La Abogacía del Estado pide 73 años de cárcel para el presidente de la UD Las Palmas

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social consideran que el empresario Miguel Ángel Ramírez ha cometido un presunto fraude de 20 millones de euros a las arcas públicas

Miguel Ángel Ramírez, en una imagen de archivo, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional
Miguel Ángel Ramírez, en una imagen de archivo, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional

Las Palmas

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitan que se imponga una condena de 73 años de cárcel al empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por un presunto fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), según ha adelantado este miércoles El País.

En los escritos de acusación de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que ha formulado la Abogacía del Estado a los que ha tenido acceso el periódico se reclama también una condena de 73 años de cárcel para el administrador único de SIC, Héctor de Armas, por el presunto fraude.

Además de la pena de prisión para Ramírez, Hacienda y la Seguridad Social piden que se le imponga una multa del triple de la cuota defraudada, es decir, 60 millones, y que se le impida recibir subvenciones y beneficios fiscales.

Hasta 14 presuntos delitos

Ramírez cometió presuntamente a través de SIC cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, según la Abogacía del Estado.

El empresario supuestamente camuflaba sobresueldos y horas extras de su plantilla, como dietas y desplazamientos -conceptos exentos de tributar-, sistema con el que se le acusa de haber defraudado entre el 2009 y el 2013 un total de 6,5 millones de euros a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social.

El Ministerio Fiscal aún está en plazo para formular acusación o sobreseimiento sobre la causa.

El último magistrado que ha investigado las presuntas irregularidades cometidas por el empresario Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en la empresa SIC dictó el pasado mes de junio el auto de procesamiento como posibles autores de un delito de fraude tributario y contra la Seguridad Social.

El procedimiento contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, que concluyó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canarias, Arcadio Díaz Tejera, pasó por otros tres jueces instructores, Victoria Rosell, Salvador Alba y Carla Vallejo.

El segundo de ellos, Salvador Alba, fue condenado a seis años de cárcel porque ofreció beneficios a Ramírez en esa causa a cambio de que declarara en cuestiones que perjudicaron a la primera instructora, Victoria Rosell, cuando fue candidata de Podemos al Congreso. 

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