas pruebas está la famosa grabación en la casa londinense de la amiga del rey, en las que Corinna revela al excomisario —que buscaba un salvoconducto para hacerse intocable— que el exjefe del Estado ha cometido todo tipo de irregularidades económicas.

Esa grabación no es el objeto de la citación de septiembre, pero existe un claro riesgo de que el interrogatorio derive en los negocios del emérito.

Ni en la Zarzuela ni en la propia Audiencia Nacional saben hasta dónde quiere llegar el juez con esta citación. Fuentes judiciales señalaron que García Castellón podría indagar sobre la verosimilitud de las palabras de la empresaria alemana e incluso preguntarle por lo que Corinna definió como su «pesadilla». La empresaria dijo en esas cintas que Juan Carlos de Borbón había colocado diversas propiedades en Marruecos y otros países a su nombre y que se las estaba reclamando poniéndolas a nombre de terceros, con lo que podría incurrir en un delito de blanqueo. Es más, que le «estaban haciendo la guerra» por negarse a colaborar en esa estrategia de lavado de dinero.

En la conversación con Villarejo hablaba de las presuntas cuentas que Juan Carlos I tenía en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado Dante Canonica. También de las comisiones de entre 80 y 100 millones de euros que el exjefe del Estado habría cobrado por intermediar en la adjudicación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina en Arabia Saudí a pesar de que ella le había pedido que no lo hiciera.

No es descartable que García Castellón considere oportuno en su interrogatorio indagar sobre estos temas e incluso llegar a preguntarle a Corinna por ellos. Pero debería abandonar la investigación si tuviese indicios serios de que las aseveraciones de la empresaria tienen visos de ser reales. En ese momento debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo, por la condición de aforado de Juan Carlos de Borbón y remitirle toda su investigación.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre las presuntas mordidas percibidas por el emérito en su contrato del AVE en Arabia Saudí y se ha nutrido hasta ahora exclusivamente de las informaciones procedentes de las autoridades suizas.

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