El comité de Alcoa dice que el ERE es ilegal y reclama al Gobierno que intervenga la planta de aluminio
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La multinacional asegura haber rechazado la venta por las «demandas poco razonables» del potencial comprador Liberty
28 sep 2020 . Actualizado a las 21:00 h.El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha asegurado que el ERE o el ERTE que pretende aplicar la multinacional, y que podría dejar en la calle a más de medio millar de trabajadores de la planta de aluminio primario, es a todas luces «ilegal», porque la compañía se ha negado a vender la fábrica incluso al Gobierno.
Antes de las dos reuniones en las que participará este lunes con los representantes de Alcoa, Zan ha indicado que la postura de la empresa en relación con la posibilidad de que fuese el propio Ejecutivo el que adquiriese la fábrica a través de la SEPI es «la gota que colma el vaso». «No es que exista mala fe, es que existe una premeditación absoluta por parte de Alcoa para cerrar la planta», ha defendido Zan.
Por su parte, la multinacional quiso justificar su decisión de rechazar la venta alegando que las demandas que puso el potencial comprador sobre la mesa eran «poco razonables». Alcoa sostiene en un comunicado publicado este lunes que ha negociado «de buena fe» a lo largo del proceso con una oferta «equilibrada» y «varias concesiones», aunque el resultado haya sido infructuoso.
En el documento, la propietaria de la única fábrica de aluminio primario que queda en España asegura que, «según el acuerdo alcanzado el 13 de agosto con los representantes de los trabajadores, que fue avalado por el Gobierno español y la Xunta, la empresa se reúne hoy con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un ERTE o, a falta de acuerdo, la aplicación de un despido colectivo permanente».
Insisten desde la empresa en su buena fe: «Alcoa realizó una oferta equilibrada para ambas partes e hizo varias concesiones para llegar a un acuerdo. Por el contrario, CFG [Liberty] no ha negociado dentro del plazo en el que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables, incluida la aprobación de cualquier venta futura de la refinería, lo cual está fuera del alcance del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto», sentencian desde la multinacional para añadir: «El acuerdo establecía que la negociación solo consideraría la venta de la planta de aluminio en una transacción con términos comerciales razonables».
Al otro lado de la mesa de negociación que se celebrará hoy se sentará el comité de empresa, capitaneado por Zan, que este lunes ha querido recordar que «esa fábrica y otras muchas le fueron regaladas a Alcoa» en su momento, y que «la propia SEPI, su presidente, reconoció que la venta había sido un negocio ruinoso» para el país. «Ahora resulta que no se la quiere vender ni al propio Ejecutivo. Esto ya no es doblegar a un Gobierno, es faltarle al respeto a toda la democracia en España», ha subrayado Zan, quien insta a la vicepresidenta Teresa Ribera y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «tomar la decisión» de intervenir ya la planta.
También le ha reclamado a la Administración que realice las gestiones necesarias para declarar «ilegal» el ERE, porque en este caso ha quedado claro que existen otras opciones al despido colectivo de 534 trabajadores en la planta de aluminio primario y a la pérdida del empleo en la industria auxiliar.
«Tienen que tomar una decisión y aclarar si en democracia mandan los ciudadanos o mandan las multinacionales», ha ahondado, para acto seguido volver a preguntarse «si las multinacionales pueden doblegar a la propia democracia», porque «socialmente nadie puede entender lo que está sucediendo».
En cuanto a la postura que mantendrá el comité en la reunión con Alcoa, que empezará a las 12:00 horas en Nigrán, en el Pazo de Cea, ha apuntado que los representantes de la plantilla tienen «un mandato claro de la asamblea de trabajadores». «Todas las partes conocen nuestra postura. No vamos a aceptar ningún ERE ni que se paren las cubas. Defenderemos que se mantenga el 100 % de la producción y los puestos de trabajo», ha puntualizado. Y ahora, ha concluido Zan, «es hora de que las Administraciones cumplan con lo que están diciendo e intervengan ya la empresa».
Una «guarrada», así calificaron los trabajadores de la planta de aluminio las últimas decisiones de Alcoa, al tratar de negociar con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) un margen de tiempo mayor para el futuro de la factoría a cambio de la aceptación del ERE o ERTE pensado para esta división. Zan calificó toda esta estrategia de «increíble, y más que increíble» y anunció que van a mantener la lucha para que no se les despida. A la dueña de las instalaciones le echa en cara dedicarse al «cuento tras cuento».
Un marco energético competitivo
Alcoa sigue insistiendo en que la planta de San Cibrao se encuentra en una situación insostenible «debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio». Dice la multinacional que la planta ha acumulado pérdidas de más de 110 millones de euros en los dos últimos años y que en la actualidad pierde «aproximadamente un millón de euros por semana».
La compañía recalca los escollos que han impedido el acuerdo. Y, no solo en los que ha tenido con Liberty, sino también con el Gobierno. A este último le agradece los esfuerzos. Eso sí, intentando también purgar sus culpas en la falta de entendimiento con ellos: «El Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero sus propuestas también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables. Entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería».
Y van un paso más allá: «No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores».
Y eso, después de que Gobierno central y Xunta la acusaran, en un comunicado conjunto emitido tras el fracaso de las negociaciones, de haber «actuado de mala fe durante estas semanas».
Gobierno y Xunta señalan directamente a Alcoa
El Gobierno central y la Xunta de Galicia han señalado directamente a Alcoa. Consideran que la multinacional es la culpable del pozo en el que se encuentra la plantilla. La acusan de «empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario», al tiempo que consideran que es la empresa norteamericana «la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de la planta». «Había soluciones para alcanzar un acuerdo de compra-venta», sentenciaron.
Ambas instituciones quisieron mandar algo de esperanza a los empleados al asegurar que «esto no es el final del camino ni se tuerce el brazo a ninguna administración». Oxígeno para los trabajadores y una clara advertencia a la multinacional. Porque dicen ambas administraciones que, a la espera de la negociación laboral, «se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas». Tal y como aseguró el secretario general de Industria y pyme, Raül Blanco, en los próximos días «se analizarán dichas medidas con el objetivo de que no se pare la planta en ningún caso».
El Gobierno y la Xunta han mostrado su «sorpresa por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación no respondiendo a la propuesta del Gobierno de que sea la SEPI la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House». Para Raül Blanco, «es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa». «Entiendo que hay mala fe durante las negociaciones de venta. Los trabajadores tienen el apoyo de las administraciones y seguiremos trabajando para lograr un acuerdo que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo», ha subrayado.
Por su parte, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha lamentado la actitud de Alcoa de «abandonar la negociación de forma unilateral». Por este motivo, en la reunión mantenida este lunes, le ha pedido que reconsidere su posición y acepte una ampliación del periodo de consultas: «Galicia y la comarca de A Mariña de Lugo no se merecen este trato por parte de la empresa», sentenció.
Muy crítico se mostró el conselleiro al calificar la situación de «incomprensible» y criticar que «Alcoa está enganando a tódalas partes que están participando neste proceso»: «Alcoa está traizoando a confianza que tanto os traballadores como as administracións temos trasladado durante todos estes anos e sobre todo durante o proceso de venta que se realizou estes últimos meses».
Para Conde, lo más decepcionante es que «Alcoa está actuando de mala fe e polo tanto está modificando a súa posición simplemente para conseguir o seu obxectivo que parece ser que non é proceder á venda da planta e polo tanto non dar viabilidade aos 534 traballadores e familias que dependen da súa decisión».
