Ryanair lleva a juicio los rescates de Francia y Suecia a sus aerolíneas

c. p. REDACCIÓN / LA VOZ

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CARLOS FOLGOSO

Alega que las ayudas para mitigar los efectos de la pandemia son discriminatorias y desproporcionadas

24 sep 2020 . Actualizado a las 09:23 h.

La aerolínea irlandesa Ryanair comenzó esta semana la que será una larga travesía por los pasillos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La compañía anunció desde el inicio de la pandemia que denunciaría cualquier trato ventajoso concedido por los Estados a sus aerolíneas de bandera. Y ha cumplido su amenaza. Ayer tuvo lugar la primera vista en Luxemburgo. Durante la sesión, sus abogados acusaron a la Comisión Europea de amparar ayudas de Estado ilegales en Suecia. El Gobierno del país nórdico aprobó el 3 de abril del 2020 un esquema de préstamos para garantizar la liquidez de las operadoras suecas, claves para garantizar la conectividad del país tras la crisis del covid-19.

La aerolínea irlandesa acusó a Bruselas de hacer la vista gorda y permitir una situación de competencia desleal en ese mercado ya que Ryanair no puede acceder a esa ayuda.

Discriminación

Mismo argumento que fue esgrimido hoy ante el mismo Tribunal para tratar de tumbar las ayudas fiscales que aprobó Francia en el mes de marzo. El Gobierno galo trató de aliviar el impacto de la crisis aplazando el pago de dos impuestos en la venta de billetes hasta diciembre del 2020 y abrió la mano a la devolución en tramos hasta el 2022. Eso sí, solo para las aerolíneas con licencia francesa. Eso excluye del marco a compañías como Ryanair -tiene un 7 % del mercado galo y mantiene abiertas 233 rutas-, que considera que Bruselas debió rechazar esta medida porque «viola el principio de no discriminación por nacionalidad» y el derecho a prestar servicios en igualdad de condiciones dentro del Mercado Único.

En sus alegaciones, la empresa irlandesa también cuestiona el papel de la Comisión. Acusa al Ejecutivo europeo de no valorar de forma adecuada la magnitud de la ayuda, que considera desmesurada y «desproporcionada» en comparación con el daño reportado. Se trata de los primeros compases de la que se presenta como una larga contienda judicial a costa de los rescates públicos a empresas estratégicas que han tenido que acometer los Estados en el contexto de la pandemia.